Supremo de EE.UU. examina el uso de inyecciones letales que fallaron en 2014

Florida fue el primer estado que usó en 2013 la mezcla con midazolam en inyecciones letales.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a partir de este miércoles la legalidad de las inyecciones letales de midazolam, un sedante que en 2014 falló en tres ocasiones y cuya prohibición supondría un descalabro para los estados que aún aplican la pena de muerte.

Tres presos condenados a muerte en Oklahoma, Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, interpusieron una demanda al cuestionar que su uso viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de "castigos crueles o inusuales".

La aceptación del caso por parte del Tribunal Supremo paralizó temporalmente sus ejecuciones, previstas para enero, febrero y marzo de este año respectivamente, así como las de ocho presos en Ohio y otro en Florida.

Florida fue el primer estado que usó en 2013 la mezcla con midazolam en inyecciones letales a raíz de las dificultades para obtener el medicamento que usaba hasta la fecha, el pentobarbital, ya que las empresas farmacéuticas que lo producen en Europa y EE.UU. se niegan a venderlo para ejecuciones.

A Florida le siguieron Oklahoma, Arizona y Ohio, los tres estados en los que en 2014 falló la inyección, provocando un sufrimiento prolongado en los presos, que agonizaron durante minutos antes de morir.

Los estados que defenderán ante el Supremo el uso del midazolam, una docena, argumentan que administrado de forma correcta no genera complicaciones.

De hecho, Florida, en un escrito presentado ante el Tribunal Supremo, defiende que ha aplicado inyecciones de midazolam en 11 ocasiones "sin incidentes".

También aseguran que, después de los tres casos ocurridos en 2014, los estados han adoptado nuevos protocolos que garantizan la efectividad de las inyecciones.

El director ejecutivo del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC, Centro de Información Sobre la Pena de Muerte), Robert Dunham, defendió en un comunicado que el Supremo "debe establecer orientaciones que garanticen que las ejecuciones se administran de manera competente, sin dolor y cumpliendo con la Constitución".

"Los estados han experimentado con diferentes medicamentos en sus inyecciones, a veces con medicamentos obtenidos en secreto de proveedores desconocidos y, a veces, sin el asesoramiento de médicos o científicos capacitados", denunció Dunham.

A la espera de lo que puedan fallar los magistrados del Supremo, algunos estados han empezado a legislar con la hipótesis de que se prohíba el midazolam y no puedan obtener medicamentos para aplicar inyecciones letales.

De este modo, Tennessee reinstauró la silla eléctrica, Utah el escuadrón de fusilamiento y Oklahoma aprobó el uso del nitrógeno por asfixia, métodos que podrían aplicarse en los próximos meses.