La caída de Alejandro Ordóñez de su trono como procurador, así fuera producto de una sentencia judicial, calmó las aguas revueltas en el entorno político del Gobierno, sus aliados y los sectores afines al proceso de paz. Sin embargo, la elección de su sucesor se está convirtiendo en una batalla campal en los directorios políticos y los círculos judiciales, sin que por ahora se avizore quién va a ser el elegido para ejercer el poder disciplinario y qué efectos políticos dejará en la unidad nacional del presidente Santos.
El primer escollo surge de la inocultable práctica política de mover las fichas para que los organismos públicos queden en manos específicas. Si la Defensoría del Pueblo quedó en cabeza del Partido de la U o la Contraloría en el Partido Liberal, ahora se rumora que la Procuraduría es para los conservadores. De hecho, en los últimos ocho años tuvo este sello con Alejandro Ordóñez. Este viernes, el presidente Juan Manuel Santos anunció su candidata: María Mercedes López, exmagistrada de filiación conservadora.
Veinticuatro horas antes del anuncio, todo apuntaba a que el candidato del Gobierno iba a ser el exministro Eduardo Pizano, también conservador. Sin embargo, el asunto se enredó porque supuestamente no tenía suficientes años de experiencia en el mundo judicial. Al final, el propio Pizano desistió sin ser postulado, argumentando que la demora del Gobierno no le daba suficiente tiempo para hacer campaña. Aunque se barajó el nombre del exmagistrado Wilson Ruiz, el guiño fue por María Mercedes López.
Y no se había formalizado el anuncio cuando empezaron a escucharse voces críticas. La primera de ellas, de la senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien independientemente de la persona postulada por el Gobierno, anunció que su colectividad está dispuesta a romper con la costumbre de hacer acuerdos burocráticos para asignar las instituciones. López señaló que la Procuraduría no puede ser hipotecada o parcelada a ningún partido y le darán sus votos al más idóneo para el cargo.
El lío es que ni siquiera dentro del Partido Conservador parece existir unidad frente a la elección. En círculos políticos se asegura que hay un sector que por fuera del directorio le está haciendo campaña al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. El influyente senador Hernán Andrade, por ejemplo, oriundo del Huila, el mismo departamento de donde proviene Perdomo, no ha ocultado su intención de apoyarlo y se dice que ya está moviendo caciques electorales de su misma divisa para secundarlo.
Hasta este viernes, al margen de los dilemas jurídicos, la expectativa por el nombre de Eduardo Pizano planteaba fisuras en el conservatismo. La opción de Wilson Ruiz parecía más favorable a la unidad. Ahora que María Mercedes López está postulada, se baraja de nuevo. Con un antecedente: la exmagistrada López vuelve al ruedo porque hace cuatro años también fue candidata del Gobierno y aunque se retiró a última hora cuando vio que todo estaba consumado en favor de Ordóñez, alcanzó cinco votos.
En otras palabras, esta semana empieza en pleno la campaña por la Procuraduría, que se resuelve entre los políticos que hoy integran el Senado. Con una diferencia en los giros de los últimos tiempos en la unidad nacional que acompaña al gobierno Santos. Hace cuatro años, sin que se pusieran de acuerdo los postulantes, los tres candidatos eran conservadores. Ahora, la terna tiene a dos liberales cercanos al expresidente César Gaviria y una conservadora que ya sabe cómo se elige procurador.
En una campaña tan breve, cada día es crucial. Por eso María Mercedes López entra con desventaja de nueve días respecto al candidato del Consejo de Estado, el exministro liberal Fernando Carrillo Flórez, y ocho frente al aspirante de la Corte Suprema de Justicia, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. La evidencia es que desde hace una semana, Carrillo y Perdomo trabajan intensamente dentro y fuera del Congreso para sumar votos. Como cualquier elección, con sus jefes de debate y ágapes.
Tras bambalinas se dice que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le venía dando una mano a Fernando Carrillo porque la opción de Jorge Fernando Perdomo definitivamente no encaja mucho en las perspectivas de la Casa de Nariño, incluida la Vicepresidencia. Lo que no está claro es si con la postulación de María Mercedes López y las expectativas del conservatismo de mantener a uno de sus copartidarios al frente de la Procuraduría, y por aquello de la unidad nacional, cambien los apoyos.
En este río revuelto, la opción de Jorge Fernando Perdomo no es descartable por las divisiones, pero también difícil por las resistencias. De los tres candidatos, es el que más enconadas críticas ha recibido, no sólo de sectores políticos, sino judiciales y hasta periodísticos. Se da casi por descontado que el Centro Democrático votará en su contra. En Cambio Radical la señal apunta hacia el mismo objetivo, pero se rumora que un grupo promovido por el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao no descarta apoyarlo.
La lluvia de cuestionamientos contra Perdomo viene de varios frentes, como quienes sostienen que la Corte Suprema de Justicia lo postuló porque la Fiscalía que regentó Eduardo Montealegre se llenó de nombramientos de familiares de los magistrados. O los que por esta misma vía lo asocian al pasado cuatrienio en el ente investigador, con los contratos de la analista Natalia Springer, las omisiones del caso Saludcoop o la fallida universidad de la Fiscalía abordo. Y aquellos que critican sus contratos cuando fue fiscal.
Sobre este aspecto, en las últimas semanas han circulado múltiples informes periodísticos que hablan de más de 800 nombramientos provisionales y más de 100 contratos durante los cuatro meses en los que Jorge Fernando Perdomo ofició como fiscal general de la Nación encargado. Estos últimos, según la periodista María Isabel Rueda, sumaron más de $19.000 millones. El ruido ha sido tan intenso y los detalles tan inquietantes, que a la Comisión de Acusación ya llegó una solicitud de investigación penal.
En su momento, Perdomo expidió una declaración explicando que, por decisiones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, la entidad tenía la obligación de incorporar en carrera administrativa especial a cerca de 1.700 personas que superaron un concurso público de méritos, sin afectar los derechos laborales de sus trabajadores activos. Además aclaró que quedaron vacantes 394 cargos, de los cuales 192 fueron provistos con personal de la institución mediante una política de ascensos.
En el mismo comunicado, la Fiscalía, todavía orientada por Perdomo, sostuvo que desde que él asumió como jefe del ente investigador se habían celebrado 64 contratos por valor superior a los $8.000 millones, dentro de los cuales se destacan los de prestación de servicios, mantenimiento de equipos o asuntos financieros. Otros contratos correspondieron a compra de municiones para el CTI, Dirección de Protección o materiales de oficina. El 85 % de los nombramientos se hicieron en las regiones.
Esta semana se conoció un informe de la Contraloría cuestionando el manejo dado a bienes decomisados por la Fiscalía en la administración Eduardo Montealegre-Jorge Perdomo, con otros reparos en contratos o asesorías inconvenientes. La Fiscalía que hoy dirige Néstor Humberto Martínez, al tiempo que revivió el caso Saludcoop, anunció pesquisas por el sonado caso de los millonarios contratos de la analista Natalia Springer y el propio Jorge Fernando Perdomo tendrá que declarar sobre el caso.
A pesar de la andanada de críticas en su contra, el exvicefiscal sigue siendo candidato fuerte para ser procurador. El más cercano antecedente lo demuestra. Cuando las cábalas en la Corte Suprema daban por candidatos a Wilson Ruiz o Humberto Sierra, el exvicefiscal les ganó en el último hervor. Eso es lo que se dice en los círculos políticos, porque salvo el Centro Democrático o el Polo, se sabe que Perdomo tiene aliados en el liberalismo, Cambio Radical, Alianza Verde, la U y hasta los conservadores.
Aunque los liberales parecen jugados con Fernando Carrillo, es casi público que el senador Álvaro Ashton está más cerca del exvicefiscal. De todos modos, si la balanza se inclina del lado de Carrillo o de Perdomo, es un secreto a voces que ganaría el expresidente César Gaviria. El candidato Carrillo fue su ministro de Justicia y la relación es fluida. El candidato Perdomo es también cercano y de hecho fue manifiesto el malestar del exmandatario cuando no fue incluido por el presidente Santos en la terna para fiscal.
Así las cosas, en caso de una situación extrema, los votos decisivos podrían estar en el Partido de la U, mayoritario en el Congreso, o en las minorías. Por los lados de la U, el único acuerdo que parece abrirse paso es votar en bancada y en lo posible respaldar al gobierno Santos. Si ese guiño no es contundente, no se descarta una desbandada hacia Perdomo, porque los legisladores ya lo conocen. En todo este proceso, el otro actor es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pendiente de los costos del desenlace.
En cuanto a las minorías, Opción Ciudadana, con cinco senadores, sabe que puede tener un as guardado. Por lo pronto, se conoce que Perdomo ha buscado un acercamiento y que Carrillo no entusiasma mucho. Hasta este viernes la expectativa era conocer la fortaleza del candidato del Gobierno para saber cómo moverse. Ahora está claro que vuelve al ruedo María Mercedes López y en buena medida todo depende de que además de ser la postulada por el presidente sea realmente la que cuente con su respaldo.
El tema es para alquilar balcón y la historia muestra tendencias. Desde que se dispuso la forma actual de elección del procurador, las cargas se inclinan más del lado de la Corte Suprema de Justicia. En 1994, Orlando Vásquez llegó con el respaldo del Consejo de Estado. En 1997 triunfó Jaime Bernal ternado por el gobierno. Edgardo Maya fue procurador entre 2001 y 2009, en dos períodos respaldado por la Corte Suprema. Alejandro Ordóñez ganó primero con el Consejo de Estado y después con la Corte.
En otras palabras, el peso de la Corte Suprema de Justicia, juez de los congresistas, parece muy influyente. Lo demás es el escenario que recibe el procurador, que tendrá el poder disciplinario entre 2017 y 2020. Es decir, el resto del gobierno Santos, con ocho ministros y exministros con asuntos pendientes en la Procuraduría, entre otros altos funcionarios, y el comienzo del próximo gobierno, incluidas las decisiones derivadas del proceso de paz, el posconflicto y los obvios desafíos administrativos.
