Un muerto y muchas preguntas

El funcionario, encontrado sin vida en Buenos Aires, debía explicar una denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento de terroristas.

El 18 de julio de 1994, un carro bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Hubo 85 muertos. / AFP

Un charco de sangre, el cuerpo de la víctima bloqueando la puerta de un baño cerrado, una pistola calibre 22 y un casquillo a centímetros de su mano. Podría ser la escena de un crimen cualquiera, pero se trata de una muerte que conmueve a un país y tiene impacto internacional. Alberto Nisman, el fiscal especial que había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno argentino por el encubrimiento del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), fue encontrado sin vida, ayer en la madrugada. Detrás de su deceso se tejen mil especulaciones, porque justamente este lunes el abogado de 51 años debía presentar en el Congreso las pruebas de la investigación que ponía en jaque a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. No fue posible. Y muy a pesar de la hipótesis del suicidio, la sombra del terrorismo de Estado oscurece a la Argentina.

Por ahora, la única certeza que arroja el caso es que Nisman murió en su departamento de Puerto Madero, en la lujosa torre Le Parc, uno de los edificios más altos de la ciudad. Lo encontró su madre, después de abrir la puerta con ayuda de un cerrajero, ya que la llave estaba puesta del lado de adentro. Según la fiscal Viviana Fein, a cargo del caso, el fallecimiento de su colega se produjo antes de la cena y el fiscal no dejó ninguna carta. Hasta ahí la crónica policial, que incluyó un espectacular despliegue, con vallado de la zona, agentes de la Prefectura y Criminalística, además de la presencia del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo.

Después, las especulaciones alrededor de una muerte que genera preocupación e indignación en la sociedad y una pregunta crucial: ¿por qué un fiscal que decía tener contra las cuerdas a la presidenta decidió quitarse la vida 24 horas antes de presentar la evidencia probatoria? Aunque la autopsia determinó que recibió un tiro en la sien, para la opinión pública no termina de cerrar la posibilidad del suicidio, todo un indicio de la desconfianza jurídica y política que tienen los argentinos. Tampoco para sus familiares y aquellos periodistas que, en los últimos días, intercambiaron mensajes de Whatsapp con él.

Hace diez años, Nisman había sido designado por el propio Néstor Kirchner para hacerse cargo de la investigación del mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina, el 18 de julio de 1994, cuando estalló la AMIA y murieron 85 personas. Entonces, el presidente llevó el caso contra Irán —principal acusado— a Naciones Unidas. Sin embargo, su relación con el Gobierno tuvo un quiebre cuando, dos años atrás, Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorando de entendimiento con el país de Oriente Medio que, para Nisman, fue el final del proceso de impunidad. Y acusó a los iraníes de ser responsables del atentado a la mutual judía.

La denuncia de Nisman contra la presidenta hizo mucho ruido. El fiscal aseguraba tener pruebas de que Cristina les había garantizado impunidad a los iraníes sospechosos de haber volado la AMIA con el propósito de desvincular al Estado islámico del golpe a la comunidad judía, entre ellos, el exagregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, su autor intelectual. A cambio, Irán prometió petróleo para paliar la crisis energética, entre otros acuerdos comerciales.

El brazo ejecutor, según la investigación del abogado, fue el canciller Héctor Timerman, quien ayer llegó a Nueva York y evitó hablar con la prensa. Timerman viajó a Alepo en 2011 y se entrevistó con el jefe del régimen sirio, Bashar al Asad. También fueron acusados el diputado Andrés Larroque, líder de la Cámpora, agrupación política de fuerte militancia kirchnerista; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Inteligencia, Óscar Parrilli, y el dirigente piquetero Luis D’Elía, implicado por su protagonismo en las escuchas telefónicas. Hay diálogo fluido entre D’Elía y Jorge Yussuf Khalil, referente de la comunidad persa.

Nisman tenía 330 discos con conversaciones recabadas desde hacía más de dos años. Pero sólo puso a disposición de los medios dos resúmenes. El juez Alejandro Lijo, a cargo de la causa, interrumpió sus vacaciones y regresó a Buenos Aires para levantar el festivo judicial.

Desde los medios afines al Gobierno se descalificó a Nisman y se lo tildó de “mentiroso”. Pero el fiscal tenía pensado ir por todo, a pesar de las amenazas que había recibido en los últimos tiempos. “Sé que puedo terminar muerto por esto”, había dicho el abogado de 51 años, quien también admitió en el programa A Dos Voces, del canal de noticias TN, que había preparado a su hija de 15 años para que “escuchara barbaridades” sobre su persona a partir del lunes, cuando tenía previsto presentar las pruebas del pacto Argentina-Irán.

El Gobierno presionó a Nisman para que la audiencia fuera pública, más allá de que la ley de inteligencia prohíbe revelar los nombres de los exagentes del Servicio de Inteligencia. Es más, después del mediodía, el propio Gobierno levantó el secreto de los espías involucrados. La presidenta Fernández ordenó a la Secretaría de Inteligencia que desclasifique información relacionada con la investigación del atentado. “El secretario de Inteligencia (SI), Óscar Parrilli, notificó hoy a la jueza federal María Servini de Cubría que, por expresa instrucción de la presidenta de la Nación, autorizó desclasificar la información de inteligencia solicitada por Nisman al realizar su denuncia vinculada a la Causa AMIA y vinculada a la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán de 2013”.

En el Congreso, los legisladores hicieron un minuto de silencio como tributo al fiscal fallecido, y la presidenta de la Comisión de la Legislación Penal, Patricia Bullrich, exigió a todos los organismos pertinentes que protejan la evidencia del caso que Nisman llevaba adelante.

 

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