SIP alarma sobre procesos legales contra periodistas en Venezuela

EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Venezuela es uno de los países en América con mayores procesos legales contra periodistas y medios de comunicación. Según la organización, los mecanismos utilizados por dicho Gobierno, funcionarios frenan la difusión de información “independiente” y del mismo modo, estarían generando autocensura en la prensa.

La SIP expone el caso más reciente, el cual involucra al diario El Nuevo País, cuyo propietario Rafael Poleo y un grupo de periodistas y trabajadores del medio fueron demandados por el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, a mediados de octubre por difamación agravada continuada. Además, el líder de la empresa pública petrolera solicitó a la corte que se le prohíba al periódico difundir información sobre la empresa.

Otros 44 periodistas, directivos de medios, medios de comunicación y particulares enfrentan procesos judiciales desde 2013, acusados por las autoridades por los delitos de difamación, injuria, violencia de género, disputa por propiedad de sede física, legitimación de capitales, ofensa a la Fuerza Armada y difusión de información falsa.

El director del diario El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero, quien también afronta varias demandas por difamación, expresó que "el acoso contra periodistas y medios es cada día peor en Venezuela. Todos los periodistas que han sido sometidos a procedimientos penales y medidas cautelares siguen en las mismas condiciones, más bien, aumentan".

El presidente de la SIP, Matt Sanders, llamó la atención sobre lo que aseguró "una alarmante industria de demandas promovidas por las autoridades venezolanas para cercenar aún más a la prensa independiente que enfrenta en el país numerosos agravios". Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP "el caso de los medios venezolanos acusados de cometer presuntos delitos, tienen también la desventaja de enfrentarse a un sistema de justicia sin independencia".

Este año el director del diario Correo del Caroní, David Natera, acusado por difamación e injuria, fue sentenciado a cuatro años de prisión con prohibición de salida del país. Natera debe presentarse cada 30 días a la corte, fue inhabilitado para ejercer, está sujeto a vigilancia por una quinta parte del tiempo de la condena y se le ordenó al periódico abstenerse de publicar informaciones sobre un caso de corrupción.

El único periodista preso en Venezuela es Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial, detenido en Isla Margarita el pasado 3 de septiembre. Jatar, de 58 años, y quien posee nacionalidad chilenovenezolana, fue acusado por "legitimación de capitales", delito que conlleva penas de entre 10 y 15 años de prisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron recientemente las acciones del Estado de Venezuela, entre estas el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica, dirigidas a cerrar espacios de participación y a perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión.