¿Y la justicia después del 12F?

Hoy se cumple un año de las emblemáticas protestas que dejaron tres muertos en Caracas y desataron una nueva etapa de alta polarización, crisis social, política y económica en Venezuela.

Activistas de oposición durante una manifestación el año pasado contra el gobierno venezolano. Los manifestantes le lanzan piedras a un escuadrón de la policía en Caracas. / AFP

“Aquí sigo esperando la primera sentencia”, dice Janeth Frías, la madre de Bassil Dacosta, un estudiante universitario de 24 años, quien hoy hace exactamente un año murió en una manifestación en Caracas, al recibir un disparo en la cabeza presuntamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “Algunos implicados están detenidos o en régimen de presentación, pero el juicio lo han dilatado hasta el sol de hoy, porque la jueza estaba de vacaciones, porque la jueza no llegó, porque se mojaron los papeles, porque un acta no aparece. Ahora se supone que será el 20 de marzo, pero, como entenderá, ya no creo mucho en la justicia”, añade Frías. El de Bassil es uno entre varios casos que, un año después, siguen esperando justicia en Venezuela.

Ese 12 de febrero de 2014 se volvió una fecha icónica por los disturbios y enfrentamientos acontecidos en Caracas, en los cuales también murieron Juan Montoya, miembro del Secretariado del 23 de Enero, un grupo que reúne a colectivos favorables al gobierno, y Roberto Redman, un recién graduado que recibió un impacto de bala en la cabeza cuando se encontraba manifestando en una avenida al este de la capital.

Además, se recuerda esta fecha porque entre los miles de detenidos a raíz de la protesta estuvieron opositores políticos que se sumaron a la movilización, como el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano.

Pero las violaciones a los DD.HH, que marcaron las protestas del año pasado no ocurrieron sólo en esta fecha emblemática. Entre las causas de la protesta del 12F estuvo la manifestación, el 4 de febrero, de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes en el estado Táchira, en contra del intento de abuso sexual que sufrió una joven dentro de esa institución. El 6 de febrero se registraron manifestaciones pacíficas por parte de estudiantes de distintas universidades en la ciudad de San Cristóbal, Táchira, las cuales fueron reprimidas por funcionarios de la Guardia Nacional y del Sebin.

Fue por eso que el 12F, estudiantes de diferentes universidades protestaron en varias ciudades, exigiendo la libertad de los detenidos en Táchira y el fin de la represión. Después de aquel 12 de febrero, las protestas, y con ellas la represión, se prolongaron hasta junio de 2014.

Durante este período, en el que los muertos ascendieron a alrededor de 43 (33 civiles y 10 pertenecían a cuerpos policiales), varias organizaciones registraron detenciones ilegales, casos de tortura, hostigamientos en zonas residenciales, persecución y otros delitos por parte de agentes al servicio de las autoridades del país. Hasta ahora, la gran mayoría de estos casos están marcados por la impunidad.

Liliana Ortega es la directora de Cofavic, una de las organizaciones de DD.HH. más importantes de Venezuela, creada para asesorar a las víctimas del Caracazo (1989), uno de los más escandalosos casos de represión estatal conocidos en el país suramericano, que dejó 600 muertos según el Ministerio Público. Dice ella que con los casos del año pasado, no sólo los del 12F sino todos a partir de febrero, se ha podido visibilizar una situación de DD.HH. bastante agravada:.

“Por la información pública disponible, aunque es opaca y muy difícil de escrutar de manera detallada, podemos notar que de 189 investigaciones que el Ministerio Público abrió por presuntas violaciones a DD.HH., 185 corresponden a alegados tratos crueles inhumanos y degradantes. Pero de todos estos casos, el 80% no han prosperado. No se continuó con el proceso. Terminaron en sobreseimientos en archivos fiscales, según la Fiscalía General”.

El pasado 10 de febrero, la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó un informe sobre la situación de los detenidos durante las protestas de 2014. Según ella, son 41 las personas que quedan privadas de la libertad, de 3.351 que fueron aprehendidas por las autoridades. Un reciente reporte del Foro Penal Venezolano señala, sin embargo, que los detenidos son 63 y añade que, entre los liberados, 1.968 continúan sometidos a juicio penal bajo medidas cautelares.

Uno de los más preocupantes aspectos de la represión fue la identificación de dos patrones sistemáticos: el del uso desproporcionado de la fuerza pública y el de las torturas. Un extenso informe de Cofavic llamado “Venezuela: sentencias del silencio”, recopila 110 testimonios en nueve estados del país de alegadas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos entre febrero y junio de 2014, en los cuales el patrón de actuación revela que no se trató de hechos aislados y que hubo una consistencia en las actuaciones de cuerpos de seguridad.

Una “práctica institucionalizada en la estrategia para contrarrestar alteraciones del orden público”, en la que estuvieron implicados tanto los cuerpos de seguridad (la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Policía Estatal y Municipal y el Sebin), como grupos de civiles armados que actuaban presuntamente con la aquiescencia de organismos de seguridad del Estado.

Por ejemplo, en cuanto a las personas que estuvieron detenidas en diferentes estados del país, se identificaron los siguientes patrones: “los obligaron a desnudarse, les amenazaron con violarlos, los rociaron con gasolina y les aseguraron que iban a prenderles fuego, los mantuvieron arrodillados por horas y los golpeaban en la cabeza si no se mantenían erguidos, los envolvían en goma espuma y les pegaban con bates y los amenazaron con llevarlos a cárceles con delincuentes comunes”.

A un año de ocurridos estos hechos, muchas de las presuntas víctimas no se atreven ni siquiera a denunciar y, las que se atreven, tienen muy pocas posibilidades de acceder a un juicio justo. Frente a esto, Ortega dice que la reducción en el espacio de tutela de las víctimas es alarmante:

“En los 26 años que llevamos trabajando en el país no habíamos monitoreado un índice tan alto de posibilidades de tener represalias por colocar denuncias ante las autoridades. Eso lo hemos encontrado en la mayoría de los casos de 2014. Además, los espacios de tutela de las víctimas se han venido reduciendo con un altísimo nivel de criminalización: muchas tienen que enfrentar juicios, estar bajo presentaciones periódicas ante los tribunales, están acusadas o imputadas de delito y, por supuesto, las investigaciones tienen pocas posibilidades de ser independientes”.

Añade la experta que en su país estos obstáculos para la tutela de las víctimas no son aislados, sino que hacen parte de un esquema de impunidad institucionalizada. En primer lugar, dice, “hay modificaciones que se han aplicado al código procesal penal, una de las más importantes es que las ONG de derechos humanos no podemos acompañar a las víctimas directamente ni tampoco podemos interponer querella autónoma contra violadores de DD.HH. Esa reforma entró en vigencia en 2012, pero en los últimos dos años ha tenido efectos muy demoledores en la asistencia de las víctimas”.

Últimamente, el gobierno venezolano ha venido implementando medidas que plantean un mayor nivel de represión de la protesta social y que, a su vez, podrían reforzar el mencionado patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública. La última fue la resolución 008610, emitida en enero por el Ministerio de Defensa, la cual autoriza a las fuerzas armadas a actuar en todas las acciones de control de orden publico y les da facultades para usar armas de fuego. La medida fue rechazada al unísono por múltiples organizaciones, incluyendo la ONU, que la consideran desproporcionada e inconstitucional.

La Constitución venezolana es clara, en primer lugar, en relación con que las fuerzas de seguridad del Estado no pueden participar en manifestaciones públicas con armas de fuego. En segundo lugar, establece que todas las autoridades que tengan competencia en materia de orden público tienen que ser de carácter eminentemente civil, sólo policías. “Por eso creemos que esa resolución es abiertamente inconstitucional y por lo tanto no debería ser aplicada”, aclara Ortega.

Múltiples organismos han señalado que uno de los asuntos más preocupantes en Venezuela tiene que ver con que no cuenta con mecanismos adecuados de control de orden público con respecto a los estándares de DD.HH. Si se observa, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH. en casos como las desapariciones forzadas en el estado de Vargas, en la masacre del Retén de Catia o en el Caracazo, se podría concluir que esas sentencias han trazado una hoja de ruta para que el Estado mejore sus mecanismos de control de orden publico.

La realidad, sin embargo, es que el Estado ha tomado medidas en la dirección opuesta. Una de esas fue denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual salió desde 2013 de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Gracias a esto, este tribunal ya no está en capacidad de conocer y fallar sobre las posibles violaciones a los DD.HH. ocurridas durante 2014 y en adelante.

 

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