Alexi Amaya, otra mujer que denuncia acoso sexual en la Universidad Nacional

La funcionaria de la facultad de Derecho asegura que desde 2015 es acosada por el profesor José Guillermo Castro Ayala, quien lo niega. Hace un año, la Fiscalía reportó 1.814 mujeres y 245 hombres víctimas de este delito.

La furia se apoderó de la Universidad Nacional después de que la estudiante Lizeth Sanabria hiciera público un video que muestra al profesor Freddy Monroy tocándole sus partes íntimas. Una vez se conoció la denuncia de acoso sexual, “La Nacho” se manifestó para rechazarlo. “No más acoso, no más machos”, “En nuestras aulas hay acosadores, los vamos a desenmascarar”, “No más silencio cómplice” y “Yo te creo con o sin video”, fueron algunos de los mensajes plasmados en los pasillos. (¿Quién es Lizeth Sanabria, la estudiante que denunció acoso sexual en la U. Nacional?)

Mientras el rechazo crece, desde su oficina Alexi Amaya ratificó que Sanabria no es la única mujer que se ha atrevido a revelar un acoso sexual dentro de la Universidad Nacional. Lo hizo ella hace dos años ante el decano de la facultad de Derecho, Genaro Sánchez. Después vinieron la queja disciplinaria y la denuncia, aunque ambas investigaciones, según su defensa, avanzan a paso lento. Hoy, después de que Sanabria expuso su nombre propio, Alexi quiere hacer lo mismo para que otras mujeres se animen a denunciar sus casos. (Vea las Imágenes del plantón en la U. Nacional en rechazo al acoso que denunció una estudiante de maestría)

Amaya asegura que el profesor de derecho José Guillermo Castro Ayala la acosa desde 2015. Todo comenzó cuando se convirtió en director del proyecto de relaciones internacionales y jefe inmediato. “Lo primero fueron tocamientos. Él acostumbraba hacerme cosquillas y agarrarme, pese a que le manifesté que no me sentía cómoda y que se abstuviera de hacerlo, que mantuviéramos una relación jefe-asistente. Por el contrario, él siguió tocándome y haciendo chistes subidos de tono”.

Y añadió Alexi Amaya sin temores: “Me preguntaba por WhatsApp si estaba dispuesta a salir con él. Me hacía comentarios tales como: ‘yo lo tengo grande’, ‘te arriendo la mitad de la cama en todos los hoteles’, ‘tienes un chupón en una teta’. Además, con situaciones interpersonales aún más complejas, como llegar a tocarme las piernas”, contó la denunciante a El Espectador.

Después de esto vinieron los problemas laborales, según el recuento de los hechos que hoy reposa ante autoridades. Primero, el profesor Castro comenzó a asignar tareas a Alexi Amaya que para nada tenían que ver con su labor como asesora. Así, por ejemplo, le tocó reemplazarlo en una de sus clases porque él se encontraba fuera del país, y vigilar ese día el parcial final de la materia. Al mismo tiempo, él le pidió comprarle los uniformes del colegio a su hijo y además pagarle el dinero de la pensión escolar.

En otra ocasión, relató la denunciante, “manifestó que debía comprar unos tiquetes a un profesor que él traía de otro país. Le dije que estaba obligada por las normas a comprar el itinerario más económico de la aerolínea, pero él respondió que tenía que ser el tiquete más costoso. El trayecto que quería costaba $6 millones aproximadamente y el que yo cotizaba tenía escala y costaba alrededor de tres millones. Yo no podía comprarlo, tenía que solicitar autorización para eso”, agrega Alexi Amaya.

La mujer le advirtió que para hacer esa compra debía solicitarla a la oficina de contratación, que finalmente optó por el trayecto con una escala, por ser lo más favorable para la universidad, como lo había planteado Amaya. “No cumplir con el mandato, que pasaba por encima de las normas de la universidad, implicó que el profesor Castro solicitara verbalmente ante el decano la terminación de mi orden de servicio con el proyecto”, asegura hoy la denunciante.

Estudiantes de la Universidad Nacional manifestaron la semana pasada para apoyar a Lizeth Sanabria. / Cortesía

El 28 de febrero de 2016, Castro envió un correo al decano en el que, para responder a la denuncia, puso en tela de juicio su desempeño laboral y la acusó de ser amante de un docente y extralimitarse en sus funciones. Dos días después, Amaya se entrevistó con el decano, contó lo sucedido, negó los señalamientos y logró que le asignaran un nuevo lugar de trabajo y actividades. La situación le generó miedo y preocupación ante el riesgo de perder su trabajo, porque de ella dependen económicamente sus tres hijos.

“Ese día recibí a mi número personal tres llamadas del profesor Castro, dos de ellas a las 8:27 p.m. y una más a las 8.48 p.m. Frente a mi negativa de responder, me envió mensajes. Entre ellos este: ‘créame que si no se calma, a mí como abogado, no me ha temblado la mano con nadie en la vida (…) Ud. también tiene hijos y mejor bájese del tren en el que no sé quién la subió. Yo tengo todas las intenciones de no tener problemas con nadie, pero le repito, nunca me he dejado irrespetar. Ud. verá! Gracias!’”.

Ella volvió a la oficina del decano, le mostró los mensajes recibidos y aseguró que temía por su seguridad y la de sus hijos. En medio de un mal ambiente laboral (porque varios de sus compañeros optaron por aislarla), el 7 de marzo de 2016 el decano la llamó a una reunión. “El propósito era oír las disculpas del profesor. Le manifesté que las excusas sobraban y que, si quería, era mejor que le diera una disculpa pública a la facultad. El profesor observó que él nunca se había propasado conmigo y que los problemas eran de tipo laboral”.

La abogada María Fernanda Herrera, quien hoy representa a la víctima desde la organización Sisma Mujer, explica que con esta reunión lo que se intentó fue “buscar que ellos solucionaran esa diferencia como si se tratara de un asunto privado y no enfocarlo con la seriedad que el caso merecía. El acoso sexual no puede ser un tema privado entre el agredido y el agresor, es una violación de los derechos humanos, como lo ha dicho claramente la Corte Constitucional en sus sentencias”.

Amaya interpuso queja disciplinaria en la universidad, pero al estar vinculada por orden de servicio no fue clara la ruta de atención de su caso, pues no existía el protocolo de atención de violencias de género. El proceso quedó estancando. El 6 de junio de 2016 se quejó ante la Procuraduría que, aunque no asumió la investigación, estableció una supervigilancia al proceso. Un año después, la Universidad Nacional decidió abrir formalmente la investigación, pero todavía no hay formulación de cargos.

En el campo penal, el panorama no es distinto. La denuncia se radicó el 31 de marzo de 2017 y aún está en indagación. El viernes se celebró una audiencia donde Alexi pidió a un juez medidas de protección porque sostiene que el acoso se sigue dando. Solicitó que se ordene al profesor no volver a hacer comentarios en contra de su comportamiento sexual, personal o laboral, no volver a comunicarse con ella y no acercársele a menos de 200 metros. En primera instancia, la justicia negó sus peticiones.

“Yo entiendo que Lizeth Sanabria haya tenido que pasar por algo tan terrible para demostrar que era víctima de acoso, porque la justicia no nos cree. ¿Alguien ha pensado en mi buen nombre? ¿En mi familia, en mis hijos? Es que ya no soy la asesora de proyectos internacionales, soy sólo la que acusó a Guillermo Castro y la amante de un profesor. Si yo fuera un hombre, ¿estaríamos en las mismas condiciones? Porque tal vez su palabra sí tiene valor, ¿la mía cuánto vale?”, expresa con indignación Alexi Amaya.

Lizeth Sanabria denunció acoso sexual en la U. Nacional y aportó un video como prueba. / Cristian Garavito

La abogada Herrera añade que es uno de los casos más documentados de acoso sexual en la Universidad Nacional, y que tiene chats, correos y testigos. Pese a esto, no hay avances. “Es un llamado de atención para que la universidad dé la debida celeridad a estos casos. Es que el acoso no solo pasa en la Nacional, está en todas las universidades, un espacio educativo donde uno espera sentirse segura, pero te hostigan. Los tocamientos se han naturalizado. Es una problemática social grave”, concluye.

Hay que garantizar el debido proceso: Universidad Nacional

Dos años después de que se conociera el caso Amaya, varios profesores de la Facultad de Derecho se pronunciaron. Lo hicieron el pasado 27 de abril en una carta abierta en la que expresaron su solidaridad con las estudiantes acosadas, a propósito del caso Sanabria, y su preocupación porque los docentes con investigaciones pendientes por acoso se postularan a cargos de representación. “Por ejemplo, el profesor José Guillermo Castro, que se postuló como representante del profesorado al Comité Asesor de Pregrado”.

“Si bien el profesor Castro goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia, hasta tanto no se resuelvan de fondo las denuncias, nosotros creemos inaceptable e inoportuna su postulación mientras su situación personal no sea clarificada”, se lee en la carta que fue firmada, entre otros, por docentes como Rodrigo Uprimny, Diana Tovar, Julio Quiñones, Carlos Medina Gallego y Estanislao Escalante.

Castro declinó su aspiración y aseveró en un correo masivo que es el más interesado en que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. “He estado dispuesto a colaborar con la materialización de la verdadera justicia y de la verdad (…) Con la carta de los profesores no solo se mediatiza la justicia, sino que se provoca un prejuzgamiento. (…) Es comprensible que no solo las mujeres de la comunidad académica, sino todos los miembros de la universidad, tengan animadversión por mi nombre. El selecto grupo de juristas y politólogos firmantes me condenó socialmente y me sometió al escarnio público”.

El Espectador lo contactó directamente, pero no quiso pronunciarse sobre el tema. También consultó a la Universidad Nacional y el vicerrector de la sede de Bogotá, Jaime Franky, dijo que el caso de la estudiante Lizeth Sanabria lo conocieron en la institución una semana antes de que circulara en los medios de comunicación, “inmediatamente” se activó el protocolo para atenderlo y el profesor Monroy se apartó de sus labores docentes. Sobre el proceso contra el profesor Castro, Franky aseguró no tener conocimiento.

“Uno de los aspectos del protocolo es el principio de confidencialidad, de manera que no voy a hablar de casos, sino de la forma cómo institucionalmente enfrentamos el tema. En todos los que tenemos reportados a nivel nacional se ha activado el protocolo. No solo está el proceso disciplinario, hay acompañamiento a la persona que ha sido víctima o a quienes hacen la denuncia. No se puede decir que alguien es culpable sin debido proceso. Las quejas por acoso representan un porcentaje bajo de todas las quejas, no creo que pasen del 1 %”, añadió Franky.

Los movimientos de mujeres aseguran que el acoso es de vieja data en todas las universidades, pero hay miedo de denunciar. Catalina Toro Pérez, profesora del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, afirmó que viene denunciando casos desde hace 10 años. “Lo de Lizeth despertó la indignación que teníamos guardada. Muchas empezaron a hablar por primera vez y lo van a seguir haciendo. Hay historias de profesoras, estudiantes y trabajadoras. Lizeth demostró que hay impunidad, que el acosador repite y cuando se le denuncia se vuelve más violento”, afirmó Toro.

Un informe de Sisma Mujer revela que entre el 1° de enero de 2016 y el 10 de marzo de 2017 la Fiscalía reportó 1.814 mujeres y 245 hombres víctimas de acoso sexual. El 96,64 % han sido archivados. Tan solo 28 casos han alcanzado sentencia condenatoria y tres han sido absueltos. La organización reitera que este delito es constante en las universidades y ofrece acompañamiento a las mujeres para denunciar. Las estudiantes de bachillerato, universitarias, aseadoras y las que se dedican a actividades de hogar son las principales víctimas. Antioquia, Valle, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Bogotá tienen la mayoría de casos.

*Si conoces casos de acoso sexual, escribe a [email protected]