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Según José Eduardo Cardozo, abogado de Dilma Rousseff, los artículos bajo los que fue juzgada la expresidenta “no son compatibles” con la Constitución de 1988 y, por lo tanto, son inválidos para retirarla del cargo.
El magistrado Teori Zavascki (el mismo que pergeñó la caída de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados) será el encargado de admitir o desestimar el recurso. Sin embargo, las posibilidades de que tenga un efecto positivo para Rousseff son menores. Fue justamente esa corte, representada por su presidente, Ricardo Lewandowski, la que dirigió la etapa final del impeachment. La posición del Supremo Tribunal ha sido clara desde el principio del juicio político: está determinado en el marco legal de la Constitución brasileña. Es legal y viable. Y ya ha rechazado en más de una ocasión recursos contra el proceso.
En mayo pasado, cuando el impeachment pasaba por la Cámara de Diputados, la defensa de Rousseff pidió que se suspendiera la primera votación, dado que la expresidenta no había tenido el derecho a defenderse. El Supremo Tribunal rechazó la petición y esa semana se dio el primer paso para el desastre de Rousseff: 367 diputados votaron a favor de su juicio político.
En abril fue Zavascki quien desestimó una petición de la Abogacía General del Estado (la oficina que se encargó de parte de la defensa de Rousseff) de detener todo el proceso por vicios de forma. Zavascki entonces ordenó el avance del proceso en el Senado, que suspendió a Rousseff con mayoría simple.
Por esos días de mayo, el entonces presidente (e) de la Cámara de Diputados, Walter Maranhão, decidió anular la votación que había ejecutado esa entidad, bajo el argumento de que los diputados se habían extralimitado en sus funciones al votar por otros temas que nada tenían que ver con las acusaciones legales contra Rousseff. La decisión alegró por algunas horas a los correligionarios de la expresidenta: si se suspendía esa votación, se caía todo el resto del proceso y el Senado no podría votar. Pero Maranhão tuvo que anular su propia decisión en la tarde, en parte impulsado por la presión de diputados y magistrados que argüían que el proceso había sido legítimo.
Los rechazos persistieron. En junio, Lewandowski desestimó la petición de dos senadores cercanos a Rousseff para anular todo el proceso. Argumentaban que la expresidenta no había tenido espacio para una defensa amplia. Tras la primera votación del Senado en la recta final, a mediados de agosto, Rousseff presentó de nuevo un recurso para anular dicha votación (un caso muy similar al del recurso que presenta ahora). El mismo Lewandowski lo negó y el proceso continuó.
De toda la variedad de argumentos legales que ha utilizado la defensa de Rousseff para detener el proceso, ninguno ha tenido un efecto determinante. La expresidenta, sin embargo, anunció que, además del último recurso, presentará otro para anular todo el proceso.