Sigue polémica por acuerdo de refugiados con Turquía

La ONU ha presionado a la Unión Europea (UE) para que ajuste el preacuerdo con Turquía a la legalidad.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha iniciado este lunes una serie de reuniones con representantes de las instituciones comunitarias, en un momento en el que la organización presiona a la Unión Europea (UE) para que ajuste el preacuerdo con Turquía a la legalidad.

En un encuentro con los medios, Zeid, que se reunirá con varios representantes de las instituciones comunitarias para presionar en favor de un acuerdo con Turquía que sea legal, consideró "curioso" que la Comisión Europea evoque el artículo 38 de una directiva sobre asilo para justificar la designación de Turquía como país seguro.

Este artículo establece criterios que deben ser respetados, y uno de ellos es que exista la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado y, si es considerado como tal, que reciba protección bajo la Convención de Ginebra.

"¿Cómo encaja esto si Turquía aplica limitaciones geográficas y excluye del derecho de solicitar protección a todas aquellas personas que no sean de nacionalidad europea?", se preguntó Zeid.

Explicó que tiene que haber la posibilidad de recibir el estatus pleno de refugiado y esto en estos momentos "no parece que exista para los sirios, iraquíes o afganos" en Turquía.

El alto comisionado recordó que el 90 % de las personas que llegan a Europa proceden de los diez focos más grandes de conflictos y de persecuciones, por lo que se cualificarían como refugiados.

Además, el 40 % son niños con derechos especiales, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ankara ha ratificado la Convención de 1951, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión o país de origen, pero es el único país que aplica una limitación geográfica.

Preguntado si esto se podría cambiar, Zeid respondió que "garantizar el estatus pleno de refugiado estaría en línea con las provisiones de la ley europea".

Señaló que la ONU ya ha hecho comentarios en este sentido, sobre la "necesidad de actualizar esta provisión en relación a la adhesión de Turquía a la Convención de 1951".

Descartó reformar la Convención, porque lo contrarío sería "una catástrofe para la comunidad internacional".

Zeid igualmente expresó su preocupación por el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales porque pese a que la UE argumenta que es para restaurar el orden, "no es lo que vemos en las imágenes de los campamentos en el lado griego de la frontera con Macedonia".

"Lo que vemos más bien es una crisis humanitaria y muchas de las personas allí han tenido experiencias horrorosas en Siria y en otros lugares y están esperando desesperadamente en el frío, en campamentos inundados y con niños enfermos", dijo.

"Europa ciertamente no parece que quiera en estos momentos enviar otro mensaje que no sea el de que se vayan", recalcó.

"La UE y sus Estados miembros muchas veces han hecho mucho para mejorar la situación deteriorada en campos en otras partes del mundo, y el hecho de que este tipo de campamentos existan en Europa ciertamente perjudica hasta cierto grado su imagen", recalcó.

Zeid insistió en que cada persona tiene que "recibir una evaluación individual de sus necesidades de protección, porque de otra manera (las expulsiones desde Grecia a Turquía) equivaldrían a devoluciones colectivas que creemos están prohibidas bajo la ley internacional y europea".

El alto comisionado dijo además sobre el derecho o no a decidir dónde deben vivir los refugiados, que "nadie puede hablar en nombre de ellos", por lo que solo mediante evaluaciones individuales y teniendo en cuenta el trauma por el que han pasado muchos de ellos, pueden establecerse sus "deseos verdaderos".

Si este principio se cumple realmente y se hace de forma adecuada, desde el punto de vista de los derechos humanos, "se honra uno de los pilares del respeto a los derechos humanos", señaló.

El alto comisionado recordó que Europa es uno de los continentes más fuertes a la hora de defender el marco de derechos humanos, por lo que criticó además expresiones xenófobas e islamófobas en algunos países europeos, la situación de los gitanos y de las personas con discapacidades, y las restricciones a los medios y la judicatura en Estados miembros como Hungría y Polonia.

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