El expediente del empresario Eduardo Benavides por un negocio en DNE

El próximo 2 de agosto tendrá lugar la audiencia de acusación contra Eduardo José Benavides, procesado por un predio incautado al narcotráfico que terminó en una sociedad cercana.

Eduardo José Benavides, empresario.

Hace cinco meses, en la noche del pasado 4 de febrero, cuando ingresaba al club Payandé, situado entre los municipios de La Vega y Villeta (Cundinamarca), fue capturado por unidades del CTI de la Fiscalía el zootecnista y empresario Eduardo José Benavides. El tema fue noticia porque ese mismo día Benavides iba a contraer matrimonio con la directora del ICBF, Cristina Plazas. A las 48 horas, la Fiscalía le imputó cargos por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Benavides no los aceptó y un juez lo dejó en libertad porque no representaba peligro para la sociedad.

Sin embargo, la Fiscalía le dio prioridad al caso y, con notable celeridad, fijó para el próximo martes 2 de agosto la fecha de la audiencia para presentar su escrito de acusación contra Eduardo José Benavides. La persistencia del ente investigador se basa en su convicción de que el sindicado formó parte de un grupo de empresarios que se organizaron para adquirir de manera ilegal una finca situada en Zambrano (Bolívar), que estaba bajo la administración de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). La defensa asegura que ese bien nunca formó parte de los activos de la Nación y, en consecuencia, fue un negocio privado en el que no se violó la ley.

Con posiciones diametralmente opuestas, la historia de este capítulo judicial, enmarcado en la sucesión de escándalos que llevó a la liquidación de la DNE en octubre de 2013, tiene su origen en el imperio económico de un narcotraficante que dio de que hablar, aunque hoy no sea tan referenciado. Se trata de Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Mickey, uno de los 12 personajes que en julio de 1993, en plena cacería contra Pablo Escobar Gaviria, se acogió a beneficios por colaboración con la justicia, pues sus delaciones fueron claves para estrechar el cerco judicial alrededor del capo. No obstante, pronto reapareció en sus andanzas ilegales.

En junio de 1996 fue capturado en desarrollo de la operación Frutales II, luego fue asociado a un proceso por apoyo a grupos de autodefensas en Zambrano (Bolívar) y hasta se le relacionó con una defraudación al Fondo Ganadero de Caquetá. En desarrollo de las acciones del Estado en su contra, la DNE, creada desde 1990, entró a manejar los bienes que habían sido producto de sus actividades ilegales. Dentro de las posesiones incautadas estuvo el inmueble rural llamado Jesús del Río, situado en el municipio de Zambrano. Una hacienda de más de 2.000 hectáreas sometido a extinción de dominio desde 2002, pero amarrado a una hipoteca.

Y es en este último aspecto en el que radica la pelea jurídica que tiene como protagonista a Eduardo José Benavides. Según la Fiscalía, ese bien fue declarado extinto en 2004, reconociendo los derechos hipotecarios que tenía el Banco Ganadero. Cuatro años después, en julio de 2008, la DNE nombró como depositario provisional de la hacienda al excónsul de Colombia en Hong Kong, José Antonio Mutis Perdomo, y en 2009 pasó a ser propiedad de la firma Inveragricol. La conclusión del ente investigador es que fue una transacción ilegal producto de una concertación de intereses, con un cerebro principal: el exdirector de la DNE Carlos Albornoz.

Según la Fiscalía, el exdirector de la DNE, hoy procesado por múltiples irregularidades en el manejo de bienes a cargo de la extinta entidad, se puso de acuerdo con su amigo y coterráneo Eduardo de Praga Benavides, padre de Eduardo José Benavides, para facilitarles a este último y a otros empresarios la manera de quedarse ilegalmente con la hacienda Jesús del Río. La fórmula para concretar la operación fue que la sociedad Capital & Business, del mismo círculo de Benavides y sus socios compraran al Banco Ganadero -hoy BBVA- la cartera que pesaba sobre la hacienda, para después traspasarla a la empresa Inveragricol.

La cartera que pesaba sobre la hacienda Jesús del Río tenía un valor de $1.200 millones y, en criterio de la Fiscalía, en diciembre de 2007 fue adquirida por la firma Capital & Business, donde José Antonio Mutis era socio. Luego, el 25 de julio de 2008, el propio Mutis fue nombrado depositario provisional del predio. Cinco días después, Mutis otorgó poder a Eduardo José Benavides para administrar la hacienda, a pesar de que no estaba autorizado para delegar esa función ni contaba con la autorización de la DNE. El 5 de agosto, el predio Jesús del Río fue asumido por Benavides hijo y, al año siguiente, se hizo la vuelta para quedarse con el bien.

El ente investigador sostiene que el plan alterno fue constituir la empresa Inveragricol en enero de 2008, para que en abril de 2009 adquiriera definitivamente la hacienda Jesús del Río. De acuerdo con la documentación aportada por la Fiscalía, en la empresa Inveragricol concurrieron los intereses de Eduardo Benavides, su hijo Eduardo José, José Antonio Mutis, el empresario Mario Román y Blanca Bernal Mahé, esposa del exdirector de la DNE Carlos Albornoz. De esta manera, se apropiaron del predio que, después del negocio, fue subdividido en tres partes, todas ellas con participación de Eduardo José Benavides, el principal señalado por la justicia.

La versión de Eduardo José Benavides, representado por el abogado Jesús Albeiro Yepes, es distinta. Según él, cuando la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio de la hacienda Jesús del Río, no lo hizo sobre el bien mismo sino sobre los remanentes que pudieran quedar luego del crédito que había que cancelar al BBVA. En consecuencia, el predio jamás fue parte de los activos del Estado, pues la deuda era superior a su valor catastral y comercial. En otras palabras, su tesis es que no puede hablarse de peculado y menos de detrimento patrimonial para el Estado porque la hacienda Jesús del Río nunca hizo parte de los activos de la Nación.

En cuanto a la empresa Capital & Business, la defensa de Benavides parte de manifestar que posee una larga trayectoria comercial de cartera y factoring, y que el negocio con el BBVA se hizo sobre la base del reconocimiento de que ni siquiera con base en un remate judicial se podía alcanzar un valor óptimo en el mercado. En consecuencia, cuando la empresa notificó a la DNE sobre la compra de los derechos litigiosos y el crédito, ya era claro que la liquidación del mismo superaba el valor comercial del predio. Por eso, fue la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, la que terminó avaluándolo en algo más de $2.000 millones.

Posteriormente, explicó la defensa de Benavides, la empresa Capital & Business decidió asociarse con un grupo inversor y aportó el predio Jesús del Río. La nueva entidad comercial fue Inveragricol, de la cual puede demostrar que no hubo contribución de pagos por parte de Carlos Albornoz o de su esposa Blanca Bernal. En últimas, el predio Jesús del Río no tuvo comprador y por eso sus nuevos dueños decidieron explotar comercialmente el predio. Por eso no hubo interés indebido en celebración de contratos y la versión de la Fiscalía está sustentada en delaciones infundadas de procesados en problemas.

Sin nombrarlo, la defensa de Benavides, además de los argumentos probatorios, apunta a otro de los encartados en el largo escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes: su exdirector Ómar Figueroa. Hace un mes un juez avaló un acuerdo suyo con la Fiscalía para transar las investigaciones penales en su contra por los delitos de peculado y fraude procesal. El principio de oportunidad, condicionado a la entrega de bienes y reparación, incluye información sobre la irregular entrega de bienes incautados al narcotráfico, y no se descarta que en esa delación se incluya el proceso que hoy afecta a Benavides y su entorno empresarial.

Por lo pronto, el próximo 2 de agosto será un juez quien determine quién tiene por ahora la razón, y si el empresario Eduardo José Benavides debe responder por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. En cuanto a la directora del ICBF, Cristina Plazas, ha decidido mantenerse al margen del debate público y aunque mantiene su relación con Benavides, por ahora no hay fecha prevista para su matrimonio. En círculos cercanos a la pareja se dice que la ceremonia no depende del desenlace judicial de Benavides, sino de que ella concluya su labor como funcionaria pública y regrese a la actividad privada.

Casi dos décadas de escándalos

El 27 de febrero de 1990 nació la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Fue a partir de la administración del abogado Rubén Olarte, hacia 1999, que se evidenciaron los líos por la administración de bienes del narcotráfico. Para esa fecha manejaba 22.000 bienes y se investigó un presunto espionaje. Otros directores, como el coronel Alfonso Plazas y Juan Carlos Vives Menotti, también estuvieron en el ojo del huracán. Hasta que en 2006 y en 2009 llegaron Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, terminaron en prisión y están a la espera de un fallo de la justicia. Su último director fue Juan Carlos Restrepo, quien denunció a congresistas. Se estima que cerca de 50 personas han sido procesadas  por la DNE.  Los bienes ahora los administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El caso de 14 congresistas en la impunidad

En diciembre de 2010, el entonces director de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, reveló a la prensa un listado con los nombres de parlamentarios, que según el exfuncionario se habían beneficiado de bienes que estaban en poder de la DNE. De acuerdo con la denuncia, direcciones anteriores habían nombrado como administradores de bienes de la mafia a familiares o supuestas cuotas políticas de los congresistas. Entonces se identificaron congresistas de la mayoría de partidos políticos.

El caso llegó de los congresistas salpicados a la Corte Suprema de Justicia, en donde tuvieron poco despliegue investigativo. Hoy casi seis años después de la denuncia de Restrepo, la Corte no profirió ninguna condena.