Disputa entre FCF y SIC toma rumbo internacional

Hace dos años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) empezó una investigación que tiene bajo la lupa a varios directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a la entidad misma, a las empresas Ticket Ya y Ticketshop, y a sus socios, por el escándalo de la reventa de boletas para los partidos de la eliminatoria a Rusia 2018. El ente de control sostiene que el contrato de boletería que se ganó Ticketshop, por más de $40.000 millones, solo fue una fachada para que la sociedad cartagenera Ticket Ya manejara realmente el negocio. Y agrega que, supuestamente, esa última compañía realizó gestiones indebidas en el seno del Comité Ejecutivo de la FCF para transar la supuesta maniobra. (Lea aquí: El coletazo de la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol)

El 30 de julio de 2018 comenzó el procedimiento sancionatorio en la SIC y hoy la entidad está ad portas de una primera decisión para resolver si hay responsabilidad o no de los investigados y, por lo tanto, si hay lugar a sanciones. Por lo pronto, un informe motivado de la Delegatura para la Protección de la Competencia recomienda al superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, sancionar a los imputados. Pero, en medio de los ánimos caldeados por la proximidad de la decisión, cada quien ejerce su defensa y de contradicción en el proceso, con la consideración de que Iván Arce y César Carreño, ejecutivos de Ticketshop que desde el comienzo del caso aceptaron su responsabilidad y se convirtieron en delatores. (Lea aquí: “Armar una historia a partir de chismes es irresponsable”: asesor de la FCF)

En particular, la Federación Colombiana de Fútbol protagoniza una disputa jurídica con la Superindustria y critica las actuaciones del ente de control, por considerarlas irregulares. Sus reclamos se han materializado en una tutela, varias peticiones de nulidad, recusaciones contra funcionarios y una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, pero el marcador para la FCF no ha sido favorable ni sus reclamos han sido atendidos. Por ahora la SIC lleva la delantera. Sin embargo, al caso se suma por estos días una novedad: la pugna escalará a la arena internacional, pues la FCF decidió acudir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para exponer su inconformidad.

La FCF argumenta que la Superindustria no ha incorporado las recomendaciones que hizo en 2016 la OCDE a Colombia en materia de competencia, y que el expediente de la reventa de boletería es un ejemplo. “Se considera legítimo que la FCF acuda ante la organización internacional, a título de sugerencia, y ponga de conocimiento que, en materia de derecho de la competencia, no se estarían adoptando ni respetando las recomendaciones formuladas en 2016. Lo anterior, con la finalidad de que la OCDE, si encuentra mérito, realice las averiguaciones pertinentes e inste al Gobierno de Colombia al respeto y la adopción de las directrices en esta materia”, se lee en el documento.

En 2013, el consejo de la OCDE abrió discusiones sobre el ingreso de Colombia a la organización y publicó una hoja de ruta. En respuesta, el país presentó un memorando inicial en el que expuso la situación de sus políticas y, con base en este documento, los comités técnicos de la OCDE hicieron sus respectivas evaluaciones y recomendaciones. Uno de esos comités se encargó de analizar el derecho de competencia y expidió sugerencias relacionadas con el debido proceso, la imparcialidad, la publicidad, los impedimentos y la independencia de funciones. Son estos temas los que, según la FCF, no se han cumplido en el expediente de la reventa de boletas.

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Puntualmente, la Federación dice que el superintendente delegado que adelanta la investigación y el superintendente de Industria y Comercio que actualmente juzga y decide, no son instancias independientes y que, en consecuencia, no se garantiza la imparcialidad. Para sustentarlo cita, como un ejemplo concreto, el hecho de que el entonces superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, haya anunciado en una rueda de prensa, en julio de 2018, la apertura de la investigación sobre la reventa de boletas, en compañía del entonces delegado de la misma entidad oficial, Jorge Sánchez.

“Tal y como reconoció la OCDE, la naturaleza del procedimiento administrativo (…) dispone la separación de las funciones (…) esta separación se traduce en una muralla china (…), pero la SIC no está respetando la separación (…) De forma abierta y pública, el exsuperintendente (Pablo Felipe Robledo) se inmiscuyó indebidamente en la fase del procedimiento adelantada por el entonces delegado (…), conocía el expediente que, en teoría, debía conocer únicamente Jorge Sánchez (el delegado)”, afirma la Federación Colombiana de Fútbol en el documento que será presentado ante la OCDE.

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Adicional a esta discusión, la FCF afirma que les han vulnerado la presunción de inocencia a los investigados, porque desde el comienzo de las averiguaciones fueron prejuzgados públicamente. Para sustentar sus conclusiones anexó las declaraciones entregadas por el entonces superintendente Robledo en la citada rueda de prensa. La Federación dice que varias de las afirmaciones públicas emitidas ese día fueron parcializadas y prejuiciosas. Entre las evidencias que dice tener está un comentario: “La Superintendencia tiene las evidencias probatorias que muestran cómo la FCF sabía que las boletas se estaban desviando”.

El otro reclamo apunta al actual delegado para la competencia, Juan Herrera Saavedra, quien motivó el informe que hoy está en el despacho del superintendente. La FCF menciona que el funcionario estuvo presente en la rueda de prensa y compartió en su cuenta de Twitter las declaraciones de Robledo. Esto evidencia, según la FCF, que Herrera tenía preconcepciones y “animosidad frente al caso, lo cual pone en tela de juicio su imparcialidad”. La FCF quedó inconforme también con el trámite de la recusación que interpuso contra Herrera y fue negada. Alega que el mismo Herrera debía resolverla, pero que la entidad aplicó otra ley y la resolvieron funcionarios distintos al delegado Herrera.

Por último, la FCF reclama una supuesta extralimitación del principio de publicidad en la apertura de la investigación, pues se realizaron “condenas públicas prematuras”, en especial los comentarios que el entonces superintendente Pablo Felipe Robledo hizo en un medio de comunicación. Por ejemplo, el exfuncionario manifestó: “No entiende uno como la Federación no sumó y no restó para saber que detrás de ese negocio no había un negocio de venta, sino de reventa”. La FCF concluye en su alegato ante la OCDE que “es diferente publicar la decisión de abrir la investigación en un periódico (el deber ser, según la FCF), a realizar eventos públicos de amplia difusión y prejuzgar a los investigados”.

Aunque al convenio con el que Colombia entra a la OCDE le faltan un par de requisitos formales, la FCF señala que el país, antes de adherirse formalmente a la organización, tiene el deber de implementar las recomendaciones que en su momento se le formularon. En tal sentido, pide que se promuevan protocolos para eliminar estas actuaciones que, en su opinión, lo que buscan es condenar mediáticamente a los investigados. En contraste, insiste la Federación, las pruebas en el expediente de la SIC determinan que la FCF no es responsable, en ningún cargo, de lo que se conoce como el caso de la reventa de las boletas.

La tutela que perdió Rodrigo Rendón en primera instancia

Otro de los puntos que expondrá la FCF ante la OCDE es que la declaración de Iván Darío Arce Gutiérrez, directivo de Ticketshop, se encuentra recortada en el expediente. Esto, según la FCF, implica una violación directa al debido proceso y la regulación legal en materia de pruebas. Por eso solicitó la nulidad, pero la SIC consideró este hecho intrascendente y la negó. “Con esta prueba recortada, la SIC fundamentó su resolución de apertura de investigación, con la cual empezó una campaña mediática para condenar prematura e ilegalmente a los investigados”, añadió la FCF en el documento que será presentado en la OCDE.

Pero este mismo hecho fue reclamado también hace un mes por Rodrigo Rendón Ruiz, relacionado con Ticket Ya y el equipo de fútbol Real Cartagena. Mediante una acción de tutela, coadyuvada por la FCF, el empresario pidió la nulidad de la declaración de Iván Darío Arce y se ordenó volver a recolectarla. El juez negó las pretensiones y, por el contrario, dijo que no se violó el debido proceso y que la SIC no actuó de forma irregular.