El mayor del millón de dólares

Un hombre que aparece en los registros de las Fuerzas Militares como mayor del Ejército es beneficiario de dineros de fiasco bancario.

Lautaro Alberto López Cuéllar es un destacado oficial del Ejército. Se incorporó a la institución el 8 de junio de 1990 y desde esa fecha ha recibido diversos ascensos y reconocimientos por su labor. Como si fuera poco, su gestión también ha sido resaltada en el exterior. En Estados Unidos la Asociación de Colombianos de Minnesota, varios soldados y sus familias no ahorran elogios a la hora de agradecer su labor como uno de los gestores del Programa de la Fundación United For Colombia y la Clinica Mayo Clinic, que presta servicios médicos gratuitos a integrantes del Ejército en desgracia.

En una de las jornadas de salud que benefició a varios soldados, el mayor López, quien se autodenomina comandante del Programa Mayo Clinic, en nombre del Comandante General de Ejército envió una comunicación a Estados Unidos en la que agradeció la ayuda prestada por la asociación y la clínica en las jornadas de salud: “Gracias por sus aportes de cariño y desinteresado afecto dados con ese amor de colombianos amantes del respeto, la paz y las Fuerzas Militares de Colombia”.

Pero ad portas de cumplir veinte años de servicio en la institución y sin que nadie lo advierta, las cosas para el mayor López parecen estar cambiando por cuenta de sus sorprendentes manejos financieros. Al menos, así se desprende de un cuantioso préstamo de un millón de dólares en efectivo que recibió a través de un intermediario, recursos provenientes de Fidubogotá. Un caso en donde están embolatados US$35 millones.

Una pérdida de dineros que se descubrió a finales de enero, cuando auditores de la fiduciaria detectaron que títulos valores de propiedad de los pensionados de Ecopetrol fueron sustraídos del Depósito Central de Valores de la entidad y mediante la activación de un sistema electrónico por parte de Miguel Gómez Torres, empleado de la fiduciaria, terminaron en manos de intermediarios, al parecer en un banco de Suiza y en poder de varios comerciantes que hoy son indagados por la justicia.

Fruto de las pesquisas de las autoridades, dos personas están hoy en la cárcel. Mónica Johanna Mazilli Rossi, presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, estafa agravada y falsedad en documento privada. Y Miguel Alberto Gómez Torres, el empleado del banco, quien habría facilitado la operación. Jaime Durán Silva, esposo de Mazilli, tiene vigente una orden de captura.

Un mayor misterioso

Hace cerca de cinco meses, mientras las autoridades trataban de desenmarañar cómo se habían esfumado los dineros de los pensionados de Ecopetrol manejados por Fidubogotá, a la oficina de un grupo de expertos  llamó un hombre y pidió una cita. Se trataba del mayor Lautaro Alberto López, quien solicitó asesoría a fin de manejar varios negocios y, según él, distribuir inversiones en dólares.

Según le relató a El Espectador uno de los asistentes a la reunión, “López dijo que manejaba negocios en Atlanta, comercializaba productos commodities (aquellos productos que no pueden ser diferenciados significativamente de los de la competencia, como las frutas, las verduras o el azúcar) y que tenía algunas relaciones con la banca internacional”. También comentó que en algún momento de su carrera manejó asuntos del Plan Colombia y efectuó misiones aéreas.

Una vez terminó la reunión, los expertos financieros fijaron unos honorarios, pero la asesoría no se cristalizó y el mayor López desapareció del panorama.

No obstante, el caso siguió avanzando, y aún sin recuperar los dineros, empezaron a aparecer nuevos nombres en el escándalo. Ivett Salgado, quien también habría facilitado las claves electrónicas para que se liberaran los títulos por parte del Banco de la República. Hernán Vargas y Rocío Castellanos, corredores de bolsa a quienes se les acusa de recibir los títulos, fraccionarlos y prestarlos a varios industriales.

La danza de los millones también la bailaron Ricardo Morales empresario del sector automotor, quien recibió $3.700 millones; el comerciante César Mahecha, que obtuvo $3.200 millones, según el para comprar unas tierras en el municipio de Jamundí; el golfista Bernardo González, con $4.664 millones, y Mónica Estrada, beneficiaria de $170 millones.


No obstante su situación, desde su sitio de reclusión y aconsejada por sus abogados, la cerebro de la operación, la odontóloga Mónica Mazilli, inició un proceso a fin de acordar un pago o devolución de los dineros. Dicha devolución se empezó a cristalizar y el 2 de junio varios de los beneficiarios acudieron a la Fiscalía a fin de llegar a un acuerdo de pago de los dineros que Mazilli les prestó provenientes de Fidubogotá.

A la cita acudieron varios de los representantes y los beneficiarios del dinero. Llegaron los apoderados del empresario Morales y del comerciante Mahecha. También acudieron a la cita el golfista González y la otra deudora, Mónica Estrada. Sin embargo, en la reunión todos quedaron perplejos cuando apareció el misterioso mayor y más aún cuando reconoció que había recibido un millón de dolares en efectivo.

El asunto quedó consignado en un documento de tres páginas conocido por El Espectador, en el que el oficial ratifica que recibió “en préstamo un millón de dólares con un interés efectivo anual del 12%, el cual vence en diciembre del año 2009”. En la comunicación también acuerda una fórmula de pago: “pagaría un millón ciento veinte mil dólares, a lo cual manifiesta su intención de pago de la obligación a la fiduciaria; manifiesta que para el día primero de agosto se compromete a pagar a la fiduciaria ciento cincuenta mil dólares, trescientos mil para el primero de octubre de 2009 y el saldo de seiscientos setenta mil dólares para diciembre de 2009”.

Sin embargo, el jueves, El Espectador consultó sobre si el oficial cumplió el primer pago del acuerdo, tasado en US$150 mil, y estableció que no se realizó.

Las cifras que no cuadran

Sobre el mayor Lautaro Alberto López no pesa ningún proceso judicial. No tiene antecedentes en la Procuraduría, en los tres números telefónicos y correos electrónicos no aparece. Documentos en poder de El Espectador ratifican que aún es militar activo. Sobre la forma como accedió al préstamo le ha señalado a gente cercana que lo hizo a través de un intermediario financiero y aseguró que no conoce a Mónica Mazilli, gestora de la operación.

Pero su historia comercial no deja de dar sorpresas. Por ejemplo, a punto de cumplir 39 años de edad y con un salario base de $1’829.409 es un empresario que se mueve en el mundo internacional de los negocios.

Al menos así lo demuestran los registros mercantiles de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal ubicado al este de Puerto Rico. Allí, el pasado 21 de abril de 2008 constituyó la empresa NSI International Ltda. Una compañía con un capital de 50 mil dólares, de la cual, la mitad es de él y la otra de su esposa Paula Andrea Muñoz Graciado, una mujer de 31 años, quien según registros de las Fuerzas Militares perteneció a la institución hasta febrero de 2004.

Según el certificado de registro de la compañía, fue constituida por Chianti Management Ltda. y el mismo 21 de abril de 2008 fueron nombrados directores de la compañía el mayor López y su esposa Muñoz Graciano.

De igual manera registraron como dirección de la compañía un predio ubicado en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá. El Espectador fue hasta la sede de la empresa y encontró que allí queda el edificio Positano, un conjunto de apartamentos de seis pisos. En la portería, el vigilante manifestó que no los conocía y que allí no vivían el mayor y su esposa.

Pero además del horizonte empresarial que constituyó en el Caribe, al mayor los registros de Proexport Colombia también lo muestran como un comercializador de maderas. La consulta de compañías a través de la promotora para las exportaciones señala que el mayor es propietario de la firma maderera Perchep.

La misteriosa historia del mayor del Ejército Lautaro Alberto López Cuéllar apenas comienza. Lo que está claro es que a partir de hoy se convertirá en un actor clave que tiene guardado en algún lado un millón de dólares de los pensionados de Ecopetrol. Su caso servirá para ayudar a dilucidar cómo se hizo uno de los mayores fraudes electrónicos del sector financiero en Colombia.

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