Una espada de doble filo

Después de cinco años de discusión, Dilma Rousseff sancionó el Marco Civil de Internet, un proyecto que pretende garantizar cosas como la neutralidad de la web, pero que puede abrir la puerta para que ese país ejerza una vigilancia masiva en línea.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, durante la apertura de la Conferencia Internacional sobre Gobernanza en Internet, en São Paulo. / EFE

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, aprobó el Marco Civil de Internet, una de las primeras leyes en el mundo que garantizan derechos y libertades en la red.

La firma de Rousseff llegó luego de cinco años de trabajo en la legislación, además de varios meses de discusión en ambas cámaras del Congreso de Brasil, debates en los cuales la ley sufrió serias alteraciones en algunos de sus principales objetivos.

Las buenas noticias primero. Más que un proyecto promulgado exclusivamente por el Gobierno, la ley recibió más de 800 contribuciones de varios sectores de la sociedad durante su construcción, que arrancó en octubre de 2009. Antes de la votación final en el Congreso, que se dio el martes en la noche, activistas a favor llevaron ante los congresistas 350.000 firmas de ciudadanos que pedían la aprobación de la legislación.

El Marco Civil levantó un muro, que parece sólido, para proteger la neutralidad de la red al obligar a los operadores de telecomunicaciones a no cobrar más por el acceso a distintos servicios. En la práctica significa que las empresas no pueden lucrarse más por permitir que los usuarios accedan a contenido que demanda más ancho de banda, como ver videos en You Tube o utilizar servicios de videoconferencia, por ejemplo.

La ley también separa la responsabilidad de proveedores y usuarios por el contenido publicado en la red. Esta previsión, que tiene que ver en buena parte con la protección de derechos de autor, establece que el operador de la red no puede ser responsable de lo que un individuo publique en internet, a menos que haya una orden judicial de por medio.

La responsabilidad compartida entre proveedores y usuarios es usada por algunos países como un método para controlar lo que se sube a internet, pues obliga a la empresa de telecomunicaciones a revisar el tráfico de sus suscriptores y a oficiar como una especie de policía de internet. Esto, a todas luces, viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y al debido proceso, pues es algo así como requerir que el servicio postal revise las cartas de los ciudadanos para cerciorarse de que no hay nada ilegal en esas comunicaciones.

Quizá la mayor modificación que sufrió el Marco fue la retirada de un artículo que obligaba a las compañías que almacenan datos de ciudadanos brasileños a construir centros de servidores en Brasil para garantizar que esa información no salga del país y así, según el Gobierno, impedir el espionaje masivo de las comunicaciones. Esta previsión de la ley fue añadida luego de que las revelaciones de Edward Snowden ayudaran a dimensionar el nivel de la vigilancia ejercida principalmente por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés).

Este fue siempre un requerimiento polémico, pues no sólo impactaba duramente el modelo de negocios de las empresas (gigantes como Google, pero también pequeños servicios que jamás hubieran podido cumplir la ley), sino que, buscando asegurar los datos de los brasileños, debilitaba fundamentalmente la red como tal.

Desde las revelaciones de Snowden, que se desempeñó como técnico en la CIA, se ha extendido una suerte de pavor en la red por su posible balcanización: el término sirve para definir la intención de gobiernos y otras instituciones de crear una suerte de pequeñas redes en el interior de internet, algo que es considerado nocivo pues convierte un medio de comunicación abierto y global en un asunto local y cerrado, sujeto al control de muchos, que no siempre tienen las mejores intenciones, por cierto.

Paradójicamente, uno de los efectos más inmediatos de construir redes propias dentro de internet, para proteger los datos de usuarios, es que esta información se vuelve más fácil de controlar por gobiernos y otras instituciones: la paranoia de la seguridad, eventualmente, lleva a más inseguridad.

Y es en este punto en donde llegan las malas noticias del Marco Civil de Internet de Brasil. Como lo dice Katitza Rodríguez, directora de derechos internacionales de la Electronic Frontier Foundation (EFF), “la disposición que nos preocupa es el artículo 15, que obliga a los proveedores de servicios de internet a retener ciertos datos de tráfico de sus usuarios durante seis meses, independientemente de la sospecha individualizada”. O sea, los operadores deben almacenar la información de qué hacen sus suscriptores en la red, sin que sobre ellos pese una investigación por supuesta comportamiento ilegal en línea. “La retención de datos de millones de usuarios inocentes compromete el anonimato en línea, que es crucial para los informantes, investigadores, periodistas y quienes se dedican a la expresión política, en general”.

Esta imposición de la ley parece contraproducente para una legislación que busca resguardar la información personal de sus ciudadanos pues, según Rodríguez, “Brasil no cuenta con una norma de protección de datos personales, algo que tampoco se encuentra en el Marco Civil. Para atacar realmente el tema de la vigilancia masiva, esperamos que Brasil continúe con la implementación de derechos en el entorno digital y se apruebe la legislación de protección de datos”.

 

 

slarotta@elespectador.com

@troskiller

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