El costo de enfrentar al narcotráfico

La historia de una exitosa oficial de la Policía que fue retirada por “móviles oscuros”. Ahora será reintegrada.

Desde el 30 de diciembre de 2008, día en que fue notificada de su retiro del servicio activo de la Policía, la entonces mayor María Elena Gómez Méndez empezó a dar la pelea por demostrar la injusticia de su salida. Hace un mes, el Tribunal de Cundinamarca le dio la razón y, al ordenar su reintegro a la institución, admitió que su retiro “no obedeció a condiciones del mejoramiento del servicio, sino a móviles oscuros”. Sus investigaciones contra el narcotráfico y los tentáculos con el Estado la volvieron incómoda. Ahora está de regreso.

Su eficiente recorrido en la Policía comenzó en noviembre de 1992, cuando recibió el grado de subteniente, ocupando uno de los primeros puestos de su promoción. Por eso, después de un breve paso como comandante de la Policía de Menores en su natal Pereira, rápidamente fue vinculada a la Unidad Investigativa de la Sijin en Bogotá, donde demostró habilidad y tesón para enfrentar el delito, en especial en casos de secuestro y narcotráfico. Año tras año, su hoja de vida se fue llenando de menciones honoríficas y condecoraciones.

Después de 13 años de trabajo y capacitación, que le valieron ser calificada por sus superiores como dueña de un comportamiento “superior y excepcional”, por su experiencia como coordinadora del grupo de inteligencia antinarcóticos en Cali y coordinadora del grupo nacional contra el narcoterrorismo, en 2005 fue escogida para una misión especial. El entonces general Jorge Daniel Castro dispuso que fuera ella quien liderara las pesquisas contra un grupo de narcotraficantes y delincuentes que venía actuando en el Tolima.

Semanas atrás, y luego de insistentes labores de inteligencia, durante un registro de la Policía en dos fincas situadas a las afueras de Ibagué se había encontrado un poderoso arsenal de origen desconocido. La primera tarea fue esclarecer que dichas armas habían sido entregadas por el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia a los narcotraficantes Eduardo Restrepo Victoria y Wílber Varela, para sostener la guerra que este último capo del norte del Valle venía adelantando con su rival Diego León Montoya Sánchez.

Sobre el capo Wílber Varela, alias Jabón, y su red criminal conocía muy bien la oficial Gómez Méndez por sus labores de inteligencia en Cali. En cuanto a las andanzas de Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, constituían un misterio para las autoridades, pero se rumoraba con insistencia en el Tolima sobre su extraordinaria capacidad para corromper políticos o miembros de la Fuerza Pública. Además, se le atribuía responsabilidad en el crimen del veedor ciudadano Félix Eduardo Martínez, asesinado en Ibagué el 19 de enero del año 2003.

Las labores de inteligencia de la oficial Gómez Méndez y su grupo cuajaron a finales de marzo de 2005, cuando fue capturado en Ibagué un joven de escasos 21 años, natural de Planadas (Tolima), quien después de militar durante cuatro años en las Farc, se había cambiado de bando y entonces delinquía para las autodefensas. Se llamaba Róbinson Javier Guilombo Arroyo y desde el mismo momento en que fue requerido por la Policía, aceptó colaborar con información clave sobre los negocios, y vínculos de Eduardo Restrepo Victoria.

A partir de ese momento y durante varias jornadas, Guilombo Arroyo, en calidad de testigo directo por haber sido su escolta, se dedicó a contar las actividades de alias El Socio y su familia, describiendo lugares de encuentros con personalidades, homicidios, nexos con las autodefensas o envíos de droga, entre otros delitos. De esta manera, las autoridades empezaron a entender cuál era el recorrido delincuencial de Restrepo, de qué manera se había iniciado en el delito en Pereira y el norte del Valle y cómo se había asentado en el Tolima.

Poco a poco, la oficial María Elena Gómez Méndez, en apoyo a la Fiscalía, empezó a documentar de qué manera usaba a sus testaferros, qué negocios legales tenía como fachada, quiénes eran sus amigos influyentes en la política, la justicia o la Fuerza Pública, y de qué forma estaba aliado con el bloque Tolima de las autodefensas, que le brindaban protección a cambio de dinero. Los hallazgos de la oficial, sumados a las delaciones del testigo Guilombo Arroyo, causaron roncha en diversos sectores empecinados en tapar el escándalo.

Entonces sucedió algo inesperado. En septiembre de 2005 voluntariamente se entregó a las autoridades un extraño individuo que se identificó como Sergio D’Isidoro Vera, quien aseguró que había sido conductor de alias El Socio y de su familia, y que gracias a la confianza que ganó con el narcotraficante, empezó a ayudar en tareas de lavado de dinero o diseño de rutas para embarques de droga. La sorpresa vino cuando fue interrogado por colaboradores de El Socio y se despachó con una extensa lista de personajes públicos.

Desde políticos, funcionarios públicos o personajes de la farándula, hasta fiscales, procuradores u oficiales del Ejército y la Policía, la llamada “Lista de D’Isidoro” puso a temblar a más de un poderoso. Consciente de la dificultad de encarar por sí solo la investigación de casi 100 personajes, el fiscal Isnardo Barrero optó por compulsar copias para que todos fueran investigados. Sin embargo, con el correr de los días la propia justicia verificó que el personaje lo único que hizo fue tratar de enlodar a diestra y siniestra para entorpecer el caso.

Tiempo después fue condenado por narcotráfico y falso testimonio y aún permanece preso. En su momento hizo creer a las autoridades que alias El Socio era una especie de Pablo Escobar rodeado de políticos, militares, policías, jueces, alcaldes o funcionarios corruptos. Por fortuna, la oficial Gómez Méndez, con su grupo de trabajo y la dirigente gestión del fiscal Barrero, lograron depurar la lista y consolidar un contundente expediente judicial en el que, sin embargo, no faltaron personajes del poder político, social o económico.

A finales de 2005, las pesquisas de la oficial Gómez Méndez ya incomodaban en varios frentes, y ante las primeras amenazas fue necesario un estudio de riesgo personal. Al ser interrogada sobre su situación, manifestó sin esguinces que sus problemas de seguridad derivaban de sus operativos en el grupo de narcoterrorismo, por los cuales se habían despedido miembros de la institución policial. Además, resaltó que después de sus acciones contra El Socio había sido amenazada por el coronel (r) de la Policía Wilson Prada Vásquez.

A pesar de que el estudio de riesgo concluyó que éste era de carácter extraordinario, ella no se amilanó y, por el contrario, agudizó sus tareas investigativas alrededor de la familia y las amigas de Restrepo , hasta que lo pudo ubicar en una finca en Subachoque (Cundinamarca). En julio de 2006 logró su captura. Sólo entonces se supo que era natural de Pitalito (Huila), que había trabajado con el cartel de Tijuana en México, que su socio principal era Wílber Varela y que, efectivamente, era un experto en corromper funcionarios públicos.

Las amenazas contra la oficial Gómez Méndez siguieron al orden del día y los estudios de riesgo marcando el nivel de extraordinario. Sus problemas crecieron en la medida en que el testigo Guilombo Arroyo persistió en su colaboración con la justicia y aseguró que además del coronel (r) Hernando Chitiva, había un oficial de apellido Espinel que se encargaba de sobornar policías. En esa medida habló de un capitán Galvis, de un mayor Silva, de los sargentos Lozada y Lugo, e incluso de que se movía dinero para asesinar a la oficial Gómez.

A mediados de 2007 la situación se puso más tensa porque el testigo Guilombo la emprendió contra el entonces senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, de quien dijo era un supuesto beneficiario de alias El Socio, en momentos en que ardía el escándalo de la parapolítica. Además, como lo registró el periódico El Nuevo Día, de Ibagué, en su edición del 29 de mayo de 2007, aseguró también que el entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, había pertenecido a la nómina del narcotraficante Wílber Varela, alias Jabón.

Aunque Eduardo Restrepo Victoria fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2007, el escándalo de sus tentáculos siguió vigente. No sólo en Bogotá por las averiguaciones de la Corte Suprema contra el senador Gómez Gallo, sino también en Ibagué, donde fueron procesados familiares y abogados de alias El Socio. Una y otra vez la oficial Gómez Méndez tuvo que comparecer para explicar cómo desmanteló su organización y de qué forma el testigo Guilombo le mostró personalmente los campamentos del paramilitarismo.

En medio de las dificultades, fue promocionada a la comandancia de la compañía Carlos Holguín, donde vivió un incómodo incidente. El 20 de julio de 2008, en la antesala del desfile militar que se realizó en Leticia (Amazonas), tuvo que llamarle la atención al cadete Julián Parra Pineda, hijo del entonces subdirector de la Policía Rafael Parra, por estar portando insignias propias de los generales. El caso dio de qué hablar y, semanas después, sin mucha bulla, la oficial fue trasladada a la jefatura de la oficina de Registro y Control.

A pesar de que la oficial Gómez Méndez era la más antigua en el grado de mayor, asumió el cargo que habitualmente desempeñaba un teniente, o máximo un capitán. Fueron días difíciles porque, por causas distintas, en septiembre de ese 2008 fue retirado del servicio activo su hermano, el general Jesús Antonio Gómez Méndez. Sólo faltaba esperar que pudiera compensar los apremios vividos con su llamado a curso para teniente coronel. Pero la Junta Asesora del Ministerio de Defensa se reunió el 5 de diciembre y no la recomendó.

Entonces comenzó su nueva pelea. Primero escribió al entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, y al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para que reconsideraran su decisión. En su defensa documentó 18 años sin una sola sanción y en cambio muchas exaltaciones por su desempeño. La respuesta fue el llamado a calificar servicios. En enero de 2009 formuló un derecho de petición para saber las razones de su retiro. Nunca recibió respuesta. Ante el silencio a sus reclamos, entabló una tutela.

La perdió en dos instancias, pero la Corte Constitucional, en noviembre de 2009, le ordenó al Ministerio de Defensa motivar el por qué de su retiro intempestivo. La respuesta llegó en enero de 2010 con un oficio firmado por el general Óscar Naranjo, a través del cual argumentó que la decisión de llamar a calificar servicios a la mayor María Elena Gómez Méndez obedeció a “un mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquica institucional, para garantizar la dinámica de la carrera de los oficiales de la Policía Nacional”.

En ese momento ya estaba en curso la demanda de nulidad que María Elena Gómez presentó en un juzgado administrativo, argumentando que la facultad discrecional de su retiro había sido desbordada por quienes tomaron la decisión, porque su desempeño en la Policía había sido correcto y notable. El 7 de marzo de 2011 la jueza Edna Ramírez le dio la razón y ordenó al Ministerio de Defensa reintegrarla. El caso fue apelado, pero el Tribunal de Cundinamarca, el pasado 14 de junio, confirmó la sentencia. La oficial debe ser reintegrada.

La sentencia dejó en claro que hubo falsa motivación y desviación de poder y que obedeció a razones distintas al mejoramiento del servicio. Sin detalles pero con mucha jurisprudencia, el Tribunal puntualizó que hubo móviles oscuros en la decisión. Consultada María Elena Gómez sobre lo sucedido, se limitó a decir que la Policía es grandiosa y que no puede cuestionarla por la actuación de unos pocos. Ella sabe que todo sucedió por lo que descubrió investigando al extraditado narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio.

Una oficial con méritos para ascender

Nacida en Pereira en marzo de 1971, la exoficial María Elena Gómez Méndez ingresó a la Policía en 1990. Se dedicó a tareas de policía judicial. En especial en secuestro y narcotráfico.

Entre sus acciones reconocidas se cuentan varios decomisos de droga en Tumaco, la captura de un jefe de las Farc dedicado al narcotráfico y múltiples rescates.

El Tribunal de Cundinamarca reconoció en su caso que la facultad discrecional que obró para sacarla no fue para mejorar la institución, sino para prescindir de sus servicios.

Y se hizo, según el Tribunal, sin atender que se trataba de una excelente profesional, con desempeño excepcional. Por eso tendrá que ser reintegrada a la institución.

Los ecos del caso contra ‘El Socio’

Las investigaciones de la exoficial María Elena Gómez Méndez dejaron claros resultados: Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, hoy está en una cárcel de Estados Unidos; el testigo Róbinson Guilombo vive en el exterior, y Sergio D. Isidoro fue condenado por narcotráfico y falso testimonio.

Además de las delaciones del testigo Guilombo y de otras pruebas, terminó condenado a 9 años de prisión el expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo. En la decisión se dispuso que se investigara a varios funcionarios comprometidos con las denuncias de Guilombo.

A pesar de que la justicia le dio protección al testigo, el 23 de noviembre de 2010 la madre de Guilombo, Nomidia Arroyo Avilés, fue asesinada por varios hombres vestidos de civil que llegaron hasta su finca en la vereda Bellavista, del municipio de Planadas, y le propinaron más de 20 disparos.

En cuanto al general Jesús Antonio Gómez Méndez, también fue retirado de la institución por haber sido mencionado en el escándalo del exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia, pero hoy tiene demandado al Estado por su abrupta salida sin explicaciones.

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