¿Se cumple la consulta previa?

La aplicación de este derecho tiene importantes limitaciones en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú.

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado son parte de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en Colombia y en 14 países más de América Latina a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con este tratado, los estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales, y garantizar su participación en las decisiones que afecten sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre aquéllos, sus territorios y los recursos naturales allí presentes.

Sin embargo, la aplicación de este derecho presenta limitaciones en los países del continente. La construcción de presas y minas, la explotación petrolera y la generación de energía suelen colisionar con los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas tiene su origen antes de los grandes proyectos de desarrollo y tiene más que ver con cómo se percibía a estos pueblos.

De acuerdo con Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), “desde la adopción de las primeras constituciones liberales, a comienzos del siglo XIX, los países de América Latina han experimentado diferentes modelos jurídico-políticos que abordan la relación entre los pueblos indígenas o tribales y el Estado. Mientras en la transición colonial prevaleció la búsqueda de una identidad nacional homogénea, las constituciones sociales de la primera mitad del siglo XX incorporaron un paradigma integracionista en el que se asumía que las culturas étnicas tendían a desaparecer, siendo necesario crear garantías mínimas para la incorporación de sus miembros al tejido social mayoritario”.

En los años setenta existió un cambio de paradigma que sentó las bases para que en 1989 se adoptara el Convenio 169 de la OIT. De acuerdo con Cerqueira, fue entonces cuando la ONU comenzó a examinar la situación de los pueblos indígenas y tribales con más detalle y cuando los pueblos indígenas comenzaron a hacerse más visibles a nivel internacional. Finalmente, a partir de la década de 1980, “la adopción de constituciones multiculturales en algunos países de la región estuvo acompañada de la consagración del derecho a la consulta previa, libre e informada como una modalidad diferenciada de participación de los pueblos étnicos en las decisiones estatales”.

El Convenio 169 de la OIT ha sido un elemento vital en el reconocimiento de los derechos que tienen los pueblos indígenas y tribales del continente a decidir el devenir de sus territorios. Según Cerqueira, el convenio “internacionaliza el compromiso de preservación de sus respectivas culturas, reconociéndoles la potestad de decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo y participar directamente, a través de la consulta previa, libre e informada, en las decisiones estatales (...) la consulta previa puede ser definida como un mecanismo de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos étnicos”.

El 10 de agosto la Fundación para el Debido Proceso realizó el lanzamiento de Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina, que explora los avances y desafíos para la implementación de este derecho en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. Los hallazgos apuntan a que la situación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es la punta del iceberg en un contexto general de derechos históricamente insatisfechos de los pueblos indígenas y tribales.

Los desafíos para la implementación de este derecho tienen que ver no sólo con la elaboración y ratificación de leyes y tratados internacionales, sino también con la voluntad de los estados para hacerlos cumplir. La disyuntiva entre el desarrollo y el respeto a los pueblos indígenas se elimina cuando se entiende que la consulta y el consentimiento previo tienen como tarea preservar la integridad personal de seres humanos, así como la riqueza de los pueblos de Latinoamérica. * Colaboración entre la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y El Espectador.