"La situación de libertad de expresión en Venezuela es grave"

Habla Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Catalina Botero dice que la disidencia es un pilar de la democracia. / Archivo

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice que hay avances incuestionables pero también grandes desafíos para proteger la libertad de expresión en la región. En países como Cuba, Venezuela y Ecuador, existen marcos jurídicos incompatibles con el derecho a a opinar, a debatir, a informar, a informarse, a disentir de manera independiente y libre, cuestiones que son "absolutamente consustanciales a un sistema democrático", afirma.

Los últimos episodios de violencia, censura y desinformación en Venezuela, han reabierto el viejo debate sobre los valores democráticos y el manejo de la información pública por parte de ese Estado. Botero reitera, como lo ha hecho ya la CIDH y la Corte Interamericana, que allá la situación es grave: por ejemplo, es recurrente la estigmatización de quienes se oponen al gobierno, eso genera violencia social.

¿Cuál es el panorama de la libertad de expresión en la región?

Hay que mirarlo históricamente. Hay unos avances que son notables e incuestionables. Uno es que casi todas las constituciones de la región, con excepción de Cuba, consagran el derecho a la libertad de expresión. Casi todas las constituciones le dan garantías reforzadas, por ejemplo garantizan el derecho a la reserva de la fuente, la protección especial de los periodistas, el derecho al acceso a la información. Los debates de libertad de expresión hoy tienen un vigor importante. Hoy la gente sabe, por ejemplo, que el manejo arbitrario de la publicidad oficial afecta la libertad de expresión. Los jueces en muchos países son grandes defensores de la libertad de expresión como un elemento central de los estados democráticos, eso se ve en las sentencias que reportamos como avances todos los años en el informe anual. Hay unos pasos hacia adelante que son importantes y que hay que mantener.

Sin embargo, hay por lo menos dos grandes desafíos, que no se producen en toda la región, pero donde se producen son extremadamente graves. El primero tiene que ver con la violencia y el segundo con el uso de mecanismos estatales para capturar la esfera pública, para dominar el discurso, el mensaje, y silenciar a los críticos.

¿En qué países se dan esos dos desafíos?

Primero le explico los desafíos. El primero, que tiene que ver con la violencia, tiene tres dinámicas distintas. El factor común es el crimen organizado, el narcotráfico, por ejemplo. Pero hay tres dinámicas que se producen de manera distinta en distintos países, o en un país pueden estar las tres en zonas diferentes. La primera es cuando el crimen organizado opera en una zona en donde hay una enorme debilidad institucional. El crimen organizado tiene una agenda comunicativa y sus enemigos principales son los periodistas de investigación, que denuncian las rutas, los negocios ilegales, el contrabando, el tráfico de drogas, etc. Ellos (el crimen organizado) necesitan clandestinidad y al mismo tiempo quieren mandar mensajes, y la prensa libre e independiente es un enemigo de esa agenda comunicativa. Si la institucionalidad es débil y no hay quién proteja a esos periodistas, quedan a merced del crimen organizado.

Pero el segundo escenario es todavía más grave, que es cuando hay una alianza entre la corrupción local y el crimen organizado. Es decir, cuando hay una captura -y uno no sabe si son los funcionarios corruptos los que capturan al crimen organizado, o es el crimen organizado el que captura a los funcionarios corruptos. Es un mundo imposible para el periodista que quiere hacer investigación sobre, por ejemplo, corrupción, pues está amenazado por las mismas autoridades que lo tienen que proteger. Está sólo en tierra de nadie, no tiene ninguna barrera de protección.

El tercer escenario también es complicado. Es cuando las autoridades no son débiles, no están cooptadas, salen a luchar contra el crimen organizado pero tienen una mentalidad de guerra, amigo-enemigo, en la que los periodistas que los critican son los enemigos. No entienden la lógica democrática de la libertad de expresión, según la cual la tarea del periodista es justamente vigilar que el Estado no se comporte como los bandidos, que el rescate de la seguridad en un entorno democrático no viole derechos humanos, por ejemplo. La tarea del periodista es denunciar cuando hay violaciones de derechos humanos, pero en ese tercer escenario las autoridades lo asimilan con el enemigo.

Esos tres escenarios son muy graves y a pesar de que normalmente su origen es la existencia de organizaciones macrocriminales, también tienen que ver con comportamientos estatales, de debilidad estatal o de cooptación institucional o de falta de comprensión de la función de la libertad de expresión en una democracia.

¿Y qué pasa con el uso de mecanismos estatales para dominar lo público?

La utilización de los mecanismos estatales para castigar a los disidentes, es una forma de lo que se denomina censura indirecta. Hace cuatro décadas los Estados que querían dominar la esfera pública o controlar el mensaje acudían a métodos muy brutales. Hoy acuden a métodos mucho menos brutales, digamos más indirectos o más suaves, pero que igual son métodos de censura. Por ejemplo, el uso del derecho penal para encarcelar a las personas que critican a los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos son servidores públicos, están sometidos a un escrutinio mayor que el de una persona que no ejerce funciones públicas. Tienen que rendir cuentas de conformidad con lo que la sociedad quiere oír, no con lo que ellos quieren decir, deben tener un umbral mayor de tolerancia. Para eso se metieron al cargo. Deben saberlo desde que entran a ese cargo. Yo como relatora sé que estoy sometida a un enorme debate público sobre mi gestión. Los funcionarios tienen que saber que están sometidos a ese nivel mayor de escrutinio. Cuando utilizan el derecho penal para impedir el escrutinio, produciendo un efecto de intimidación, están silenciando a las voces críticas, con lo cual inhiben un debate fundamental para la sociedad, que es el debate sobre cómo se comportan los funcionarios públicos.

Pero no es solo el uso del derecho penal, sino también el uso desproporcionado del derecho civil. Cuando por ejemplo las multas son US$40 millones de dólares, o US$1 millón de dólares o incluso US$100 mil dólares a un periodista que ha vivido toda la vida de su sueldo y no tiene como pagar eso. Multas desproporcionadas por denunciar o criticar actuaciones publicas. Por ejemplo, el castigo de la pauta oficial o el discurso sistemático que estigmatiza a las personas que piensan distinto, cuando sistemáticamente les dicen “terroristas, golpistas, guerrilleros, imperialistas, sicarios, corruptos”, cualquier epíteto con el que las estigmatizan, les cierran las puertas y los excluyen de todos los escenarios en los cuales pueden trabajar adecuadamente, obtener información y presentar una noticia. Todo eso es peligrosísimo para la libertad de expresión y debe ser denunciado. Los Estados y los gobiernos deben abstenerse de actuar de esa manera.

Un medio internacional acaba de ser censurado en Venezuela. ¿Qué está pasando?

La situación de la libertad de expresión en Venezuela es grave, como lo ha dicho la Relatoría en todos sus informes. Es grave porque el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios o incluso sacar a los medios del aire. Por ejemplo, hay causales en la legislación venezolana de faltas en los medios de comunicación tan ambiguas como generar zozobra. Generar zozobra es cualquier cosa.

Los medios que cubren o han cubierto los conflictos carcelarios o disturbios carcelarios desde afuera de la prisión, inmediatamente son acusados de generar zozobra. Un medio que cubre una manifestación pública es acusado de generar zozobra. Las normas son muy ambiguas y quien las aplica es el propio Ejecutivo, entonces no hay ninguna garantía para el ejercicio libre de la libertad de expresión. Hay pocos medios que lo pueden hacer, uno de esos medios que estaba cubriendo las protestas de manera directa fue NTN24 y fue sacado de la programación de los canales de cable. Eso ya había pasado con el canal RCTV.

¿Hay más casos?

Esos son los dos más emblemáticos. Pero por ejemplo en el caso de Globovisión: antes de que fuera comprado por sus nuevos propietarios, el canal simplemente estaba ahogado con procesos administrativos y con multas de millones de dólares, por ejemplo por cubrir un disturbio carcelario a las afueras de la cárcel. Además, los periódicos están sufriendo un problema muy serio de restricción de papel prensa. No existe ninguna garantía para el ejercicio libre del derecho a expresarse, el gobierno suele entender que una expresión crítica como salir a protestar o no estar de acuerdo es casi que ilegal y subversivo, eso es muy complicado en un país que está sometido al derecho internacional de los derechos humanos, un derecho que supone que la base de todas las democracias es la deliberación plural y colectiva, y la deliberación supone puntos de vista diversos.

¿Es decir, ese marco jurídico es incompatible con los derechos humanos?

Hemos dicho que el marco jurídico que regula las telecomunicaciones en Venezuela tiene normas incompatibles con los DDHH, como estas normas ambiguas, y que la manera como ha sido aplicado tiene problemas serios de compatibilidad con ese marco internacional. Lo hemos dicho expresamente en casos ante la Corte y ante la Comisión Interamericana y en los informes de la Relatoría.

¿Cómo funciona esa restricción del papel prensa?

Venezuela no produce el papel que necesitan los periódicos para imprimir, entonces se necesitan divisas, dólares, para poder comprar ese papel prensa. Como en Venezuela hay restricciones cambiarias, para poder acceder a los dólares es necesario solicitar a una entidad del Estado la entrega de esos dólares a cambio de la moneda local. Lo cierto es que en la actualidad los medios no han podido acceder al papel y en algunos casos esto los ha llevado a cerrar o a disminuir sustancialmente las ediciones.

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En varias oportunidades hemos puesto de presente a Venezuela, como se lo pusimos de presente, por ejemplo, al presidente Uribe en el gobierno pasado y a otros presidentes de la región, la gravedad de estigmatizar a la oposición, de considerar que las manifestaciones de protesta, o los canales independientes o incluso los medios de oposición son subversivos, terroristas, ilegales, bandidos, delincuentes, desestabilizadores. Es tan grave considerar que un periodista que se va a cubrir el conflicto armado es guerrillero, como considerar que un periodista que cubre las manifestaciones, o que un grupo de personas que invita a la protesta en Venezuela, es golpista y subversivo y terrorista.

Es un recurso peligrosísimo de los gobiernos ese intento de estigmatización, porque genera violencia social. Lo ha dicho la CIDH y la Corte Interamericana: la oposición, la disidencia, el debate, es absolutamente consustancial a un sistema democrático. Estigmatizar al que piensa distinto es peligroso, no importa su tendencia política, hay que respetar las opiniones disidentes. Me parece que eso no pasa en Venezuela, donde es recurrente la estigmatización de quienes se oponen al gobierno. Lo hemos visto en todos los alegatos que se hacen al respecto en medios de comunicación en el sistema interamericano.

Ecuador. ¿Allá también hay normas internas incompatibles con el derecho a la libertad de expresión?

Ecuador tiene una ley reciente, la Ley de Comunicaciones que es probablemente, después de las leyes cubanas, la más restrictiva en materia de libertad de expresión en toda la región. Es una ley que permite, por ejemplo, que cuando al presidente le parece que una caricatura es ofensiva, no sólo el caricaturista se vea obligado a rectificar la caricatura o la frase que estaba en la caricatura, sino que además el medio, por no haber censurado al caricaturista tenga que pagar una multa muy cuantiosa. Pocos medios pueden darse el lujo de pagar una multa tan cuantiosa como la que establece esta ley. A lo que invita eso es a la autocensura.

Como lo dijimos en distintas cartas enviadas al Estado y públicamente en el informe anual, lo que está pasando ahora es el resultado de la aplicación de una ley que no ofrece ninguna garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Ecuador.

Cuando dice que es una ley que permite que el presidente decida lo que es o no ofensivo, ¿significa que la ley no está establecida jurídicamente con claridad, sino sujeta a la interpretación del presidente?

A la interpretación de un funcionario, que es el superintendente de comunicaciones, que fue electo de una terna conformada por el presidente. ¿Cuál es el problema de la ley? Se lo pongo como respetuosamente se lo dijimos a las autoridades ecuatorianas: es una ley que establece que los medios tienen la obligación de publicar todo aquello que el Estado y el gobierno considere que es de interés público. Si el gobierno considera que un acto como la inauguración de un puente es de interés público, todos los medios lo tienen que cubrir. Si no, estarían incurriendo en una falta y los podrían sancionar con multas cuantiosas. Además, no pueden publicar nada que el gobierno considere que no es de interés público. Si el medio pública algo que el gobierno no considera de interés público, lo pueden sancionar.

No es el medio el que define si algo es o no de interés público, sino finalmente es el gobierno. Aparte de eso, si el contenido de cualquier cosa que se diga, incluso una caricatura, puede ofender a cualquier persona, sea al presidente o a quien sea, esa persona puede iniciar un proceso ante la Superintendencia de Comunicaciones. Entonces si al presidente le parece que algo es ofensivo o que no es absolutamente veraz, los medios terminan obligados a rectificar y a pagar multas cuantiosas.

Esos son algunos ejemplos de lo que consideramos que suprime las garantías reforzadas que tiene que tener la libertad de expresión en una sociedad para que realmente pueda cumplir su función de vehículo para la deliberación pública vigorosa sobre las cosas que nos interesan a todos, para que la gente pueda decir lo que piensa sin temor, para que los medios no tengan que acudir a la autocensura, para que pueda haber un debate plural, desinhibido. Vemos que las garantías para que eso suceda no están dadas en esta ley. Los últimos casos en Ecuador explican esto. Esperamos que las autoridades ecuatorianas reflexionen sobre las recomendaciones y reformen esa norma para adecuarse a los postulados de la Constitución ecuatoriana y del derecho internacional en materia de libertad de expresión.

¿Hay declaraciones estigmatizantes en los gobierno de Venezuela y Ecuador? ¿Cómo son y por qué violan los derechos?

La Corte Interamericana ya lo dijo y lo dijo la Corte Constitucional en Colombia. Por ejemplo, en el caso del gobierno colombiano pasado. En ese gobierno se utilizaron epítetos que estigmatizaban a las personas que no pensaban como el gobierno, o a los periodistas críticos, por ejemplo a Hollman Morris cuando iba a cubrir actos que tenían que ver con la guerrilla o las víctimas del conflicto, y a otros periodistas como Jorge Enrique Botero, o a personas de la oposición, o a la Unión Patriótica. Se los estigmatizaba de manera constante públicamente, asimilándolos a organizaciones ilegales sin que existiera ninguna prueba. Inmediatamente se crea el imaginario colectivo de que esas personas trabajan para organizaciones ilegales y eso aumenta el riesgo, porque hay muchos que se sienten entonces legitimados para agredirlos.

Pasa lo mismo en otros países, en donde los más altos funcionarios públicos, utilizando un poderoso sistema de medios, estigmatizan a los críticos o a los periodistas independientes, de manera tal que les hacen perder credibilidad e incluso a veces aumentan el riesgo en su vida cotidiana. Pasa a menudo que, después de que estos altos funcionarios públicos se refieren a estos periodistas como “enemigos de la patria, enfermos, corruptos, traidores o sicarios”, a eso le siguen amenazas en redes sociales e incluso agresiones en la calle.

¿Cuando dice otros países estamos hablando de Ecuador y Venezuela?

Sí. Son los dos ejemplos más claros. Sobre Venezuela existen dos sentencias de la Corte Interamericana en las cuales se le pide al gobierno expresamente que no utilice un lenguaje estigmatizante contra los periodistas críticos. Son dos sentencias importante y nosotros (la Relatoría) se lo hemos pedido reiteradamente al gobierno de Ecuador.

Por supuesto, los gobiernos tienen todo el derecho de contradecir a la prensa, si no están de acuerdo con lo que se publica. No solo tienen el derecho sino en muchos casos la obligación de rectificar y aclarar informaciones que consideran falsas, plantear la otra manera de ver las cosas, cuestionar un reportaje que no consideran adecuado y dar la información que consideran que no se ha suministrado adecuadamente. Lo que no pueden hacer es utilizar todo su aparato mediático para estigmatizar a alguien.

 

 

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