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Hace tres días, Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton y acusó por lavado de activos al empresario colombiano Álex Saab, conocido como el “contratista del chavismo”. En contraste, hace dos meses un juez de Barranquilla ordenó levantar la circular azul que existía en su contra para ubicarlo. Desde ese momento la Interpol, que emitía alertas de sus viajes internacionales y sabía de su presencia en Caracas (Venezuela), no pudo seguir más sus movimientos migratorios. Las autoridades norteamericanas lo investigan por crear un esquema de corrupción que se aprovechó del hambre de los venezolanos y la compra irregular de oro. En Colombia por otros negocios, como exportaciones ficticias -caso que dio a conocer El Espectador- y contratos petroleros.
(Vea: Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo)
Álex Saab fue incluido en la Lista Clinton junto con sus empresas (algunas de papel) y con otras 10 personas, entre ellas sus hijos Shadi e Isham Saab Certain, su socio Álvaro Pulido Vargas -quien antes se llamaba Germán Rubio-, Emmanuel Rubio (hijo de Pulido) y Wálter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Todos supuestamente participaron de un esquema que lavó millones de dólares producto de la corrupción en el programa de subsidio alimenticio que creó el gobierno de Nicolás Maduro en 2016. Según el portal venezolano Armando Info, en 2017, a través de un complejo entramado societario se apropiaron de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El Departamento del Tesoro en EE. UU. sostuvo que el control de los CLAP, que entregaba subsidios a más de seis millones de familias, fue una estrategia de control social del gobierno Maduro para ganar adeptos y castigar a la oposición. A través de su empresa Group Grand Limited, Álex Saab y su socio importaron comida de mala calidad que vendieron con sobreprecios de casi el 80 %. También es investigado por participar en la venta e intercambio irregular de oro venezolano por comida en Turquía. Por estos casos, la justicia norteamericana le endilgó, junto a su socio Pulido, ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones, dinero que, al parecer, también llegó a manos de la familia presidencial y grupos políticos afines al gobierno venezolano.
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Los inicios de Saab
En los círculos sociales de Barranquilla, Álex Saab era reconocido por pertenecer a una familia de ascendencia libanesa y por sus relaciones de juventud con miembros de la familia Nasser Arana. Su reconocimiento empresarial llegó cuando se convirtió en uno de los contratistas más importantes del gobierno venezolano en 2011. Sin embargo, comenzó a forjar su fortuna desde años atrás, con su empresa Shatex S. A., dedicada a operaciones de comercio exterior. Esta sociedad hoy está bajo la lupa de la Fiscalía, pues como lo reveló este diario en septiembre del año pasado, hay evidencias de que Shatex, entre 2007 y 2009, realizó exportaciones e importaciones ficticias por cerca de US$130 millones, lo que le permitió lavar activos por cerca de $25.000 millones.
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Tras varios intentos fallidos, la Fiscalía le imputó cargos en mayo pasado, junto a varios de sus familiares que no se presentaron. Ha sido un proceso largo y tortuoso. Primero, por la fuga de la familia Saab tras la filtración del operativo de su captura, y segundo, porque la defensa, a cargo del bufete de abogados de Abelardo de la Espriella, interpuso recursos para que el caso fuera llevado en Barranquilla y no en Bogotá. Así pasaron seis meses, hasta que el pasado 17 de mayo el juez segundo de control de garantías de Barranquilla, por falta de pruebas, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento. Además, ordenó retirar la orden de captura y la circular azul de la Interpol en su contra, que existía desde finales de 2018. La decisión fue apelada por la Fiscalía, que lleva dos meses esperando una decisión de segunda instancia.
El nexo con Venezuela
Entre 2008 y 2009, parte de las exportaciones e importaciones de Shatex se movieron por Venezuela que, en ese momento, bajo la presidencia de Hugo Chávez, cesó los pagos a varios proveedores colombianos por la crisis que existía con el gobierno de Álvaro Uribe. Gran parte de los empresarios perjudicados, entre ellos Álex Saab, buscaron la forma de que políticos intermediaran a su favor. Según fuentes consultadas, fue entonces cuando Saab recibió el apoyo de Piedad Córdoba para que recuperara los dineros que tenía perdidos en facturas por cobrar en Venezuela. Esa gestión generó vínculos con el gobierno de Chávez y así Saab empezó a colaborar a otros empresarios para que se les pagaran sus deudas.
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En medio de esa relación, Álex Saab vio la posibilidad de convertirse en contratista en Venezuela. Las fuentes indican que los primeros contratos se dieron en el estado de Valencia, a donde llevó el negocio de casas prefabricadas, el mismo que en 2011 le permitiría dar el gran salto para convertirse en socio clave del chavismo. En noviembre de ese año, en presencia de los presidentes de Colombia y Venezuela, Saab firmó, a nombre de su empresa Fondo Global de Construcción, un contrato por US$685 millones para la venta de casas prefabricadas dentro del denominado plan “Misión Vivienda”. En ese momento selló su alianza con el gobierno venezolano y, junto a su socio Álvaro Pulido, comenzaron a beneficiarse del vecino país.
Empezaron haciendo uso del cambio preferente del dólar en Venezuela, el cual consistía en la venta de la divisa a un valor inferior al del mercado. Según el portal Armando Info, Álex Saab y Pulido se beneficiaron con las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), un negocio en el que habrían participado con cuatro sociedades registradas en Hong Kong y en el que ganaron alrededor de US$120 millones, gracias a los precios irrisorios a los que vendía el gobierno venezolano el dólar. En 2015 surgió el escándalo por el contrato de US$4.500 millones entre la empresa Trenaco, que en ese entonces tenía sedes en Colombia y Suiza, y la estatal Pdvsa.
La supuesta irregularidad fue que, al parecer, el empresario barranquillero manejaba, tras bambalinas, los hilos de Trenaco en Venezuela y la adjudicación del contrato en su favor fue a dedo, pues la sociedad no contaba con la experiencia necesaria para realizarlo. Tanto así, que el negocio se cayó ante las presiones del escándalo, revelado por la agencia Reuters. La empresa Trenaco en Colombia, registrada en 2007, inició así su liquidación. No obstante, para 2016, Saab y Pulido aterrizaron en el negocio de abastecimiento de los CLAP, por el cual hoy los acusa EE. UU. de haber utilizado su sistema financiero para su supuesto esquema de sobornos a funcionarios venezolanos.
La acusación por lavado de activos
Según el indictment (acusación), el propósito de los sobornos era “enriquecerse a sí mismos (Álex Saab y Álvaro Pulido)” obteniendo ventajas inapropiadas, entre ellas la aprobación de documentos relacionados con la importación de materiales de construcción –o la consecución de documentos falsos similares–. Asimismo, por esta vía, Saab y Pulido habrían tenido acceso al sistema de cambio de dólares, controlado por la Cadivi (Comisión de Administración de Divisas), del gobierno venezolano. Para beneficiarse de la Cadivi, según la documentación de la justicia estadounidense, Saab y Pulido Vargas recurrieron a facturas falsificadas y fraudulentas.
Al parecer, con la falsificación de estos documentos disfrazaron la importación de bienes que nunca ingresaron a Venezuela. Según la acusación, que proviene de la Corte del Distrito Sur de Florida, hacia noviembre de 2011 Saab y Pulido Vargas firmaron con el gobierno venezolano un contrato para construir casas prefabricadas, negocio que hicieron a través de su empresa Fondo Global de Construcción, ubicada en el mismo domicilio en el que estaba registrada la sociedad Group Grand Limited. Así fue como, por ejemplo, habrían sobornado a funcionarios de aduanas para hacer importaciones falsas de materiales de construcción.
Los sobornos de este dúo de empresarios habrían llegado a los bolsillos de funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB). Esos sobornos incluso se discutieron en Miami (EE. UU.). De acuerdo con el indictment, Saab y Pulido Vargas movieron más de US$350 millones en sobornos desde cuentas bancarias en Venezuela, triangularon el dinero a través de cuentas en Estados Unidos, y los recursos habrían terminado en cuentas extranjeras controladas por los dos socios. Sin el dinero sobre la mesa, señala el documento, los funcionarios venezolanos no los ayudaban.
En su momento, Álex Saab le dijo a El Tiempo que todo se trataba de una persecución en su contra por parte de Estados Unidos, para tratar de asfixiar al gobierno venezolano persiguiendo a sus contratistas. Hoy se desconoce cuál será el próximo paso de la justicia norteamericana para llevar a Saab a los estrados judiciales. Para la Fiscalía colombiana ha sido una labor muy compleja, pues Saab se fugó del país horas antes de que iniciara el operativo en su contra a finales del año pasado. Estuvo prófugo varios meses y su defensa logró aplazar tres veces la imputación de cargos. Casi un año después, el caso avanza a paso lento.
La firma de Abelardo de la Espriella representa a Álex Saab
Desde hace seis años, el bufete de abogados del penalista Abelardo de la Espriella representa al empresario Álex Saab en Colombia. Esta relación contractual ha sido criticada por algunos sectores, pues mientras el abogado arremete contra el gobierno de Nicolás Maduro, su cliente es uno de los más grandes contratistas del Estado de Venezuela. En respuesta a estos reproches, la firma De la Espriella Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados emitió un comunicado en el que asegura que la selección de sus clientes no tiene nada que ver con la ideología política de estos.
“Actualmente, apoderamos al señor Saab en una investigación que se adelanta en su contra en Colombia, por unas supuestas exportaciones ficticias de textiles. El derecho es una profesión liberal en la que existe un claro límite entre el cliente y el abogado. Ante los estrados, los juristas defienden causas, no ideologías políticas (…). En nuestra calidad de abogados en Colombia del señor Álex Saab Morán, reivindicamos sus derechos universales a la presunción de inocencia y al debido proceso, los cuales les asisten a él y a todos los derechos humanos”, afirmó Daniel Peñarredonda, subdirector de la firma de abogados de la que es director y socio Abelardo de la Espriella.