Venezuela: domina la incertidumbre

En un acto inédito, la Asamblea Nacional se declaró ayer en rebelión y anunció que hará un “proceso” para determinar el estado del mandato de Nicolás Maduro. ¿Qué hará, dado que sus armas legales para destituirlo son casi inexistentes?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un evento público en Caracas en mayo pasado. / EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un evento público en Caracas en mayo pasado. / EFE

En la sesión de la Asamblea Nacional (AN), ocurrida ayer, el líder opositor Julio Borges dijo: “En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo. Venimos a oficializar la lamentable y dolorosa ruptura de la Constitución”. Los discursos que le siguieron durante el debate, organizado para “la restitución del orden constitucional”, se registraron en el mismo tono altivo y apocalíptico: los opositores decían que Venezuela se había convertido en una dictadura y los oficialistas los calificaban como los conjuradores de un golpe de Estado que está próximo.

El debate culminó una semana en que Venezuela vio cómo el estado de cosas se destrozó aún más: además de un desabastecimiento severo de medicinas y alimentos, y de una economía en declive (cuya inflación se calcula, según el FMI, en más del 470 % para este año), los venezolanos están divididos sin restricciones entre adorar o aborrecer a Nicolás Maduro, de gira por Oriente Medio. La noticia de que se suspendió la recolección de firmas para el referendo revocatorio contra el mandatario jugó como la chispa original en un incendio que se va extendiendo: la oposición se reafirma en un discurso cada vez menos conciliador (apelando a “restablecer la Constitución” sin decir exactamente cómo, con Henrique Capriles diciendo “los venezolanos no nos calamos más violaciones a todos los derechos fundamentales”, con Borges afirmando airoso que “el pueblo se respeta”) y el oficialismo se empeña en su hipótesis de que la oposición dará un golpe de Estado.

La sesión fue interrumpida cuando seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entraron sin permiso a las instalaciones de la AN. Tras el altercado, la sesión se reanudó y la mayoría del plenario votó a favor de un acuerdo de diez puntos que contempla, entre otras propuestas, elegir a los tres rectores faltantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), escoger a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y declararse en rebelión contra el gobierno de Maduro.

Algunos medios de comunicación titularon, apenas terminada la sesión, que la AN le realizaría un juicio político al mandatario. Sin embargo, es un anuncio inexacto. El acuerdo prevé “iniciar un proceso para determinar la situación de la presidencia”, una maniobra que podría ser interpretada más bien como una suerte de control político, la función común de la AN. La Constitución venezolana no incluye ningún mecanismo de juicio político, como sí es el caso de la Constitución brasileña (un mecanismo que permitió la reciente expulsión de Dilma Rousseff de la presidencia).

En cualquier caso, las consecuencias de declararse en rebelión son imprecisas. Ronal Rodríguez, profesor e investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dice: “No hay un antecedente. Desde que se montó la Constitución en 1999, es la primera vez que una asamblea se opone al gobierno. La Asamblea del año 2000 era de mayoría chavista; la siguiente fue puramente chavista. Esta es la primera asamblea opositora. Nunca hubo un choque de poderes de esta dimensión. Se supone que el presidente tiene obligaciones con la Asamblea, pero según la TSJ el presidente puede saltar la Asamblea. Ahora hay un espacio de desconocimiento de qué puede pasar en términos legales”.

Dentro de la AN, los diputados opositores enarbolaban pancartas con un mensaje sencillo: “Maduro dictador”. Ese es justo el centro de este debate: para los opositores y para algunos analistas la decisión de suspender el revocatorio, que fue tomada por el CNE, es una muestra de que el chavismo tiene cooptados los poderes que son en teoría independientes. El director del medio Caracas Chronicles, Francisco Toro, escribió en una columna en The Washington Post: “(El gobierno de Chávez) no era una democracia en el sentido usual, está claro, pero tampoco era una dictadura normal. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Autoritarismo competivivo? ¿Una democracia antiliberal? (...) Pero ya no necesitamos adjetivos. Venezuela es, simplemente, una dictadura”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a la decisión en contra del revocatorio de un modo similar: “Sólo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el Legislativo y tienen presos políticos”.

Varios actos de los últimos meses le sirven a la oposición para determinar que aquello que rige en Venezuela es una dictadura: el hecho, por ejemplo, de que Maduro decidiera tramitar la ley de presupuesto a través del TSJ y no por la AN, como dicta la Constitución; el hecho, también, de que cada ley aprobada por la AN fuera anulada por el TSJ, que de ese modo se habría convertido en una suerte de “asamblea de bolsillo” para Maduro.

En la Constitución sólo existe una entidad que puede retirar al mandatario del poder, el TSJ, y debe haber una incapacidad física comprobada por una junta médica. El segundo método es el revocatorio, que ha quedado colgado tras la decisión del CNE. Pero para minar aquello que llama un “comportamiento de dictador”, la oposición dejó ver ayer otros caminos que podría tener a la mano para revocar el mandato de Maduro y que harían parte de ese “proceso” para determinar el estado de su mandato: comprobar un “abandono en el cargo” o probar que Maduro no es venezolano para que quede por fuera del cargo de manera automática.

La tesis de que el mandatario abandonó el cargo comenzó a hacer carrera la semana pasada. El líder opositor Henrique Capriles aseguró el jueves, cuando Maduro viajó a Oriente Medio: “Maduro se declaró en desobediencia, no respeta la Constitución. Hoy abandonó el país y va vía de abandonarlo todo”. La tesis de la oposición, sin embargo, aún carece de bases. Según la oposición, Maduro se fue del país sin haber recibido la autorización de la AN. Pero la Constitución establece que el presidente debe pedir permiso “cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos” y el mandatario estuvo por fuera del país cuatro. Para atajar la estrategia opositora, Maduro declaró desde Arabia Saudita: “Estoy en esta gira, pero no pierdo ni un segundo la atención a mis responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del gobierno”.

Durante la sesión de este domingo, la oposición eludió aferrarse a dicha hipótesis. Tampoco se impuso la discusión sobre el lugar de nacimiento del mandatario, a pesar de que la diputada opositora Dennis Fernández aseguró que tenían “pruebas fehacientes” de que Maduro no es venezolano.

Además, la oposición tiene otras cartas en su baraja. Primero, la Carta Democrática de la OEA. Este mecanismo se utiliza cuando existe una “alteración constitucional que afecta el orden democrático” y sirve para imponer sanciones al país señalado e incluso para retirarlo de ese órgano. En cierto sentido, para aislarlo. En el tercer punto del acuerdo, la AN solicitó a los organismos internacionales activar “todos los mecanismos necesarios” para defender los derechos de los venezolanos. Allí estaría incluida la posibilidad de activar la carta.

Por otro lado, la AN tiene en sus manos el poder popular: la marcha que se realizará este miércoles es otro método de presión contra el gobierno. Según una encuesta de Venebarómetro, 64 % de los venezolanos votarían contra Maduro en un eventual referendo revocatorio. También tiene en sus manos la elección de los magistrados del TSJ, que hasta ahora han sido señalados como partidarios del chavismo. La Asamblea se reunirá de nuevo este martes para debatir sobre la presidencia de Maduro.