Este viernes quedó sellado el acuerdo de cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad que permitirá la presencia de militares norteamericanos en las bases colombianas. Desde siempre, el Gobierno lo defendió como un pacto de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional. Hoy ya tiene un primer reto para demostrar a los críticos del acuerdo que se necesitaba su aprobación.
La evidencia está formalizada en un oficio de la Dirección Antinarcóticos de la Policía donde se detallan diez casos ocurridos en lo que va corrido del año, con igual número de aeronaves involucradas en investigaciones por narcotráfico, reportadas como incineradas en varios países de Centroamérica o definitivamente desaparecidas mientras cumplían rutas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Una prueba de que la primera misión será reforzar el control aéreo.
El oficio está suscrito por el jefe del Grupo de control civil y embarcaciones, teniente coronel Javier Mauricio Cuéllar Silva, y refiere que el pasado 12 de agosto, según información proveniente de Guatemala, fue incautada la aeronave de matrícula HK-4229, en la cual se movilizaban 728 kilos de estupefacientes. De paso, el oficial le notificó a la Aeronáutica Civil que en la actualidad hay nueve casos más en investigación que, en la práctica, demuestran dos rutas identificadas: Centroamérica y Venezuela.
Sobre la aeronave HK-4229 se sabe que su destino final era el cartel mexicano conocido como “La Familia Michoacana” y se trataba de una avioneta que pertenecía al ciudadano Álvaro López Sáenz, pero días antes del vuelo fallido fue vendida a Nelson Gutiérrez Malaver. La aeronave, después de una avezada persecución aérea, aterrizó forzosamente en la finca La Flora, en el área de Tiquisate-Escuintla. Los dos sujetos que la tripulaban lograron escapar. La droga estaba avaluada en más de 72 millones de quetzales (US$8,6 millones).
Lo paradójico es que este caso, que hoy tiene trabajando conjuntamente a la Policía y la Aeronáutica Civil, no es el primero en que aeronaves colombianas caen en Guatemala. Según la Policía Antinarcóticos, el pasado 15 de marzo, desde la Costa Pacífica colombiana partió la aeronave HK-3466, que después del consabido seguimiento fue incinerada en el país centroamericano. Del asunto no se habló mucho y escasamente trascendió que la aeronave figuraba a nombre del ciudadano colombiano Alexánder Rodríguez Quiñones.
Y hay más. El 30 de julio de 2009, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) detectó el vuelo irregular de la aeronave HK-4337 con destino a Centroamérica. Días después el aparato fue encontrado también en Guatemala, según reporte suministrado por las autoridades de dicho país. La aeronave figuraba a nombre de Juan Carlos Pachón Calderón. Lo increíble es que ese mismo día, igualmente desde el país centroamericano, se reportó el hallazgo de la aeronave HK-1327. El avión estaba semienterrado. Como propietario del aparato figura Héctor Fabio Mosquera.
El otro foco de atención, que sin duda será objeto de revisión tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, es la frontera con Venezuela. La Policía, en el oficio comentado, detalló el misterio que rodea la aeronave HK-2868, que salió de Villavicencio el pasado 12 de julio hacia La Primavera, con el propósito de recoger a dos pasajeros que se movilizaban a Puerto Carreño (Vichada). La aeronave se perdió del radar sobre el sector de La Venturosa y posteriormente apareció el piloto manifestando que había sido víctima de un secuestro en la misma región.
Según contó el piloto, identificado como Pedro Álvarez, después de aterrizar en busca de los dos pasajeros, los supuestos secuestradores se llevaron la aeronave y a él lo dejaron abandonado cerca de La Venturosa. Aún hoy se desconoce dónde está el aparato, pero según reportes del Batallón Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, en esta región se ha detectado un permanente tráfico de gasolina procedente de Venezuela, así como varios cargamentos de cocaína. En una sola operación, en noviembre de 2008, cayó un camión con 225 kilos del alcaloide.
Al caso de La Venturosa, aún no aclarado por las autoridades, y que tampoco es claro para los propietarios de la aeronave, Aerolíneas Llaneras, se suma el del avión Cessna 206 de matrícula HK-2852 que partió del aeropuerto de Yopal (Casanare) hacía la ciudad de Cúcuta pero nunca llegó a su destino. Según se supo en su momento, el avión se reportó a la torre de control del aeropuerto Camilo Daza de la capital nortesantandereana, pero cuando le estaban preparando la pista, se perdió su rastro en el radar y nada se sabe desde entonces sobre su paradero.
Tanto las autoridades colombianas como las venezolanas realizaron una minuciosa búsqueda del aparato para saber si se había accidentado, pero como en el caso del HK-2868, sigue pérdida. Escasamente se sabe estaba a nombre de Víctor Hugo Ramírez Socha. Lo curioso es que ese mismo día también se perdió una avioneta Piper, de matrícula HK-4331, que partió de Bogotá con destino a Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela, pero nunca llegó a su destino. En su momento, se desplegó un gran operativo que no dio resultados convincentes.
El narcotráfíco procedente de Colombia, vía Venezuela, ha sido objeto de intensa controversia. Las autoridades norteamericanas sostienen que cada día es más claro que los narcos utilizan este país para movilizar droga que termina en Europa, pero las autoridades venezolanas aseguran que es un problema colombiano que tienen que resolver. Según reportes del Ministerio del Interior de Venezuela, en sólo el primer trimestre de 2009 incautaron 11.237 kilos de droga. “Somos uno de los países con mejores resultados contra el narcotráfico”, ha señalado en su país el ministro Tarek El Aissami.
Lo cierto es que cada día son mayores las evidencias de que en la región limítrofe entre los dos países se requiere mayor control aeronáutico. Por eso en la lista de aeronaves incautadas en 2009 también figura el avión de matrícula HJ-213, que se encontró abandonado en la alta Guajira. El hecho ocurrió el 22 de enero y se trataba de un ultraliviano que partió de Valledupar sin plan de vuelo establecido, el cual, ante el acoso de la Fuerza Aérea, fue abandonado en Puerto Chimares. Hoy aparece a nombre de Juan Germán Henao.
Las dos aeronaves restantes con líos, en el listado de diez en lo que va corrido del año, cubrían rutas en otro de los focos de estudio: el occidente del país. Por ejemplo, la avioneta HK-3358, que salió de Cali el 10 de julio de 2009 con rumbo al puerto de Buenaventura, pero se precipitó a tierra en la región montañosa de San Marcos, en el municipio de Yumbo (Valle). Al momento de acudir al siniestro, las autoridades encontraron, junto a dos cadáveres, 15 paquetes con 67 kilos de cocaína envuelta en látex.
De igual modo, el 25 de junio, en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, fue incautada la avioneta de matrícula N5000H, que se disponía a emprender vuelo hacía Panamá. En el interior de la pequeña bimotor se encontraron 784 kilos de cocaína y US$6.000 en efectivo. Dos hechos adicionales siguen preocupando: que el cargamento y la operación se hicieron en horas de la madrugada, y después se probó que la aeronave no está matriculada en Colombia, es norteamericana, pertenece a William Dale Hillin y realizaba vuelos con permiso de operación aérea.
El tema no es de poca monta y, según verificó El Espectador, es urgente que se examine cómo esta evolucionando en Colombia el negocio de las aeronaves. En 2008 se autorizaron alrededor de 51 matrículas y en lo que va corrido de 2009 el número ya asciende a 72. Si bien es claro que la aviación comercial ha ampliado significativamente su flotilla de aeronaves, también se advierte un significativo incremento de compra de aeronaves privadas. No en todos los casos hay suficiente verificación para saber de dónde provienen los dineros de los compradores a título personal.
El viernes, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, aseguró que el acuerdo con Estados Unidos les permitirá controlar 45 rutas detectadas que utiliza el narcotráfico para sus fines ilícitos. El último informe del Observatorio de Drogas habla de la incautación, a septiembre de 2009, de 159.255 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Es decir, si bien las autoridades han logrado avances en la lucha contra la droga, también está claro que el negocio sigue desbordado y que buena parte del alcaloide sale por vía aérea. Se espera que los radares compartidos ayuden a contener una guerra perdida.