El informante Víctor Guzmán Ayala* Alzate tiene en jaque a dos entidades del Estado. Hace dos años les suministró a las autoridades la información clave que permitió recuperar US$82 millones de propiedad del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alías Chupeta. Como recompensa por su delación, la Policía le pagó $2.000 millones. No obstante la cuantiosa cifra, Guzmán está inconforme y, a través de sus abogados, presentó un recurso para que le incrementen la recompensa a $8.000 millones.
Un asunto que se sigue complicando, porque ad portas de un fallo definitivo, la magistrada encargada del caso, María Consuelo Rincón, de la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue promovida a otro cargo en la administración de justicia, posponiéndose la decisión. Por eso, la posibilidad de que los recursos queden en las arcas de la DNE se dilata y casi dos años después de la incautación, el dinero sigue congelado y a punto de descomponerse en las bóvedas del Banco de la República.
Por eso el debate se centra hoy en si la recompensa que le entregaron al informante fue suficiente o si, por el contrario merece más dinero. La decisión le corresponde a la justicia. Lo curioso del asunto es que mientras se decide un caso que parecía fácil de resolver, está paralizado un megaproyecto habitacional que busca darle vivienda a población pobre del Valle del Cauca.
Se trata del proyecto Santa Elena, una urbanización de 3.000 viviendas de interés social que beneficiarán a 1.100 familias de la comuna 18 de Cali que viven en sitios de alto riesgo. Una iniciativa que anunció el ministro de Ambiente, Juan Lozano, a comienzos del año, cuando expresó que cerca de $130 mil millones decomisados a alias Chupeta se invertirían en el proyecto de vivienda.
El vínculo
A finales de los 70 el informante Guzmán Ayala tenía clara su vocación militar. Por eso a los pocos años ya era teniente de la Armada. En 1977 fue instructor de un cadete alto, de buenos modales, elegante y que aparentaba buen comportamiento en la institución, llamado Juan Carlos Ramírez Abadía.
Varias veces compartieron asuntos institucionales. Pero con el paso de los años ambos salieron de la Armada y tomaron caminos diferentes. El teniente pasó a la administración pública, al tiempo que el cadete se dejó envolver por los tentáculos del narcotráfico en el cartel del norte del Valle.
Pero el destino los volvería a unir 21 años después, en un escenario poco usual. En 1998, Guzmán llegó al patio octavo de la cárcel de Villahermosa en Cali, sindicado del delito de peculado por apropiación derivado de sus actuaciones como gerente de Indumil en Buenaventura. Allí se reencontró con el cadete de buenos modales Ramírez Abadía y unos días le bastaron para comprender que estaba al frente de uno de los capos del narcotráfico en Colombia.
Y no sólo Chupeta estaba allí. Guzmán conoció a Víctor Patiño Fómeque, a Juan Carlos Ortiz, alias Cuchilla, y a uno de los mellizos Mejía Múnera, es decir, la crema y nata del narcotráfico en el Valle.
Era innegable la educación de Guzmán. Tanto, que su formación le permitió ganarse la confianza de la organización, al punto que se convirtió en el profesor personal de algunos de los capos, especialmente de Chupeta.
Guzmán se contaminó. Y esa confianza le permitió dentro y luego fuera de la cárcel conocer las intimidades de la organización. Supo quiénes integraban el cartel, quién manejaba los inmuebles y construía las caletas, quién las abastecía de dólares y, el asunto más importante; sabía al detalle la contabilidad del negocio, los reportes de envío de droga y tenía en su mente las claves para desencriptar la información. Allí conoció los gastos de la organización referentes al pago de “policía corrupta, personajes estatales y oficiales”.
Pero la muerte empezó a rondar la organización. Guzmán dio cuenta de cómo Chupeta descubrió que muchos de sus hombres empezaron a robarlo. Casallas o Laureano Rentería, por ejemplo. “Chupeta siempre ha dicho que a quien lo robe lo manda a matar, porque Chupeta lo que más quiere es la plata y las mujeres “, recordó el testigo a la justicia.
Confesión navideña
Aunque no es claro si lo hizo por temor a ser asesinado, por la búsqueda de la recompensa o para rehabilitarse, el 24 de diciembre de 2006, con el seudónimo de Nicolás o Mangosta, envió una comunicación a varias entidades, entre ellas la Presidencia de la República. En la misiva denunció las actividades de narcotráfico del cartel del Norte del Valle, de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y de su segundo, Laureano Rentería Castillo.
En dicha comunicación indicó además la ubicación exacta y el número de las caletas, se refirió en detalle a los dineros y lingotes de oro, relacionó 31 nombres y sobrenombres de la cúpula principal de la organización, otros de la familia y describió las inversiones de Chupeta. Incluso, señaló una caleta especial que tenía el capo para guardar sus relojes y prendas más finas.
Con base en esta precisa información, las autoridades iniciaron la Operación Faraón, que altos oficiales de la Policía Nacional mostraron con bombos y platillos como una operación de alta complejidad, cuando en realidad sólo consistió en seguir las
instrucciones que Guzmán entregó en una carta y posteriormente en persona y que derivaron en la incautación de cerca de US$82 millones ubicados en cuatro caletas. Además de euros, monedas canadienses, oro, joyas.
La recompensa
Guzmán sabía que tenía derecho a una recompensa. Por eso formuló un derecho de petición a la Policía Nacional para reclamar el dinero. De inmediato se reunió un grupo de oficiales y varios fiscales conceptuaron sobre el tema. El 6 de junio de 2007 el informante recibió $2.000 millones. Los recursos se giraron a través del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sucursal CAN, a las cuentas de tres personas autorizadas por el informante.
Sin embargo, desde ese momento el informante, a través de sus abogados, manifestó su inconformidad porque consideró la recompensa inferior a sus expectativas. Según se conoció, su aspiración era equivalente al 5%, de acuerdo con lo establecido por la ley de extinción de dominio. En concreto, pretendía que se le pagaran $8.000 millones.
El caso llegó a los Juzgados de Circuito Especializados de Descongestión, que el pasado 26 de agosto, en tres fallos, declararon la extinción del dominio de los US$82 millones encontrados en las caletas, así como inmuebles y otras joyas. En otro aparte de uno de los fallos, el juez determinó “no reconocer la retribución de que trata el artículo 6º de la Ley 793 de 2002 (de extinción de dominio), reclamada por el apoderado del informante”.
Adicionalmente, según certificó el capitán de la Policía Hernando González, el informante exigió en la entrevista inicial garantías de seguridad y que se le reconocieran por parte del Estado $3.500 millones, pero luego de una negociación se determinó que se le entregarían $2.000 millones como recompensa.
De igual manera, destacó un juez en uno de los fallos que, cuando se trata de pago por información para detectar caletas con dinero, los ejecutores de los gastos reservados tienen la potestad de negociar las recompensas con la fuente de acuerdo con la información suministrada.
El pasado 22 de agosto alias Chupeta fue extraditado a Estados Unidos. El informante Guzmán está ubicado en algún lugar del país a la expectativa de que la justicia le reconozca más dinero por delatar al capo. La justicia deberá fallar en una nueva instancia sobre el caso. Los dineros de la DNE seguirán congelados en el Banco de la República, al tiempo que las familias pobres de Cali esperan la construcción de un megaproyecto de vivienda digno.
*Nombre cambiado por seguridad