Secretos en la era digital

Strongbox es una iniciativa que busca proteger la comunicación entre fuentes y periodistas, un asunto que hoy resulta vulnerable a la interceptación por parte de gobiernos y terceras partes.

La semana pasada se supo que las autoridades estadounidenses interceptaron más de 20 líneas telefónicas de reporteros y editores de la agencia de prensa AP, líneas de las cuales obtuvieron las listas de llamadas salientes y entrantes. El objetivo, se cree, era rastrear fuentes gubernamentales usadas por la agencia de prensa.

El miércoles de esa misma semana la revista The New Yorker lanzó Strongbox, una herramienta que, en pocas palabras, es un canal de comunicación que atraviesa una serie de filtros de seguridad para permitir la transmisión de documentos sin comprometer la identidad de quien los envía.

El sistema es la adaptación de un proyecto creado a finales del año pasado por Aaron Swartz, programador y activista, y Kevin Poulsen, editor de Wired, uno de los medios de comunicación más importantes en el mundo de la tecnología.

Strongbox oculta los datos que identifican a una fuente, incluso a veces hasta de los mismos periodistas. Aunque el sistema provee una forma de intentar comunicarse con quien envía los documentos, este mecanismo puede ser ignorado por el emisor y así permanecer oculto para siempre, al menos teóricamente.

Esto representa riesgos en temas de control y calidad de la información desde el punto de vista periodístico, pero ofrece mejores garantías para quien intenta pasar datos a un medio de comunicación porque, como lo indica el mismo Poulsen, “las fuentes suelen no estar protegidas”.

Después de un tiempo se supo que Bradley Manning intentó contactarse con The New York Times, The Washington Post y Politico, pero no logró encontrar un canal de comunicación para pasar su información.

Sin entrar en mayores detalles técnicos, Strongbox opera bajo una serie de protocolos que incluyen la utilización de sistemas de encriptación de datos, navegación en la red utilizando VPN (una modalidad que enmascara la verdadera localización de un computador), además del uso de TOR, un programa que permite la navegación anónima en la red, entre otras varias medidas de seguridad.

Con el advenimiento de la revolución digital, y la facilidad que ofrece en términos de transmisión de datos, controlar el flujo de información es una prioridad de las autoridades y los gobiernos, en general.

De acuerdo con cifras recopiladas por el diario The New York Times, el gobierno del presidente Barack Obama ha llevado ante la justicia a seis funcionarios públicos acusados de filtrar información a la prensa. Este número representa el doble de las acciones legales de esta naturaleza emprendidas por todas las anteriores administraciones combinadas.

A principios de este año, Google reportó que durante los últimos tres años ha percibido un incremento del 70% en el número de peticiones gubernamentales para liberar información acerca de sus usuarios. Sólo en el segundo semestre de 2012 recibió 21.389 requerimientos, 8.438 de ellos hechos por autoridades de Estados Unidos. Por su parte, Twitter reportó 1.009 de estas acciones legales en el mismo período, lo que representa un alza del 20% en comparación con 2011.

Aunque buena parte de estos requerimientos son hechos legalmente con el ánimo de continuar investigaciones criminales, el aumento de las peticiones subraya el creciente interés de los gobiernos en husmear el quehacer digital de sus ciudadanos, invocando en un buen número de casos principios como la seguridad nacional.

“Hay personas en países represivos que pueden encontrar atractiva esta iniciativa (Strongbox). Hay gente que tal vez quiera exponer ciertas situaciones de algunas compañías y que, por temor a perder sus empleos, puedan querer usar esta herramienta. Y hay funcionarios oficiales que quieran denunciar y, tal vez, no estén protegidos por la ley para hacerlo”, escribió Nick Thompson, editor web de The New Yorker.

“El anonimato es un tema muy debatido hoy. Este es un derecho vital. El principio de Wikileaks es muy importante en una sociedad democrática. No lo que ha sucedido con Julian Assange, ni con Bradley Manning (el soldado señalado de filtrar documentos secretos al portal), pero sí se trata de permitir la exposición de información de forma segura y anónima”, asegura Rosental Alves, director del Knight Center for Journalism in the Americas y profesor de la Universidad de Austin, en Texas.

El pulso entre la vigilancia gubernamental y libertades como la de prensa y de expresión es un asunto claramente desigual. De un lado están el poder de hacer leyes y la posibilidad de utilizar los recursos públicos para construir vastos sistemas de seguimiento e interceptación; del otro, en el bando de la prensa, como lo describe el mismo Poulsen, la infraestructura de seguridad suele limitarse a proteger las transacciones con tarjeta de crédito.

¿Cómo se encuentra este tema en Colombia? De acuerdo con la Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco que se dedica a proteger la privacidad y el anonimato de los usuarios en la red, el gobierno colombiano expidió un decreto, en agosto de 2012, para obligar a los proveedores de telecomunicación nacionales (incluidas las empresas que prestan el servicio de internet) a proveer una suerte de puerta trasera a sus redes para facilitar la interceptación de las mismas por parte de las autoridades.

“La ley de interceptación de comunicaciones ya existe. Lo que se está creando es un mecanismo más rápido, que facilite el acceso a esa información por parte del Gobierno. Instalar estas puertas traseras sólo crea inseguridad, porque así le estás abriendo la puerta a un tercero por fuera de tu sistema. En lugares como Grecia esto ha sido explotado para otros fines: un grupo de hackers utilizó esta facilidad para poder interceptar las comunicaciones de ministros. En nuestros países, en Colombia, por ejemplo, las garantías al debido proceso no son lo suficientemente fuertes y hay una tendencia a reducir estas garantías para el mundo digital”, asegura Katitza Rodríguez, directora internacional de la EFF.

La seguridad de la información es un asunto que, sin mayor sobreactuación, puede ser considerado de vida o muerte. Aunque la investigación aún continúa su curso, hace falta aclarar cómo fue ubicado exactamente Ricardo Calderón, periodista de Semana que se salvó de un atentado contra su vida hace un par de semanas.

Apenas un ejemplo más de por qué resulta importante proteger la privacidad y el anonimato en la era de internet.

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