La avaricia Castaño en Las Tulapas

Esta semana se entregó por segunda vez Benito Osorio, clave en la expansión paramilitiar y protagonista de una de las más notorias historias de despojo del norte del país.

Fernando Hoyos Guerra y sus hermanos esperan que les restituyan las 296 hectáreas de su finca Nueva Australia, en el Urabá. / Diana Durán

Es como si la desdicha se hubiera ensañado con ellos: en julio de 1995, una incursión paramilitar les costó la vida a los hermanos Luis Edilberto y Néver Fray Hoyos Guerra y a dos de sus trabajadores. Un mes más tarde, las 296 hectáreas de su hacienda Nueva Australia pasaron a manos paramilitares. Siete años después, don Zoilo Bautista Hoyos —el patriarca del clan— murió por problemas en un corazón en zozobra desde que sus manos dejaron de acariciar la única tierra que reconocía como suya. Y en enero de 2012, los primos Fray Luis, Yadira y Olga Hoyos, hijos de las víctimas del 95, murieron electrocutados: su pecado fue subir a la azotea a colgar ropa.

La familia Hoyos Guerra, sin embargo, insiste en creer que quien ve el túnel, ve también la luz. La justicia, no obstante, ha sido tan parsimoniosa con ellos como con sus victimarios: apenas hace tres meses fue capturado Guido Vargas, el hombre que obligó a don Zoilo y a su esposa María Gertrudis —y a otras cientos de familias en la región— a ‘vender’ sus terrenos a Salvatore Mancuso, y apenas hace un par de semanas, un juez de Apartadó recibió la solicitud de que la Nueva Australia regresara a sus dueños originales. Mientras tanto se cuadraba la entrega, por segunda vez, de Benito Osorio Villadiego, un enlace fundamental para que las Auc pudieran expandirse a sus anchas en el Urabá. Se trata del emblemático caso de Las Tulapas.

En esta última semana, a Benito Osorio Villadiego lo han rodeado los muros de la cárcel de Corozal (Sucre). Se entregó el pasado 7 de junio tras conocer de la orden de arresto en su contra y fue recluido allí por razones de salud. Permanece además con miedo, pues cree que por su colaboración con la Fiscalía, la cual comenzó en septiembre del año pasado, más de uno está interesado en que deje de hablar para siempre. Osorio tiene dos investigaciones en contra por crímenes de lesa humanidad como desplazamiento forzado y apropiación de bienes protegidos, así como concierto para delinquir, lavado de activos y testaferrato. Tras casi 30 años de relaciones con el paramilitarismo y un año de cooperar con la justicia ante las irrefutables evidencias, aceptó cargos y hace un par de meses pidió acogerse a sentencia anticipada.

El año pasado, fue el propio Osorio quien aceptó que se prestó para registrar propiedades de Salvatore Mancuso, con quien tiene una relación personal de vieja data abiertamente admitida. Se trata de 16 predios en el área rural de Tierralta (Córdoba) que entre 2000 y 2001 resultaron a nombre de quien, se sabría después, era un gran testaferro de Mancuso: el ganadero Araam Asías Solar. En 2007 los terrenos pasaron a nombre de Osorio Villadiego y apenas unos meses después Asías fue asesinado. Ya para esa época Mancuso era uno más entre los casi 32.000 combatientes de las Auc que habían dejado las armas en el proceso con el gobierno Uribe. Hoy la Fiscalía examina si esos predios pueden servir para reparar a las víctimas de los ‘paras’.

Cuando se entregó por primera vez, Osorio llevaba varios meses huyendo de la justicia. Era un distinguido empresario, miembro de la élite cordobesa, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007, a quien el entonces presidente Álvaro Uribe nombró gobernador encargado de ese departamento. Se posesionó el 1° de enero de 2008, pero apenas duró 17 días en el cargo: la (desaparecida) revista Cambio publicó unas grabaciones que lo comprometían con Mancuso y de repente su respetada figura quedó en tela de juicio. Él mismo admitió ante la Fiscalía que era amigo de los Castaño desde 1987, al punto de revelar que fueron Vicente Castaño y la cuñada de éste, Sor Teresa Gómez, quienes lo promovieron para que llegara a la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba en 1997.

Tal era su cercanía con la casa Castaño, que no era de extrañarse que en 1995 le dijera lo siguiente al periódico El Meridiano de Córdoba: “Es deber del gobierno departamental oír las sugerencia de la comunidad civil, la cual demuestra afecto y respeto por Fidel Castaño”. Según la Fiscalía, Osorio llegó a afirmar que su amistad con Fidel Castaño era tan cercana que era como si fueran parientes. Él mismo admitió su cercanía con los grupos de autodefensa, en general, y una vez gerente del Fondo Ganadero de Córdoba facilitó el despojo de Las Tulapas, comprando 3.647 hectáreas de campesinos que habían sido engañados por una estructura en la que participaron funcionarios públicos, miembros de las AUC y particulares, todos bajo investigación ahora.

El de la familia Hoyos Guerra, de acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, es un caso bastante representativo del despojo en Las Tulapas —aunque su finca fue adquirida por Mancuso y no por el Fondo Ganadero—. Es, por demás, el mayor despojo de tierras que vio Antioquia: algo más de 20 mil hectáreas. Es que se trata de la “mejor esquina” del país, con salida al Pacífico y al Atlántico —lo que favoreció el tráfico de drogas y de armas— y tierras fértiles para explotar madera, caucho o carbón. Y era también una región olvidada hasta por Dios. Allí hacían presencia grupos guerrilleros como las Farc y el Epl pero, como lo señala la propia demanda que presentó la Unidad de Restitución en nombre de la familia Hoyos Guerra, los intereses económicos en esta región fueron quizá mucho más fuertes que los antisubversivos.

La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que lidera las pesquisas de Las Tulapas, investiga si Benito Osorio y gente de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba lavaron dineros del paramilitarismo a través de la compra de tierras en Las Tulapas. El propio Osorio ha admitido que Carlos, Vicente y Fidel Castaño eran accionistas del Fondo; que ya en los 90, siendo secretario de Gobierno departamental, se reunía con Carlos Castaño y Sor Teresa Gómez, para debatir temas de orden público. Entre sus declaraciones más importantes, sin embargo, está una que dio el 17 y el 18 de julio de 2013: aseguró que para 1997, fecha en que se empezaron a ‘comprar’ los terrenos de Las Tulapas a los campesinos, nunca hubo combates con la guerrilla.

Esa afirmación contrasta notoriamente con una que su amigo Salvatore Mancuso le había entregado a la Fiscalía en noviembre de 2011 y que, cuando menos, raya en el cinismo: “Cuando se vienen los combates con las autodefensas y las guerrillas en la zona (Las Tulapas) los campesinos no encuentran otra opción diferente que salir corriendo para preservar su vida (...) incluso el comandante Rodrigo Doble Cero, en las diferentes incursiones que ejecutaban en esa región, les pedía a los campesinos que mientras se daban los combates y consolidábamos los combates salieran de esa zona, los campesinos asustados con esta dinámica con esta situación unos antes de que se presentaran estas cosas vendieron sin ningún tipo de presión”.

A la larga, lo que terminó sucediendo fue que cientos de familias como la Hoyos Guerra tuvieron que abandonar sus tierras. En el caso de ellos, Mancuso envió con Guido Vargas dos cheques que resultaron ‘chimbos’, nunca tuvieron fondos. Por esas 296 hectáreas recibieron realmente $1 millón y allí viven familiares de Guido Vargas con la venia de documentos del Incoder, además de que ya hay dos títulos mineros y uno más está en análisis. De hecho, la Fiscalía quiere terminar de descifrar el enmarañado de Las Tulapas para pasar a estudiar si las grandes empresas que hoy explotan en esa zona teca, caucho o madera —principalmente— sabían de antemano que se trataba de terrenos despojados y si se aprovecharon de esa tragedia para obtener beneficios económicos.

La importancia del expediente Las Tulapas radica en que podría ayudar a develar las redes de apoyo económicas del paramilitarismo y sus nexos con servidores públicos: en esta investigación hay exnotarios, exregistradores y exfuncionarios del extinto Incora en aprietos. Podría ser una manera de resarcir una deuda mayúscula entre la Fiscalía y el país, que sigue creciendo a medida que el tiempo pasa: las escasas investigaciones sobre la paraeconomía. Hasta ahora, a duras penas se sabe que en el Urabá las multinacionales bananeras financiaban grupos paramilitares, y pare de contar. El expediente de Las Tulapas, por su trascendencia, podría ser sin embargo suficiente para dilucidar esa dimensión paramilitar que nada tenía que ver con su lucha contra la guerrilla.

 

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