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El escándalo de los sacerdotes que abusaron de niños y adolescentes estalló primero en EE. UU., a comienzos del año 2000, y luego en varios países de Europa. Fue creciendo hasta generar una enorme presión sobre la Iglesia durante el papado de Benedicto XVI, al punto de que en septiembre de 2011 éste se convirtió en el primer pontífice demandado ante la Corte Penal Internacional por encubrir esos delitos. Con la llegada de Francisco en 2013, algunos esperaban que asumiera la necesidad de llevar ante la justicia a los responsables y de acabar con el encubrimiento sistemático.
Ahora que Francisco está en EE. UU., cabe recordar que enfrentar el problema de los abusos sexuales sigue siendo un asunto pendiente. Se trata de un problema que ha quedado invisibilizado en medio de temas externos al Vaticano en los que el papa ha puesto la atención mundial, como su papel en el restablecimiento de relaciones entre EE. UU. y Cuba, entre otros. En este viaje, las expectativas están puestas en lo que Francisco diga sobre La Habana y Washington, no sobre la pederastia, un problema masivo en el país norteamericano.
En lo que va del pontificado de Francisco se creó una comisión para la protección de menores y la investigación de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. El papa también envió una carta a los obispos del mundo ordenándoles aplicar una política de cero tolerancia frente a los abusos de menores y ha hecho actos de perdón. El problema es que estas iniciativas no corresponden a las exigencias de las víctimas de religiosos pederastas.
Las exigencias han sido, primero, llevar a los responsables ante la justicia civil —y no ante la justicia penal del Vaticano, como sucedió con el obispo Jósef Wesolowski, un juicio que para las víctimas no hacía más que perpetuar las estructuras que permiten encubrir los abusos sexuales— y, segundo, desmontar las estructuras que han permitido histórica y sistemáticamente el encubrimiento de crímenes y perpetradores.
David Clohessy, portavoz de la organización Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP, la más importante en EE. UU. y una de las que presentaron denuncias ante la CPI contra Ratzinger), dice que el principal mensaje que las víctimas esperan del papa es que deje de hablar y se dedique a hacer. “Francisco ha hecho un uso magistral de gestos simbólicos. Al pagar él mismo su factura del hotel, al llevar su propio equipaje y al lavar los pies de las mujeres musulmanas, se ha ganado los corazones de millones de personas”, dice Clohessy.
Pero, en cuanto a los problemas gruesos en el interior del Vaticano, los cambios son pocos : “El papa no ha despedido o removido un solo obispo por encubrir delitos sexuales. No ha abierto los archivos secretos del Vaticano sobre las denuncias de abuso sexual por parte del clero. No ha obligado a los obispos a abrir sus archivos secretos sobre las denuncias de abuso sexual en cada diócesis. No ha obligado a los obispos, sacerdotes y otros clérigos religiosos a que informen a la policía de cualquier abuso de niños”. Entonces, para Clohessy, los gestos simbólicos del papa, “a falta de adopción de medidas para proteger a los menores de edad, resultan deshonestos y peligrosos”. Además, dice, “las palabras y los gestos tienen poco impacto en la protección de los niños y la reparación de las víctimas”.
Clohessy dice que, lamentablemente, son demasiados los casos ocurridos en EE. UU. para visibilizar durante la visita de Francisco. Son “cientos de miles los menores que en este país han sido abusados o maltratados por el clero, y en cada ciudad y en cada estado se pueden encontrar nuevas víctimas cada día”. Durante la visita de Francisco, SNAP ha realizado varios eventos para advertir sobre estos casos en ciudades como San Francisco, Seattle, Washington D.C. y Filadelfia.
Aunque muchos crímenes han salido a la luz, persiste la práctica de trasladar a los responsables para impedir que sean procesados. Esto a pesar de que en EE. UU., en 2002, los obispos decretaron una política de cero tolerancia con curas abusadores, a los que no se les daría una segunda oportunidad para continuar en el clero. En la práctica, muchos responsables han sido enviados, por ejemplo, a Suramérica, donde la fuerza de la ley es menor, así como las investigaciones independientes sobre el tema.
Una investigación del Global Post publicada el 17 de septiembre muestra que varios religiosos acusados de abuso sexual de menores en EE. UU. y Europa han sido relocalizados. El reporte visibiliza el caso del padre Carlos Urrutigoity, acusado de abusar de adolescentes en Pensilvania y hallado como segundo de la diócesis en Ciudad del Este, Paraguay. El padre Francisco “Fredy” Montero, acusado de abusar de una menor de cuatro años en Minneapolis, Minnesota, fue relocalizado en parroquias de su natal Ecuador. El padre Paul Madden, quien admitió haber abusado de un joven de 13 años en Jackson, Mississippi, y pagó US$50.000 a la familia, fue transferido a Chimbote, Perú. El padre Jan Van Dael, acusado de abusar de varios jóvenes en Bélgica, fue transferido a Brasil, donde también hay acusaciones en su contra.
Y el padre Federico Fernández Baeza, quien fue acusado en 1987 de violar a dos hermanos durante un período de dos años, aunque el caso fue suspendido después de que pagara US$1 millón a los afectados, luego fue hallado en Colombia, en Cartagena, donde es administrador sénior de una universidad católica. Los investigadores del Global Post dicen que se les negó el acceso al campus universitario y que Fernández no ha respondido sus preguntas.
En todos estos casos, según el reporte, a los responsables se les ha permitido seguir trabajando como sacerdotes, a pesar de las investigaciones que pesan sobre ellos y de los pagos que en algunos casos han hecho a las víctimas. Además, todos disfrutan “el privilegio, el respeto y el acceso sin restricciones a los jóvenes que vienen para ser miembros del clero”.