La segunda paz de Centroamérica

El anuncio de una tregua por parte de las maras (pandillas) más violentas de Honduras, se suma al proceso de pacificación ya iniciado en El Salvador.

Los líderes de la M – 18 se pronunicaron en la cárcel Sampedrano de San Pedro Sula (Honduras). / EFE
Los líderes de la M – 18 se pronunicaron en la cárcel Sampedrano de San Pedro Sula (Honduras). / EFE

Honduras se convirtió en el segundo país de Centroamérica, después de El Salvador, en el que las temidas pandillas juveniles anuncian el inicio de una tregua con el Gobierno para acabar con la alta tasa de homicidios. En este país, el más violento del mundo según la ONU, se registra una media de 20 homicidios al día. Muchos de esos crímenes se achacan al terror sembrado por las dos principales pandillas, la Mara Salvatrucha o M-13 y la M-18, cuyos líderes pidieron perdón a la sociedad, invocaron a Dios y, bajo la mediación del obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, acordaron “cero crímenes, cero violencia en las calles”. “Pedimos perdón a la sociedad por el daño que hemos hecho”, dijo un integrante de la Mara Salvatrucha.

Las treguas de El Salvador y Honduras abren el proceso de pacificación más importante en la región desde las guerras civiles de los ochenta. La cuestión ahora es si esta paz puede también ser una realidad en Guatemala y en otros países donde estas organizaciones criminales transnacionales, nacidas en Los Ángeles en los ochenta, tienen presencia. Otra pregunta que se hacen muchos juristas es si a estas bandas criminales se les puede aplicar un proceso de paz de corte político.

El Gobierno de Porfirio Lobo, a través de un comunicado de la Casa Presidencial, agradeció la mediación de Emiliani y dijo que está dispuesto a dar su apoyo “en todo lo que sea necesario”. Sin embargo, Lobo ha tratado de mantenerse distante del diálogo entre pandillas, aunque una reducción en los índices de homicidios podría ser positiva para la deteriorada imagen del mandatario y el oficialista Partido Nacional, en momentos en los que Honduras se encuentra en plena campaña electoral. Las elecciones están previstas para el 24 de noviembre.

El anuncio de las pandillas se produjo en el Centro Penal de San Pedro Sula, localizado a 240 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa. El centro es un infierno cargado de violencia, donde los reclusos viven hacinados en celdas claustrofóbicas y en condiciones de insalubridad. En 2004 la cárcel sufrió un grave incendio que se saldó con 104 reos muertos. En ese escenario, pero por separado, los líderes de las pandillas pidieron perdón a los hondureños y anunciaron el inicio del diálogo con el Gobierno para lograr una tregua, bajo la supervisión de Emiliani y del secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell.

“Nosotros lo que queremos es paz”, dijo Marcos, un líder de la M-13. “Lo que queremos es trabajar”, agregó. Todavía no está claro cuáles serán las condiciones para una negociación con el Gobierno, aunque los líderes de ambas pandillas presentaron sus puntos para iniciar el diálogo: piden una tregua con el Estado y que este escuche sus peticiones, quieren que el diálogo sea directamente con las autoridades y que se les garantice la oportunidad para reintegrarse a la sociedad y tener oportunidades de trabajo. “Pedimos este diálogo porque somos perseguidos por la justicia, por la policía. Somos hondureños y queremos que el Gobierno nos escuche”, dijo uno de los pandilleros.

Los líderes dejaron claro que no se trata de un acuerdo entre pandillas rivales, sino del inicio de un diálogo con el Gobierno, aunque explicaron que respetarán los territorios de la organización contraria y, si el diálogo da frutos, detendrán las extorsiones, uno de los principales problemas a los que se enfrentan a diario los hondureños.

“Necesitamos que nos escuchen y damos nuestra palabra de que vamos a reducir el índice de violencia”, dijeron los pandilleros. Para los analistas, se trata de un primer paso clave para reducir la violencia en Honduras, aunque todo dependerá de las bases legales en las que se apoye el Gobierno de Lobo para negociar, dado que se trata de un diálogo con organizaciones criminales.

En El Salvador, la tregua entre pandillas difundida en marzo de 2012, ha caído en la incertidumbre sobre su futuro, dado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema decidió anular los nombramientos de los generales David Munguía Payés como ministro de Seguridad y de Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC), porque, según los magistrados, violaban la Constitución, que establece que esos cargos deben ser ocupados por civiles. Munguía Payés y sus asesores fueron los principales promotores y negociadores de la tregua, que ha permitido reducir en un 45% los homicidios en ese país, por lo que se teme que su retirada del Gobierno ponga en peligro el acuerdo con los mareros.

Todavía está por verse si el anuncio de las pandillas en Honduras logra el mismo resultado que en El Salvador. “Honduras tiene niveles de violencia más altos que los que tenía El Salvador y, comparativamente hablando, tiene un papel más importante en el tráfico de drogas que lo vuelve más susceptible a la violencia asociada al crimen organizado”, dijo Gema Santamaría, consultora e investigadora del Informe de Desarrollo Humano sobre Seguridad Ciudadana en América Latina del Programa de Desarrollo Humano de la ONU (PNUD), en entrevista telefónica desde Washington. “Lobo ha anunciado que apoya la tregua. Como ocurrió en El Salvador, es probable que la Iglesia haya sido elegida para gestionar el acercamiento, pero el Gobierno debe estar detrás del proceso. Sin su implicación no se lograría nada”, agregó.

“Es indudable que tanto las pandillas como el Gobierno hondureño están dando un paso importante y necesario al pasar de la lógica de la violencia y la confrontación a la lógica de los consensos y de la no violencia. Por otro lado, al igual que pasó con El Salvador, es necesario asegurar que la tregua esté realmente respaldada por una política social sólida y comprometida con un fuerte acento en la creación de empleos. En esta labor, sin embargo, el Gobierno no puede estar solo. Es decir, no puede convertirse en el único y máximo empleador de estos jóvenes. El Gobierno necesita crear alianzas estratégicas con el sector privado y con otros actores de la sociedad civil para lograr que estas medidas sean sostenibles”, concluye Santamaría.

 *Especial de El País, Managua

 

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