Venezuela: el referendo que nació muerto

Con la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el proceso para un revocatorio en ese país, se le da una estocada a los intentos de la oposición de sacar a Nicolás Maduro del poder.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, durante un evento en Ecuador.EFE

Desde el principio, la oposición venezolana sabía que el chavismo le iba a poner todas las trabas del mundo a la realización de un referendo revocatorio para sacar al chavismo del poder. Y es que si este no se realizaba antes del 10 de enero de 2017, al cumplirse cuatro años de un nuevo gobierno chavista, la oposición no iba a poder sacar al chavismo y obligar a que se convocaran nuevas elecciones. Si al caso, iba a lograr la salida de Nicolás Maduro y que el poder quedara en manos de su vicepresidente, en este caso, Aristóbulo Istúriz. Así lo señalaba el abogado constitucionalista Aldo de Santis en un artículo de El Nacional del 18 de marzo de 2016: "En este momento estamos al borde de no poder hacer el referéndum revocatorio, quedaría para después del 10 de enero y asumiría la presidencia quien esté como vicepresidente en ese momento".

En ese momento el revocatorio era apenas una propuesta. Pero ya había problemas. Primero el Consejo Nacional Electoral (CNE) se demoró en entregarle a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) las planillas para la recolección de firmas para el revocatorio. Algunos diputados llegaron, incluso, a encadenarse a la sede para exigir prontitud la entrega. Hasta que el 26 de abril se dio inicio, por fin, al proceso. El 2 de mayo, la oposición le entregó al CNE 1.800.000 firmas para el revocatorio pese a que para la activación de este mecanismo se requerían, apenas, unas 200 mil firmas. Pasó más de un mes hasta que, por presión de la oposición, el CNE le puso una fecha a la validación de firmas.

Con la particularidad de que se inventó un mecanismo para que quienes se hubieran "arrepentido" de dar su firma, se acercaran al CNE para invalidarla. "Otro mecanismo que busca el CNE para retrasar el revocatorio", dijo en ese momento, el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba. Apenas 5.660 firmantes se "arrepintieron". El CNE se volvió a demorar un mes, esta vez, para validar las firmas y permitirle a la oposición pasar a la segunda etapa del proceso. Ya para ese momento, las demoras del CNE eran preocupación internacional. El 1 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, invitó al gobierno venezolano a no hacer el "juego del retraso".

"La Constitución garantiza a los venezolanos el derecho a que se escuchen sus voces a través del proceso de referendo y llamamos a las autoridades de Venezuela a permitir que el proceso salga adelante de una forma puntual y justa", dijo Kerry. El 9 de agosto, por fin, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, dio una fecha tentativa para que la Junta Electoral se pronunciara sobre el futuro del referendo: entre el 14 y el 16 de septiembre. A los dos días, 14 países, entre ellos Colombia, se unieron al llamado de Estados Unidos y le pidieron al gobierno venezolano que garantizara "el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo y que los pasos que restan para la realización del referendo revocatorio continúen de manera clara, concreta y sin demora".

Pero el anuncio de un cronograma para el referendo no se hizo sino hasta el 21 de septiembre. Y en ese momento el CNE dio la primera estocada al anunciar que este no se iba a realizar antes del 10 de enero, como lo quería la oposición. "El Consejo Nacional Electoral deberá emitir la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, por lo que de cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzara el quorum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principio de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017", sostuvo el CNE en ese momento.

Y puso fechas para la recolección de firmas para el revocatorio, el 26, 27 y 28 de octubre, aunque con algunas condiciones desfavorables para la oposición, entre ellas, que el porcentaje necesario para activar el revocatorio no iba a ser el 20% de los electores a nivel nacional sino el 20% de los electores por Estado. De la misma forma, se dispusieron, apenas, 5.392 máquinas de captación de huellas, pese a que la oposición pedía, por lo menos, 19.500. "En unas parroquias hay un número de máquinas insuficientes y en otras hay más maquinas", dijo Jesús Torrealba. Quien denunció, a su vez, que la distribución de las máquinas tuvo "sesgos de carácter político", debido a que muchas de ellas fueron ubicadas en zonas donde el oficialismo es fuerte, cuado "el reglamento establece que las máquinas tienen que distribuirse con variables de densidad poblacional".

La oposición marchó el 12 de octubre, en preparación para la recolección de firmas. Pero este 21 de octubre se dio la estocada final con la suspensión, por parte del CNE, del proceso de recolección, con base en la decisión de los tribunales de cinco Estados (todos controlados por el chavismo) de suspender la recolección. Ahora la pregunta no es si va a haber revocatorio antes del 10 de enero. La pregunta, en realidad, es si va a haber revocatorio o no. El gobierno venezolano ha hecho de todo para que este no se realice, según la oposición, porque sabe que no cuenta con el respaldo popular, como lo evidenció su derrota en las elecciones legislativas de 2015. De acuerdo con varias encuestas, Maduro cuenta con apenas un 11% de apoyo: el 83% de los venezolanos, según los sondeos, votaría en su contra en un referendo.