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Hay un tema que parece no dividir a demócratas y republicanos: Venezuela. Luego de largos meses de debate, Cámara de Representantes y Senado se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que aplica fuertes sanciones contra el gobierno venezolano: cancelación de visas a funcionarios vinculados con la violencia, congelación de activos y cuentas bancarias en EE.UU. así como descalificación para hacer negocios con empresas estadounidenses, entre otras medidas.
Sin embargo, para que esto entre en vigencia deberá ser firmado por el presidente, Barack Obama, quien ya tiene sobre su mesa el paquete de nuevas sanciones contra el gobierno venezolano. Según funcionarios de la Casa Blanca, el presidente Obama “no se opone a estas medidas”.
Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Patrick Ventrell, dijo a Efe que la Administración Obama “comparte las preocupaciones del Congreso, y las de otros actores regionales e internacionales, sobre la situación en Venezuela”. “No hemos permanecido en silencio, ni lo haremos, frente a acciones del Gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas", sostuvo.
Durante meses, la Administración Obama se opuso a aumentar las sanciones contra el Gobierno venezolano en respuesta a los episodios de violencia y represión que se desencadenaron en el país desde las manifestaciones estudiantiles del pasado febrero, con la esperanza de que oposición y Gobierno acercaran posturas. La Casa Blanca había reiterado, desde que comenzaron las protestas en Caracas en las que murieron más de 40 personas, que la resolución del conflicto debía resolverse de manera interna y negociada.
Sin embargo, el Gobierno de EE.UU. decidió en julio pasado suspender las visas de algunos funcionarios venezolanos, después del fin de las negociaciones y tras el último encontronazo entre Caracas y Washington con la puesta en libertad del general venezolano Hugo Carvajal, reclamado por la justicia estadounidense.
El presidente de Comité de Asuntos Exteriores, el republicano Ed Royce, dijo que con esta decisión Estados Unidos “envía un mensaje contundente de apoyo a todos los venezolanos que anhelan libertad, democracia e imperio de la ley”. El impulsor del Proyecto de Ley para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela y presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, pidió a la comunidad internacional seguir el ejemplo de Estados Unidos.
"Los gobiernos de nuestro hemisferio y de todo el mundo deben mostrar solidaridad con los ciudadanos de Venezuela negando a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos la entrada a sus países y el acceso a sus sistemas financieros", esgrimió el senador de origen cubano. "La lucha para ofrecerle nueva esperanza y oportunidad a Venezuela sólo comienza. Tenemos que seguir exigiendo el fin de la persecución política, incluyendo los esfuerzos para callar a líderes de la oposición como Leopoldo López y María Corina Machado", añadió.
Otro de los impulsores de la ley, el senador republicano Marcos Rubio, dijo tras la aprobación: "Con estas sanciones, podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela".
“Este primer paso lo sentirán los hipócritas del régimen de Nicolás Maduro que hablan tanto del sacrificio socialista, pero que viven exentos de los fracasos de este sistema, y dentro de un mundo de fantasía con iPads forradas en oro y carros de lujo, todo esto mientras al pueblo venezolano le cuesta trabajo cubrir las necesidades básicas como comida y papel sanitario", añadió.
Tras la firma
¿Cómo afectan a los venezolanos estas sanciones? Según han explicado analistas venezolanos esto puede llevar a que el presidente venezolano se radicalice aún más. “Además de suspender las visas a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos en Venezuela, el documento contempla expropiar bienes”, explicó el internacionalista Carlos Romero a la prensa venezolana. “Las sanciones que se expresan a título personal afectarían a su vez a las familias de estas personas, pero no al país entero”, aclaró Ventrell.En su cuenta de Twitter, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, destacó que “las sanciones de Estados Unidos son a un grupo de enchufados, NO a Venezuela y menos a nuestro pueblo. Que los enchufados se defiendan solos!”.
El texto está dirigido a funcionarios señalados de encabezar o asistir "actos de violencia o abusos serios de derechos humanos", arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales. En mayo, el senador Marco Rubio recomendó sanciones contra 27 altos funcionarios venezolanos, incluyendo la fiscal general Luisa Ortega, el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y varios gobernadores oficialistas.
"Estas sanciones no tocan el sector petrolero u otras partes vitales de la economía, solo a los (funcionarios) responsables por la represión", dijo el congresista demócrata Juan Vargas. El senador Robert Menéndez, que impulsó la ley en la cámara alta, dijo que cuando el proyecto se convierta en ley "los individuos detrás de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no podrán seguir escondiéndose y serán responsabilizados".
La medida ya ha generado el descontento de Caracas, y el presidente Nicolás Maduro advirtió a Obama que "saldrán muy mal parados" si ejecuta las sanciones. Maduro ha denunciado repetidas veces a grupos en Estados Unidos de fomentar las manifestaciones antigubernamentales, y dijo que está "evaluando" las relaciones con Estados Unidos.
El canciller Rafael Ramírez rechazó las sanciones y aseguró que la soberanía de Venezuela no puede ser vulnerada. La fiscal, Luisa Ortega, acusó a EE.UU. de ser el principal violador de derechos humanos.
Aunque no se dice cuáles funcionarios serían sancionados, se habla de los más visibles durante las protestas: José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado de Táchira, lugar donde inició la ola de protestas que terminó con 48 muertos y ministros como Miguel Rodríguez Torres y la fiscal, Luisa Ortega Díaz.