El Parlamento Europeo desbloqueó en Estrasburgo una de las herramientas más reclamadas por los países miembros para luchar contra el terrorismo: el registro de pasajeros aéreos. Esa nueva norma obligará a las compañías aéreas a proporcionar a los estados hasta 19 datos de las personas que viajan en avión.
Entre esos detalles figuran la identidad, el tipo de pago, el trayecto, los posibles acompañantes o las maletas. Se rastrearán tanto en vuelos extracomunitarios (por ejemplo, entre Madrid y Estambul) como en intracomunitarios (de Londres a Roma). Aunque la directiva deja estos últimos a criterio de cada país, los 28 estados se comprometen a abarcar también los trayectos en el ámbito europeo, según una declaración del Consejo Europeo que se incluirá en la adopción final del texto, el próximo 21 de abril.
La Eurocámara ha mostrado siempre grandes recelos a este proyecto, en tramitación desde 2011, aunque la presión ejercida por los gobiernos tras los atentados de París y Bruselas ha acabado por surtir efecto. “Los atroces atentados terroristas de París y Bruselas han mostrado una vez más que Europa necesita elevar su respuesta común contra el terrorismo y adoptar medidas concretas para combatirlo”, defendió el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, tras conocer la aprobación parlamentaria. Hubo 461 votos a favor, 179 en contra y nueve abstenciones.
El proyecto pretende detectar, antes de que tomen el vuelo, a posibles terroristas que se desplacen en avión, así como facilitar las investigaciones posteriores de las fuerzas de seguridad. Cuando la norma entre en vigor, las compañías aéreas deberán proporcionar a cada país datos del pasajero, que se almacenarán durante cinco años.
Transcurridos los seis meses iniciales, quedarán encriptados y sólo serán accesibles bajo petición concreta de las autoridades por sospechas de terrorismo. Cada Estado deberá crear una unidad de información de pasajeros encargada de recibir los datos de las aerolíneas.
Esas unidades almacenarán los datos de manera homogeneizada y podrán compartirse con el resto de estados miembros —bajo demanda expresa—, aunque el texto precisa que sólo para fines de lucha antiterrorista. La directiva añade otra cautela: ninguno de esos datos debe llevar a archivar información sensible del viajero (raza, religión, orientación sexual…), una exigencia difícil de garantizar en la práctica.
Los gobiernos europeos consideran que esa documentación sobre trayectos aéreos puede resultar muy útil para detectar un fenómeno que desborda a la UE: el de los llamados combatientes extranjeros. Se trata, en su mayoría, de jóvenes con pasaporte europeo y ascendencia árabe que pueden tratar de viajar a Siria y volver radicalizados. Al menos uno de los suicidas de los atentados de Bruselas (Ibrahim el Bakraoui) fue detenido por Turquía cuando trataba de cruzar a territorio sirio, aunque finalmente las autoridades belgas no procesaron ese aviso. Con el registro de pasajeros aéreos, los países confían en obtener una alerta temprana en caso de viajes sospechosos. Los 28 disponen de dos años para aplicar la nueva directiva, aunque todos se han comprometido a hacerlo cuanto antes.