El arroz de la discordia

Desde hace dos meses, los principales molinos pelean contra la millonaria multa que les impuso el Estado por manipular precios.

El arroz es uno de los principales productos de la canasta familiar, pero su precio fue manipulado. / Archivo Particular

El arroz es un producto básico de la canasta familiar colombiana. Según Fedesarrollo, tiene un impacto importante sobre la pobreza, especialmente en el sector rural. En general, es un cereal insustituible para los consumidores. Sin embargo, lo que no conocen quienes lo compran es que dos empresas que controlan el 33% del mercado nacional hoy están enfrentadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, que las señala de manipular los precios para obtener utilidades económicas y controlar la libre competencia del producto.

Se trata de Molinos Roa y Molinos Florhuila, que según la Superindustria y Comercio poseen los mismos accionistas y administradores, constituyen dos sociedades de familia y, desde 2006, desarrollan un proceso de integración económica. El litigio consiste en que el organismo estatal sostiene que, ejerciendo poder de mercado, lograron que ningún comercializador del popular producto vendiera por debajo del precio que las dos empresas impusieron, afectando el mercado de un alimento insustituible en la canasta familiar.

El caso ya agotó sus instancias jurídicas en la Superintendencia de Industria y Comercio, y las dos empresas afectadas afrontan una sanción pecuniaria de $32.000 millones. Sin embargo, la Organización Roa-Florhuila sostiene que nunca manipuló los precios y que puede aportar más de 500 testimonios de sus clientes para desmentir los cargos oficiales. Una millonaria disputa en torno al principal producto de consumo de los colombianos, que compromete a las empresas que actualmente tienen presencia en el 85% del territorio nacional.

La investigación de la Superintendencia, en buena medida basada en el análisis de los correos electrónicos entre los principales ejecutivos de Molinos Roa y Arroz Florhuila, revelan que ambas empresas, con políticas afines en plataformas logísticas, personal operativo y gerencias, “imponían a sus clientes o aliados comerciales los precios de venta al público de sus productos, estableciendo un máximo de diferencia respecto al precio en la plaza de mercado. Es decir, ganaban a toda costa.

Según el organismo de control, monitoreaban sistemáticamente cada ciudad donde sus clientes tuvieran presencia, con una estrategia orientada a que los precios de las plataformas mayoristas como Makro o Atacadao de ninguna manera pudieron ofrecer precios inferiores. En caso de ser desatendidas las directrices de las empresas investigadas, Roa o Florhuila provocaban la terminación unilateral de su relación comercial. Entre otras razones, porque prohibían a sus clientes trasladar descuentos a sus consumidores finales.

La pelea entre el Estado y las dos arroceras va en que el primero sostiene que los dos molinos incurrieron en actos de influencia ilegal en la política de precios, creando un indebido control del mercado para impedir que los consumidores obtuvieran mejores precios. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio insiste en que la influencia de las dos empresas comprometidas estuvo orientada a que cualquier competidor desistiera de su opción de rebajar los precios para controlar el poder.

En términos técnicos, la cadena productiva del arroz está compuesta por cuatro eslabones: la producción, el procesamiento industrial -la molinería-, la comercialización y el producto final. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la capacidad del consumidor, si bien es indiferente frente a las opciones del mercado, sí se limita a ciertas marcas. Por eso, en un mercado que supera los $70.000 millones, la presión competitiva es determinante. Eso indica el poder de Molinos Roa y Florhuila para influir en los precios.

Según el organismo de inspección, las compañías investigadas presionaban a sus clientes con los precios de venta, estableciendo un máximo en pesos de diferencia con el costo de la plaza de mercado, y si esa orientación era desacatada, precipitaba la culminación del negocio. En otras palabras, ejercían un carácter anticompetitivo, orientado a intervenir en la política de precios, tomando retaliaciones contra aquellas empresas que no atendieran sus propuestas económicas.

El tema tiene conmocionado el mercado del arroz, porque además de la multimillonaria multa impuesta por el superintendente Pablo Felipe Robledo, la sanción compromete a altos directivos del gremio arrocero. Aníbal Roa Villamil, presidente, representante legal y miembro de la junta directiva, tanto de Molinos Roa como de Florhuila; Édgar Gaviria Herrera, gerente nacional de ventas de la primera de las compañías citadas; Pablo Julio Gutiérrez, gerente de Molinos Florhuila, y Hernando Rodríguez, alto directivo de ambas empresas.

La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio se inició después de una visita de inspección que se adelantó en junio de 2010. Cinco años después, vencida la etapa probatoria, el Estado ratificó que las dos marcas dominantes del mercado, a través de sus maniobras para controlar los precios, estaban limitando la capacidad al consumidor final para sustituir su intención de compra por determinado producto. Una situación más compleja si se tiene en cuenta que desde 1992, muchos molinos han ido desapareciendo.

Por el monto de las multas impuestas a Molinos Roa y Florhuila, además de sus principales ejecutivos, el tema no es de poca monta. La organización que los integra sigue insistiendo en que no manipuló los precios y que, en cambio, el Estado ha incurrido en serios errores de procedimiento. Hace una semana fue resuelto el último recurso y volvió a ser en contra de las compañías arroceras. Lo cierto es que alrededor del principal producto de consumo familiar se libra una pelea económica que va para largo.

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La estrategia empresarial de control de precios 
 
Según información de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre 2009 y 2011, Molinos Roa, Florhuila y la firma Dicorp participaron en el 49% de la cuota del mercado arrocero del país. El diagnóstico señala que junto a Procearroz, Arroz Caribe y Uniarroz lograron el 69% de las ventas totales a nivel nacional.
 
En otras palabras, son muy pocas las empresas que concentran el mercado del arroz blanco, lo cual implica un poder económico que requiere control del Estado. Las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio demuestran que las empresas comprometidas distorsionaron el régimen de competencia en el sector.
 
El organismo de vigilancia concluyó que al imponer precios a los consumidores y tomar represalias contra los clientes, se configuró una influencia ilegal para incrementar los costos de los productos y, de paso, para impedir una intención de rebajarlos frente a las perspectivas de los compradores del bien clave de la canasta familiar.

 

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