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La historia llega a cuentagotas. A 40 años del comienzo de la dictadura argentina, se conocen nuevos documentos sobre la actuación de Estados Unidos durante los aciagos años de la dictadura, o Proceso de Reorganización Nacional, como la llamaron, eufemísticamente, sus protagonistas. Se trata de 1.080 folios, de cientos de documentos de por lo menos 14 entidades del gobierno de Estados Unidos, entregados por Washington a Buenos Aires, en virtud de un reciente acuerdo entre el presidente estadounidense, Barack Obama, y su homólogo argentino, Mauricio Macri.
Los 1.080 folios, de entre 1977 y 1983, dejan en evidencia la tibia posición que asumió el gobierno del presidente Jimmy Carter ante los excesos de los militares. Nada comparable, por supuesto, a lo hecho por su antecesor, Gerald Ford, quien subrepticiamente apoyó la dictadura argentina, pero, igual, cuestionable. De estos documentos se puede extraer, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos supo de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, cometidas por la junta militar y que su respuesta estuvo entre el silencio y un tímido rechazo.
Por ejemplo: en un memorando de marzo de 1979, enviado por Robert Pastor, entonces miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a otro integrante de esa entidad, Zbigniew Brzezinski, el primero asegura que la situación de derechos humanos en Argentina es, quizá, la “peor del hemisferio” y que “pese a las reiteradas promesas del gobierno argentino”, ésta no ha mejorado. A renglón seguido, hace un descarnado recuento de las violaciones cometidas por los militares argentinos.
“Hay, reconocidos, 2.900 prisioneros políticos. Se cree que otros 500 se encuentran retenidos por los militares, bajo la sospecha de que son terroristas; un grupo más pequeño está siendo ‘rehabilitado’ . No hay ningún esfuerzo sustancial para reducir este número” , señala. “De acuerdo con la Cruz Roja, el 90 % de los prisioneros políticos han sido torturados y otros ejecutados. Las desapariciones, probablemente a manos de las fuerzas de seguridad, se mantienen a una tasa de 55 por mes”.
En su informe, Pastor asegura que los desaparecidos tienen, si al caso, “vagos nexos” con la “izquierda política” y muy pocos con el “terrorismo”. “ONG internacionales y grupos defensores de los derechos humanos en Argentina estiman que ha habido 15 mil desaparecidos en los últimos 3 o 4 años. Los allanamientos ilegales, que incluyen a veces robos por parte de los agentes de seguridad, siguen siendo comunes. Y, sin embargo, hay pocos procesos judiciales por ello”.
En ese documento Pastor discute con Brzezinski sobre posibles medidas para responder a estas violaciones. El ya fallecido funcionario propone, por ejemplo, dejar de prestarle dinero a Argentina, a menos de que sea, dice, para “necesidades básicas”. “Nosotros tenemos influencia en las decisiones del gobierno argentino, pero esta nunca ha sido tanta o tan directa como quisiéramos. Este es el caso de nuestra política de derechos humanos” .
Pastor señala que el gobierno argentino ha tratado de mejorar sus relaciones con Estados Unidos, entre otras, para aprovecharse de la imagen del presidente Carter como defensor de los derechos humanos. Pero recomienda que se mantenga una postura “fría y correcta” hacia Argentina, aunque señala que “debemos aprovechar cualquier oportunidad, tanto directa como a través de otros países, para incitarlos a limpiar sus actos”. Pese a que algunos sectores apoyaron esta propuesta, al final el Eximbank siguió prestándole dinero a Argentina.
Pero los folios no se limitan a revelar las opiniones del gobierno estadounidense sobre la dictadura. Que valga decirlo, cambiaron de favorables a críticas con la llegada del Partido Demócrata al poder. De la misma forma dan luces sobre casos como los de Alberto Samuel Falicoff, Alfredo Bravo, Jacobo Timerman y la familia Deutsch, secuestrados y torturados por los miliares. Igualmente, dejan entrever la polarización que había en el interior de la junta militar y el debate que se vivía en las entrañas del gobierno estadounidense por cuenta de las violaciones de los militares.
Muestra de lo primero son varios documentos en los que se señala que la mayor preocupación del dictador Jorge Rafael Videla no era la izquierda, sino el almirante Emilio Eduardo Massera, uno de los protagonistas del llamado Proceso de Reorganización Nacional y quien convirtió a la Armada en promotora de las mayores violaciones a los derechos humanos. En varios documentos, funcionarios de Estados Unidos le recomiendan a Carter no reunirse con Massera, para evitar una pelea interna en Argentina.
Varios de los documentos se refieren, igualmente, a militares de “línea dura”. Como los generales Guillermo Suárez Mason o Mario Benjamín Menéndez, ya fallecidos. En un memorando de 1977, enviado por Brzezinski al presidente Carter, el entonces funcionario señala que, en ese momento, las “más serias violaciones a los derechos humanos en Argentina” estaban ocurriendo en la región del Gran Buenos Aires, donde Suárez Mason era comandante.
Igualmente, en los documentos se hace referencia al nefasto papel cumplido por el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. En 1978, ya como exfuncionario, Kissinger visitó Argentina y felicitó a Videla por “haber derrotado a los terroristas”, aunque le advirtió que las tácticas usadas ya no eran “justificables”. En un documento enviado al Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Argentina se muestra preocupada de que las palabras de Kissinger fueran a ser aprovechadas por los militares para justificar las violaciones de los derechos humanos.
En resumen, aunque el gobierno de Jimmy Carter estuvo en contra de la dictadura, su rechazo no fue lo suficientemente fuerte, con el agravante de que a él le tocó vivir los peores años de la junta. Sea como sea, falta mucho por conocerse; el gobierno estadounidense ha dicho que seguirá desclasificando documentos en los próximos meses. La historia seguirá llegando a cuentagotas.