DNE, hasta diciembre de 2013

Líos para inventario de bienes incautados a la mafia y falta de recursos para que Minjusticia asumiera su administración fueron las razones.

El caos que reinó en la cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) es lo que hoy permite, de manera paradójica, que el Gobierno le alargue la vida hasta diciembre de 2013, manteniendo sus funciones de administrar los bienes incautados a la mafia. La dificultad para hacer el inventario de propiedades incautadas y la falta de presupuesto en el Ministerio de Justicia para asumir las tareas de la DNE llevaron a que el Gobierno decretara la prórroga.

La liquidación la había anunciado el propio presidente Juan Manuel Santos en septiembre del año pasado, argumentando que al país no lo sorprendían los problemas de corrupción y de ineficiencia administrativa que tenía la entidad. A través del decreto 3183 se daba un año para acabar con la entidad y trasladar sus funciones a los ministerios de Justicia y de Hacienda.

Sin embargo, desde el comienzo del proceso de liquidación todo estuvo mal. La primera obligación, que era entregar en tres meses todos los archivos de los bienes en extinción de dominio al Minjusticia, se incumplió. Esto obligó a dar una prórroga hasta el pasado 2 de julio, que tampoco se acató.

La razón detrás de estos incumplimientos quedó consignada en varios oficios enviados por los encargados de la liquidación, en los que revelaron la dificultad para elaborar el inventario y para definir cuáles propiedades pertenecen al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y cuáles están en procesos penales por narcotráfico.

Supuestamente, para corregir esta situación anunciaron la creación de un nuevo sistema integral de depuración contable, que permitirá la migración de la información a la nueva base de datos para administrar los bienes. Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha cumplido el 31% de esta depuración, por lo que anunciaron que no podrán acatar el plazo para liquidar la DNE y hacer la entrega del inventario al Ministerio de Justicia.

Tal parece que este anuncio fue más un alivio que una preocupación para el Gobierno. La razón es que así hubieran terminado la liquidación a tiempo, el Ministerio de Justicia no tiene cómo asumir las funciones de la DNE. En el decreto de prórroga de esta tarea quedó claro que el Minjusticia no tiene presupuesto para asumir las funciones de la DNE en los antiguos procesos de extinción de dominio. “Se están adelantando las gestiones administrativas y presupuestales que le permitan asumir de manera eficiente esa función”, señala el decreto.

La nueva prórroga quedó consignada en el decreto 1420, expedido por el Ministerio de Justicia el pasado 29 de junio y firmado por el ahora exministro Juan Carlos Esguerra (justo antes de dejar su cargo), junto al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y a Elizabeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El año pasado la DNE fue epicentro del escándalo, cuando se descubrió que varios congresistas llegaban a la entidad para pedir que se le entregara a sus recomendados la administración de bienes incautados al narcotráfico. Además, se encontró que varias propiedades habían desaparecido del inventario.

Funcionarios y congresistas investigados

La Fiscalía procesa a particulares y exfuncionarios de la DNE por delitos como prevaricato, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal, falsedad en documento y concierto para delinquir. Entre los procesados están el exdirector de la entidad Ómar Figueroa y su asistente, Jairo Coral, además de los exfuncionarios Manuel Francisco Ospino, Juan David Gutiérrez y Javier Mantilla Sandoval. También, Luis Fernando Rojas Cañón, conductor de un presunto narcotraficante y depositario de nueve bienes incautados a la mafia. La lista la completan Jairo Alfredo Muñoz Parra, quien actualmente es servidor público en Valledupar; Liliana Garavito Jiménez, quien denunció al exdirector Figueroa, y Óscar Castilla Alarcón.

A esta lista se suma la de 13 congresistas a quienes la Corte Suprema de Justicia investiga por presunto tráfico de influencias para que conocidos suyos fueran elegidos como depositarios de los bienes incautados a la mafia.