Un éxodo imparable

Miles de niños centroamericanos solos cruzando la frontera, un problema que tiene rostro y voz y que desata una guerra política y social en los estados fronterizos.

El centro donde se alojan jóvenes y niños indocumentados en San Antonio, Texas. / EFE

Estados Unidos se enfrenta a la mayor crisis migratoria de las últimas décadas. Miles y miles de niños centroamericanos solos cruzando la frontera, un problema que tiene rostro y voz y que el gobierno estadounidense no ha logrado controlar, desatando una guerra política y social en los estados fronterizos.

Los menores viajan por semanas desde El Salvador, Guatemala y Honduras, con la pobreza y la violencia como sus banderas de escape. Si son capturados por la patrulla fronteriza estadounidense, son procesados y luego pasan a manos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud.

Aunque todos los niños están en proceso de deportación, el Gobierno es responsable de mantenerlos y reunirlos con sus familias en Estados Unidos hasta que enfrenten las cortes de inmigración.

Hace 13 años, la cantidad de niños dispuestos a enfrentar una situación así no superaba los 6.700 al año. Las modestas proyecciones del Gobierno para este año bordean los 60.000. Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 la Patrulla Fronteriza ha detenido a 46.188 menores de 17 años.

Un escenario sin precedentes para Estados Unidos donde su capacidad financiera y de espacio se ha puesto en el límite. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se encuentra coordinando el trabajo de diferentes agencias gubernamentales para resolver la crisis. Pero el problema más grande es que ahora el país no está enfrentando una ola de mar o viento, sino una ola humana, que no se detiene de golpe, sino que crece sin un final cierto.

Hasta el momento ya se han abierto tres bases militares para hospedar provisionalmente a los niños en California, Oklahoma y San Antonio, y es probable que se sumen más en el futuro cercano. Los menores también permanecen en centros de la Patrulla Fronteriza y en refugios. Esta semana la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, visitó varios establecimientos donde se mantiene a los niños en lugares como Harlingen y McAllen en Texas y Nogales, Arizona.

“En términos generales, vemos que hay un esfuerzo por atender las necesidades de los niños, pero donde están en una condición deprimente y de total falta de espacio, higiene y alimentos es en el Centro de McAllen de la Patrulla Fronteriza. Los han separado de sus acompañantes y eso es muy grave para su estado anímico y autoestima. Les genera mucha más incertidumbre”, explicó en una entrevista con El País.

En McAllen se encuentran madres con bebés y niños menores de 10 años, alrededor de 150. Magarín aseguró que duermen en el suelo y que los más pequeños no reciben una dieta adecuada para su edad. La meta del Gobierno es procesar a los niños en 72 horas y luego enviar a los menores a refugios adaptados para ellos, pero por ahora funcionarios de la administración han reconocido que no alcanzan ese ritmo.

Texas ha sido el estado que ha recibido el mayor influjo de niños indocumentados y eso llevó a que el gobernador Rick Perry, junto al presidente de la Asamblea estatal, Joe Straus, ordenaran al Departamento de Seguridad Pública (DPS) el inicio de operaciones de control en la frontera para combatir “la ola de inmigración infantil”, como lo describieron a nivel oficial. Para ello destinarán un presupuesto semanal de 1,3 millones.

“Texas no puede esperar a que Washington actúe en esta crisis y no nos sentiremos tranquilos mientras la seguridad de nuestros ciudadanos está amenazada”, declaró Perry.

El juego de la culpa ya empezó y esta crisis, en particular, tiene muchos padres. En Texas, diversos políticos locales han asegurado que la cancelación de las deportaciones a menores indocumentados, otorgada por el presidente Barack Obama, además de las esperanzas de una posible reforma migratoria, están aumentando el cruce ilegal de niños.

En Washington, legisladores demócratas de Texas como Rubén Hinojosa, presidente del Caucus Hispano en el Congreso, aseguraron: “no se puede dar la espalda a Centroamérica en esta crisis y hay que seguir trabajando para encontrar una solución”, luego de reunirse con representantes de las embajadas.

Pero congresistas como el demócrata Henry Cuéllar de Texas y el senador republicano del mismo estado John Cornyn han criticado fuertemente al gobierno por la falta de información en torno a esta crisis humanitaria y este miércoles enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, donde se plantean preguntas básicas. ¿Cuántos niños son en total; cuántos han postulado a asilo; cuántos tienen antecedentes criminales; cuántos han sido liberados y no se han presentado a las cortes de inmigración? ¿Cuál ha sido el impacto financiero para Texas y cómo será reembolsado?

En Arizona la situación no es mejor. Oficiales locales han amenazado incluso con demandar al gobierno por trasladar menores indocumentados al estado, por falta de espacio en Texas.

Por lo menos dos comités del Congreso tendrán audiencias para analizar el impacto de la crisis para el país, pero más allá de las preguntas y los números, es difícil que la retórica política apague el silencio en el corazón de un niño, luego de cruzar la frontera solo. Menos aún cuando son miles. Ayer el vicepresidente, Joe Biden, se reunió con los presidentes de Guatemala, Otto Pérez, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, así como un alto representante del gobierno hondureño, para discutir sobre el éxodo masivo de niños. Biden dejó claro que la inmigración ilegal no es segura, que poner niños en manos de organizaciones de tráfico de personas no es seguro. Y también insistió en que los niños recién llegados no estarán amparados por la legislación migratoria.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Robert Menéndez, aseguró que la situación “no tiene respuestas fáciles ni soluciones fáciles” y junto con otros legisladores propusieron aumentar a 250 millones de dólares los fondos de este año para la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (Carsi, por sus siglas en inglés).

 

 

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