"Yo imito, no ridiculizo a los personajes": Hugo Patiño

hace 5 horas

¿Un nuevo aire?

América Latina parece estar viviendo una suerte de despertar, o al menos comienza a contemplar nuevas iniciativas en el combate contra el narcotráfico.

Ya han pasado cuatro décadas desde que la administración de Richard Nixon, en la presidencia de Estados Unidos, les declaró la guerra a las drogas y a sus traficantes. Cuarenta años en los que la forma de enfrentarse al problema ha estado signada por la prohibición, con operativos y leyes estatales en Latinoamérica, en especial, que hasta ahora apuntan mayormente a la continuidad del combate.


Colombia y México quizá sean los casos más destacados de todo el continente y después de programas de asistencia de parte del gobierno norteamericano en sucesivas administraciones —Plan Colombia y Plan Mérida, respectivamente— la situación, si bien ha mejorado, está lejos de llegar a los estados ideales: Colombia continúa produciendo entre el 60% y el 70% del flujo mundial de cocaína (60% de este llega a EE. UU.) y México ya suma en sus cementerios más de 40.000 muertos que ha dejado el combate armado contra el crimen organizado en los últimos cinco años.


¿Es hora de que haya un cambio de paradigma? ¿No vale la pena repensar la estrategia de combate contra las drogas? Esta es una de las preguntas que, como una nube, se ha posado sobre el primer día de la III Conferencia contra las Drogas que tiene lugar en Ciudad de México. “Las drogas no pueden seguir siendo el chivo expiatorio de la metástasis de corrupción, miseria e injusticia que sufren cotidianamente nuestras sociedades. No queremos menos control en las políticas de drogas, sino un mejor control”, afirmó Jorge Hernández Tinajero, director del Colectivo Mexicano por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd).


No se trata de una política deliberada hacia la legalización del tráfico de drogas. Las propuestas más bien giran en torno a la autonomía de las naciones latinoamericanas para construir las leyes antinarcóticos basadas en sus propias realidades, las realidades de sistemas carcelarios hacinados y del poder armado que ostentan los carteles para librar sus batallas, por ejemplo.


“Es un paso realmente difícil de dar cuando se tienen países como Colombia y México, que se rigen por las directrices de Washington en el combate contra el crimen. ¿Cómo un país podría desmarcarse de las políticas estadounidenses cuando recibe millones de dólares para la cooperación en seguridad? Ellos necesitan esta asistencia”, apunta Coletta Youngers, asesora principal en temas de la Región Andina de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).


No obstante, en la región ya comienza a haber una suerte de despertar o al menos se comienza a mirar algunas iniciativas al respecto. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ya debate acerca de la necesidad de crear un Consejo Suramericano de Lucha contra las Drogas y países como Ecuador, que tiene al 40% de sus presos condenados por narcotráfico y un sistema carcelario al borde del colapso, han empezado a crear sus propias leyes para combatir el crimen.


En la reforma constitucional de 2008, impulsada por el presidente Rafael Correa, fueron indultados alrededor de 2.000 reos cuya condena se debía a la posesión de menos de dos kilos de droga. La diputada María Paula Romo apunta que hasta ahora la medida ha sido exitosa porque la reincidencia de estas personas en delitos ha sido del 1% y porque las penas por narcotráfico llegaban, en algunos casos, a duplicar las de homicidios. “Hubo una época en Ecuador —dice Romo— en la que traficar droga era peor que matar a alguien, 25 años para el primer caso y 12 para el segundo, imagínate”.

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