Una opción de libertad para Eta

La orden de liberación de un miembro de la banda podría marcar el inicio del retorno a la libertad de 54 etarras condenados en España.

Inés del Río Prada / EFE

La posibilidad de que al menos 54 condenados pertenecientes a la banda separatista vasca Eta puedan salir de la cárcel, está latente en España. Contra esta eventual realidad ya se han levantado las voces de los colectivos de víctimas que ven una injusticia en la alternativa que se abre para los prisioneros. Sin embargo, en este caso los alcances de la justicia española están por debajo de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que tiene su sede en Estrasburgo y que fue el responsable de la sentencia que abrió el camino para la posible libertad de los miembros de la banda acusada de terrorismo.

La sentencia emitida por el tribunal, que ratifica su fallo de julio de 2012 y que había sido recurrido por el gobierno de Madrid, surgió de una demanda interpuesta por la etarra Inés del Río Prada. Esta mujer de 55 años fue condenada en 1989 a 3.828 años de cárcel después de ser hallada culpable de participación en múltiples asesinatos y crímenes.

En casos como estos, el bruto de la condena cumple una especie de labor simbólica, pero en la práctica la ley española establece en 30 años la pena máxima que debe purgar un reo en prisión. La demanda de Inés del Río vino después de 2008, cuando gracias a los beneficios penitenciarios vigentes en el momento de su sentencia podía recuperar su libertad. El problema vino cuando su realidad se cruzó con la Doctrina Parot, adoptada por la justicia española en 2006. Dicha doctrina, de aplicación retroactiva, estableció que las reducciones en las condenas no son aplicables sobre los 30 años de cumplimiento máximo de cárcel sino de cada una de la condenas que enfrenta un reo. Si bien el mayor de todos los períodos de reclusión no cambiaba, con este modelo se garantizaba que los condenados por terrorismo pasaran tres décadas en privación de libertad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la retroactividad de Del Río y ordenó su libertad en “el más breve plazo”. La alarma en España se activó gracias al fallo, pues la decisión jurídica podría afectar las condenas de los 54 miembros de Eta condenados y de 14 prisioneros comunes.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo pidió al gobierno español desacatar la sentencia, mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dijo que “se ha producido un fallo, pero no hay una doctrina, y habrá que resolver los casos individualmente”.

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