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Sri Lanka es una isla al sur de la India de la que pocos colombianos habrán escuchado en sus vidas. Sin embargo, allí se desarrolló un conflicto de 30 años que terminó con las vidas de 100.000 personas de la etnia tamil (otros estimados suman más de 200.000) y en cuyo curso hubo violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias de hombres, mujeres, niños y ancianos. Su bitácora de la violencia no es ajena al conflicto colombiano: no se sabe con exactitud cuántas personas murieron, ni cuántos desaparecieron y la justicia ha carecido de las herramientas y la voluntad para aclarar la silueta del horror.
La historia de la guerra podría resumirse así: desde 1983, los Tigres de la Liberación, una guerrilla que conjugaba diversos componentes rebeldes de entre la comunidad tamil, se enfrentó al Ejército de Sri Lanka con el objetivo de independizarse. El Ejército nacional los encaró por 20 años, entró en un cese al fuego que fue violado en toda su longitud y luego retomó las tareas bélicas que acabaron en la supresión casi total de esa guerrilla. Supresión, en este caso, es sinónimo de asesinato. Para mayo de 2009, cuando se declaró de manera oficial la muerte de los Tigres de la Liberación, 1.000 civiles eran asesinados en promedio al día.
Para fomentar la justicia transicional, el Gobierno ceilandés se comprometió el año pasado, en una resolución de Naciones Unidas, a crear los mecanismos necesarios. De modo que hace una semana inauguró una oficina dedicada a la investigación sobre las personas desaparecidas en la guerra civil, que se cuentan (según estimados de Naciones Unidas) entre 16.000 y 22.000. Según el ministro de Exteriores ceilandés, Mangala Samaraweera, la oficina hará pesquisas, en principio, sobre 20.000 denuncias. Es posible que el número de casos aumenten, dado que el plazo para hacer las denuncias se cierra a finales de junio.
Sin embargo, las objeciones sobre la creación de esta oficina son varias. Por un lado, la organización Human Rights Watch afirmó que nunca se realizaron las consultas necesarias con la comunidad tamil, la víctima principal, sobre la conformación y el objetivo de la oficina. Pese a que el Gobierno estaba obligado a consultarles sobre los mecanismos de esta nueva oficina, no hizo la tarea completa. La segunda objeción parece obvia, pero es esencial a la hora de alentar la reconciliación: representantes de los tamiles han alegado que, además de la sospechosa rapidez con que se fundó dicha oficina y la falta de consultas con su grupo étnico, no es posible que el Gobierno, uno de los involucrados en la desaparición de miles de personas, sea el encargado de investigar qué pasó. Dado que no es una comisión independiente, es muy posible que no se sepa toda la verdad sobre la suerte de sus seres queridos, como sucedió en otros intentos previos que resultaron fracasados.
La decisión oficial de abrir esta oficina sin la ayuda de entidades autónomas (contrarios a casos como los de Argentina o México) no resulta sorpresiva: su posición, desde que terminó el conflicto contra la guerrilla tamil, es la de que cualquier consulta se puede realizar de manera interna y que son innecesarias las investigaciones internacionales. De hecho, el gobierno del expresidente Mahinda Rajapaksa se negó a recibir “presión internacional” con respecto a las investigaciones dedicadas a los derechos humanos. Cuando Human Rights Watch quiso entrar a Sri Lanka para investigar numerosos casos de abuso sexual entre 2012 y 2013, le fue prohibida la entrada. Naciones Unidas, aunque ha hecho declaraciones y seguirá el proceso de la nueva oficina de desaparecidos, ha eludido profundizar en las consecuencias de la guerra civil. Como en el caso de la actual guerra en el sur de Kordofán, en Sudán, la mayoría de los actos violentos de la guerra permanecen en la impunidad.
La comisión no tendrá poder sancionatorio, de modo que, a menos que exista un impulso judicial, las investigaciones quedarán en el papel y la búsqueda de justicia será infructuosa. Los tamiles dudan de que sea una oficina independiente y que sea capaz de señalar a los culpables, muchos de ellos vivos y quizá aún en cargos públicos. Entrevistado por El Espectador hace algunos días, Jude Lal Fernando, activista de la etnia tamil, recordó que la eliminación sistemática de tamiles y su conflicto con el resto de ceilandeses también es responsabilidad de los gobiernos de India, Estados Unidos y Gran Bretaña, que habrían apoyado directa o indirectamente, con objetivos económicos o militares, las divisiones sociales y permitieron que el conflicto escalara. Hay demasiados intereses en medio de la búsqueda de justicia.
El caso de Sri Lanka resulta también singular porque, al mismo tiempo que el Gobierno fomenta procesos de justicia transicional, el conflicto con los remanentes de la guerrilla tamil, y en general con esa etnia, perviven. Hasta hace tres años, pese a que el conflicto ya había terminado, se reportaban numerosos casos de hombres y mujeres violados por fuerzas del ejército o por las tropas antiterroristas del gobierno ceilandés. Bajo la sospecha de que son guerrilleros —la mera sospecha—, los tamiles son interrogados sin ninguna suerte de defensa y torturados (en ocasiones eran quemados con cigarrillos y sus cabezas golpeadas contra las paredes). Organizaciones como el Tribunal Permanente de los Pueblos aseguran que la muerte de cientos de tamiles califica como genocidio porque hubo un esfuerzo sistemático por desaparecer su cultura, su forma de vida y sus ideas.