¿Tatequieto a los curas abusadores?

Una ampliación de las comisiones de la Iglesia que juzgan a los abusadores es la nueva estrategia de Francisco para enfrentar ese problema. Víctimas denuncian más burocracia y menos justicia.

El Vaticano anunció que modificará el sistema de juzgamiento interno de los curas que abusan de menores de edad o de aquellos que buscan encubrirlos. A petición de un grupo liderado por el cardenal Patrick O’Malley, el Papa pidió la aplicación de nuevos principios, entre ellos la figura de castigo por abuso de poder. ¿Cuáles son los cambios que sumará el Vaticano? ¿Tienen un real impacto en la entrega de justicia a las víctimas por este tipo de delitos?
 
La Asociación de Víctimas dice que no, que no existe ningún cambio real en ese juzgamiento y que la decisión del destino judicial de un cura sigue quedando en manos de la Iglesia católica. “En esta última década de extensa crisis los paneles eclesiásticos, protocolos y promesas han sido abundantes. También han sido irrelevantes. Mientras los clérigos sigan a cargo de otros clérigos que cometen y consienten crímenes sexuales contra niños, poco cambiará”, dicen en un comunicado. El sistema sigue siendo interno. Es decir, la justicia laica no puede meter mano a los acusados por abuso sexual ni dictar ninguna sentencia en su contra (ha ocurrido sólo en contados casos). Por años, la Iglesia ha insistido en la aplicación de un tratamiento espiritual a los curas acusados, que ha sido criticado con vehemencia por numerosas organizaciones, entre ellas la Oficina para los Menores de la ONU. Sólo en la última década el tema ha despertado alguna relevancia en su fuero interno. Pero incluso Ratzinger fue acusado de encubrir este tipo de hechos.
 
La primera modificación tiene que ver con que ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los órganos máximos de la Iglesia católica, tendrá a cargo el juzgamiento por abuso de poder. Una nueva sección judicial (segunda modificación) será fundada, con personal dedicado a este tema de manera exclusiva. La comunicación entre esta sección y la congregación se hará a través de una secretaría (tercera modificación), encargada de asistir al prefecto de la congregación en sus comunicaciones con el tribunal. El Papa aprobó un período de cinco años para evaluar la efectividad del sistema y reconocer sus resultados.
 
En resumen, existe sólo una nueva oficina que busca centrarse en este tipo de delitos: el tribunal judicial. El resto de la novedad parece inexacta: la Congregación para la Doctrina de la Fe también se encargaba con anterioridad de realizar este tipo de juzgamientos y, de cualquier modo, los procesos se llevarán a cabo a puerta cerrada y sin la consulta de agentes exteriores o laicos. El derecho católico regirá los juzgamientos y no existe —por lo menos en la declaración del Vaticano— ninguna intención de abrirse hacia los tribunales ordinarios que juzgan estos delitos. Es posible convenir tres hipótesis a partir de esta modificación. La primera: la Iglesia ampliará la burocracia y afectará la creación de una justicia segura. La segunda: la aplicación del sistema interno y cerrado, que ha sido fallida, seguirá siéndolo. La tercera: el reconocimiento de este tipo de casos por parte de la Congregación podría ser tardío porque primero deben ser denunciados a las congregaciones locales, de modo que podrían ser encubiertos —como ya ha sucedido— o negociados con reparaciones monetarias —como ya ha sucedido—. No es seguro que los casos lleguen con efectividad hasta este tribunal, sino que más bien las denuncias perezcan en las primeras instancias por la negligencia de muchos clérigos a revelar los secretos de sus colegas. El sistema, en sí mismo, tiene problemas y la voluntad por conciliar con las víctimas una verdadera justicia parece ser mínima.
 
En los años 50, el cura Gerald Fitzgerald, a cargo de la Arquidiócesis de Boston, advirtió a la Iglesia católica de que los abusadores sexuales dentro de la institución no tenían cura y que debían ser desterrados de su labor de inmediato. Fitzgerald se encargaba de realizar los “tratamientos espirituales” en aquel entonces en casos, por ejemplo, de alcoholismo. Las palabras de Fitzgerald fueron desoídas y sus archivos sólo salieron a la luz pública en 2009. Decía, entre otras cosas, que semejantes acciones dañarían la imagen de la Iglesia católica en el futuro y que era imposible sostener la confianza de una institución de ese calibre si existían hombres que abusaban de otros hombres. Una de sus propuestas era comprar una isla para encerrarlos allí. En una de sus cartas —que llegaron a manos del Vaticano, que también lo desoyó— escribió: “Estos hombres, su Excelencia, son demonios y la ira de Dios está sobre ellos (…). Pero incluso una isla es demasiado buena para estas víboras. Mejor es que no hubieran nacido”.
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