El primer eslabón de la cadena surgió en La Hormiga (Putumayo) en 2003, cuando el comerciante David Murcia Guzmán, resaltando las iniciales de su nombre, creó la empresa DMG. Hoy, cinco años después, su misterioso invento económico tiene desconcertado al país. Las autoridades judiciales creen que hay algo ilegal pero no saben qué es; los bancos tratan de descifrar la fórmula mágica para detener su expansión y el gobierno tiene a todos sus expertos devanándose los sesos para entender el negocio, pero DMG crece vertiginosamente como una bola de nieve.
Según sus propios registros, la empresa ya cuenta con una nómina de 160 empleados permanentes, canceló impuestos por más de $5.000 millones en el último año, comienza expandirse a Panamá, Ecuador, México y Venezuela y asegura que asciende a 200.000 el número de usuarios satisfechos que pueden dar fe de la rentabilidad de sus inversiones en el modelo planteado por DMG. De hecho, su centro operativo en Bogotá, ubicado en la Autopista Norte con calle 197, se convirtió en el destino diario de centenares de personas que buscan multiplicar su dinero en pocos meses.
Es el tema de moda hasta en los círculos sociales más selectos y la pregunta obligada para los hombres de negocio: ¿será que me atrevo a invertir en DMG? En principio lo hicieron personas de estratos bajos que lo arriesgaron todo y ganaron. Después fue subiendo el nivel y nadie fue a denunciar que lo hubieran estafado. Hoy, voceros de la empresa admiten que con extremo sigilo lo están haciendo colombianos con alto poder económico. "Y también lo hacen miembros de la Policía y el Ejército y más de un funcionario de importante figuración", agrega una fuente de la exitosa firma.
En pocas palabras lo resume el abogado Abelardo de la Espriella, apoderado de la empresa: "Con DMG ocurre lo que pasa con las amantes, en el día se les esconde, pero en la noche se les ama". En cambio los clientes satisfechos ya empiezan a darle a la sigla otras interpretaciones. Dios Mío Gracias, Dame Más Ganancias o Diversificación de Mercado Global. La creatividad de la gente del común que no quiere saber de dónde viene el dinero sino que le dupliquen el suyo. Prueba de ello es que se están organizando para protestar contra las autoridades que vigilan a DMG y los bancos que la critican con énfasis.
El tema se está volviendo de tales proporciones que las autoridades económicas del país le han dedicado varias sesiones para evaluar el caso y se constituyó un grupo de trabajo integrado por la DIAN, la Fiscalía, el DAS, la Dijín y la Unidad de Análisis e Información Financiera del Ministerio de Hacienda para tratar de descubrir cómo funciona. Pero hasta ahora, salvo sanciones menores por minucias contables o ausencias de información, los expertos no han encontrado nada grave. Sólo indicios de un presunto y gigantesco lavado. DMG es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar.
Hoy por hoy, las autoridades, y detrás de ellos los bancos, le apuestan a dos vías: que la Fiscalía encuentre algún viso de ilegalidad en el negocio o que los legisladores apuren una reglamentación a la actividad de las tarjetas prepago, la base del negocio de DMG. Pero, de otro lado, está creciendo un problema social, de incalculables proporciones porque cada día son más los clientes que invierten, las grandes empresas que aceptan ser proveedores de su cadena de bienes y servicios y el número de ciudadanos que le apuestan a ganar dinero sin mayor esfuerzo. Si el negocio se revienta, ¿quién responde?
A la luz pública, el asunto parece una sugestiva novedad que tiene hablando a todo el mundo de ella, pero en los círculos económicos y judiciales la pelea está al rojo vivo y la sanción que esta semana le impuso la Superintendencia de Sociedades a DMG por $92 millones, constituye apenas el primer aviso. La Superintendencia Financiera ya había ordenado controles a DMG y a su sistema de tarjetas prepago y los abogados de la empresa replicaron anunciando que están dispuestos a llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin solución a la vista, el tema apunta a quedar en manos de la Fiscalía, que además de los interminables dilemas por resolver en materia de conflicto armado, secuestro o narcotráfico, tiene este "chicharrón" sin cerrar. Y concretamente se trata de cuatro procesos vigentes en la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva e ilegal de dinero, con pesquisas no propiamente contra DMG, sino contra personas asociadas a actividades de la controvertida empresa surgida en el departamento del Putumayo.
El primer proceso tiene que ver con la incautación de un camión con $7.370 millones en efectivo en el departamento del Putumayo. Según los investigadores del ente acusador, buena parte de los billetes estaban húmedos y con rastros de tierra, como si hubieran estado ocultos en algún refugio. Por eso pasaron a un trámite de extinción de dominio. El hecho ocurrió en agosto de 2007, pero 15 meses después no hay conclusiones, aunque el expediente sigue abierto contra David Murcia Guzmán por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El segundo proceso tiene que ver con los presuntos nexos entre DMG y la empresa de servicios financieros Cambios y Capitales S.A., que en 2007 fue incluida por las autoridades estadounidenses en la llamada Lista Clinton, porque sus capitales compartieron negocios con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. Aunque el propio fundador de DMG ha negado sus contactos con Cambios y Capitales, existen pruebas que demuestran que la empresa señalada por la justicia norteamericana debatió internamente sus inversiones con DMG. El proceso está en veremos.
Un tercer proceso está originado en un reporte del Banco Agrario, según el cual detectó una posible captación masiva de dineros del público por el grupo DMG por cuantía cercana a los $3.000 millones. La denuncia fue formulada por la Superintendencia Financiera y lleva un año en recaudo de pruebas, sin mayores avances. A la investigación fueron adicionados varios reportes de investigaciones administrativas, es decir, de las superintendencias. No obstante, desde junio de 2008 el proceso no tiene avances.
La última acusación proviene del decomiso de $4.760 millones en efectivo, el pasado 20 de septiembre en el aeropuerto de Manizales, en el momento en que eran trasladados de una avioneta a un vehículo particular y que resultaron pertenecientes a DMG. La explicación de los voceros de la empresa es que como el sistema financiero les ha cerrado las puertas, están obligados a mover grandes sumas de dinero en efectivo. Tampoco el tema ha tenido mayores avances en la Fiscalía, pero los dineros siguen decomisados en espera de explicaciones convincentes.
En resumidas cuentas, a DMG lo tienen en la mira y el propio fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, lo dejó entrever en la primera semana de octubre cuando en desarrollo de un consejo comunitario citado por el presidente Uribe para resolver el paro judicial, no descartó que en los negocios de DMG se estuviera presentando un caso de estafa y captación ilegal de fondos, sumados a un supuesto lavado de activos. No obstante, como salvando responsabilidades, advirtió que el caso aún está en la competencia de las superintendencias.
Sin embargo, a nueve meses de concluir su gestión, el fiscal Iguarán sabe que su obligación es despejar la incógnita más apremiante de los últimos tiempos en Colombia. Por ahora, el gestor de DMG vive en Panamá haciendo planes para expandir su negocio en Latinoamérica. Los bancos sufren porque saben que de abrirse paso el modelo DMG, su negocio va entrar en crisis. Pero el dilema está abierto: o el país esta ad portas de descubrir la mayor defraudación financiera de los últimos tiempos o, como lo advirtió un experto financiero, David Murcia puede convertirse en el nuevo Bill Gates del continente.