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El próximo 31 de diciembre el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín termina su periodo como primer mandatario de los bolivarenses. En representación del partido Liberal y con el programa de gobierno "Bolívar nos necesita a todos", ganó las elecciones en 2011. Fueron 273.629 votos que representaron el 43,54% de la votación total, los que le permitieron acceder al cargo frente a su rival Rosario Ricardo Bray quien lo secundó con el 36,54% de los sufragios. Sin embargo a nueve meses de terminar su mandato afronta una tormenta por los cuestionamientos de los organismos de control, veedores ciudadanos, directivos sindicales y la prensa.
Todo comenzó con un informe expedido hace dos semanas por la Contraloría General de la República que encontró presuntas irregularidades en la contratación de los sectores de la educación y la salud correspondientes a los años 2012 y 2013, con un posible detrimento patrimonial para el departamento cercano a los $32.000 millones.
Según el organismo de control en el año 2012 hubo, en el sector de la educación departamental, un presunto daño patrimonial estimado en $2.826 millones. En el caso de la salud la cifra no es menos inquietante, ya que la Contraloría General efectuó una revisión a los contratos de 2013 y detectó 21 hallazgos administrativos de los cuales 13 de ellos tienen un alcance fiscal fijado en $29.161 millones.
A estos hallazgos se suman las denuncias de las veedurías ciudadanas y los sindicatos Surep de la educación y Anthoc de la salud quienes en varios pronunciamientos, producto de sus indagaciones, vienen denunciando que en esos sectores sociales así como en el suministro de computadores se podrían estar perdiendo importantes recursos. "Deben intervenirse las secretarías de Salud y de Educación por parte del gobierno nacional para tomar las medidas correctivas necesarias y de esta manera evitar que se sigan presentando malas prácticas con los correspondientes perjuicios para miles de niños y jóvenes bolivarenses", comentó el veedor ciudadano Héctor Pérez Fernández.
Por su parte Antonio Carlos Echenique, ha denunciado que existe una cercanía entre los organismos de control locales, un congresista de Bolívar y el gobernador Gossaín, hecho que impide que las investigaciones contra la administración departamental sean imparciales y, destaca el veedor Echenique, que directivos que pertenecieron al Fondo de Pensiones Departamental y al Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, Iderbol, serán los candidatos que tiene prevista la administración Gossaín para sucederlos en el cargo.
A estas denuncias se suma el cuestionamiento que el pasado 15 de marzo hizo la periodista Salud Hernández, quien escribió: "El Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín es corrupto por acción o por omisión. Lo escribo así de claro", de esta manera se refirió a presuntas irregularidades en el manejo de la educación que evidenció la columnista en 20 municipios del departamento.
Al respecto, el gobernador Gossaín señaló a El Espectador que en el tema de la salud se ha pagado el tratamiento integral a pacientes hemofílicos atendiendo fallos de tutela y destaca que no puede haber detrimento patrimonial cuando un juez ordena pagar. En cuanto al tema de educación señaló que: "los contratos para servicio educativo se han celebrado con entidades religiosas, entre ellas, la Arquidiócesis de Cartagena y Magangue y a Fundación de Carmelitas Descalzas". Frente al tema de infraestructura informática destacó que la compra de 5.000 equipos se hizo en un convenio con el Ministerio de las TICS y el programa computadores para educar. El funcionario indicó que son denuncias infundadas con ánimo difamatorio en razón a que ya empiezan a organizarse las campañas políticas para sucederlo en el cargo.
Pero más allá de los cuestionamientos fiscales y las denuncias ciudadanas, revisando algunos antecedentes de los veedores hay datos que inquietan. En el caso del veedor Héctor Pérez Fernández, quien se ha desempeñado como Presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, el 24 de enero de 2013 fue uno de los participantes en una caminata que se hizo en el sector de India Catalina, en el centro de Cartagena en señal de solidaridad con la empresaria del chance Enilse López Romero, alias "La Gata". En ese momento amigos y trabajadores de la empresa Unicat de "La Gata", consideraron que la empresaria era una perseguida de la justicia en razón a que el Tribunal Superior de Bogotá le impuso una condena de 40 años por el asesinato de Fabián Ochoa Torres.
En declaraciones al diario El Universal, el veedor Pérez Fernández señaló: "Enilse López Romero es una empresaria destacada que ha ayudado al pueblo en la costa atlántica, que viene siendo perseguida con carteles de testigos falsos, con intrigas a nivel de algunos medios nacionales. Todo alimentado por algunos envidiosos o clases políticas que le han hecho mucho daño a la región. Ella es una persona que tiene responsabilidad social. Nos hemos concentrado para buscar que haya justicia". Ese mismo diario también informó que para las pasadas elecciones al Congreso el entonces exparlamentario Héctor Julio Alfonso López, hijo de "La Gata" también en líos con la justicia, otorgó un cupo al veedor Pérez Fernández en la lista de su movimiento político.
Consultado por El Espectador, el veedor sobre esta situación, señaló que: "se está tratando de desviar la atención tejiendo toda suerte de especulaciones y destacó que no ha sido abogado de alias "La Gata". Siempre he sido un activista social, he realizado muchas protestas que han paralizado la ciudad, algunas de ellas en compañía de los sindicatos, los acompañé en protesta por el aumento del IVA y porque también las marchas de apoyo a Enilse López ellos estaban muy agradecidos por el buen trato que recibieron durante 10 años por la empresa Unicat".
En el año 2006 varios veedores y líderes de Cartagena apoyamos la candidatura a la Cámara de Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilse López, siendo para nosotros unos desconocidos, pero queríamos enfrentarnos a la clase política tradicional en Bolívar. Con el transcurrir del tiempo surgieron los problemas personales de Enilse López, tuve diferencias irreconciliables con algunas personas muy cercanas a ella, por lo que desde el año 2011 hasta la fecha pertenezco al partido Alianza Social Independiente, ASI, con el que apoyamos al fallecido alcalde Campo Elías Terán.
En cuanto al otro veedor Antonio Carlos Echenique Peña, ha sido contratista de la administración distrital de Cartagena. Una investigación de la revista Metro de Cartagena da cuenta que el veedor ha sido contratista del Departamento Administrativo de Salud Distrital para la elaboración y suministro de mensajes educativos e informativos de alerta a fin de realizar prevención y promoción a raíz de la ola invernal. También firmó contratos en la Secretaría de Participación Ciudadana y Comunitaria con el propósito de capacitar en autoempleo y suministrar papelería. Esa entidad también lo contrató para el suministro de anchetas y prestación del servicio de transporte. La Secretaría General de la alcaldía de Cartagena también lo contrató para arrendarle vehículos. Y en la Secretaría de Infraestructura también lo contrataron para el alquiler de una camioneta.
En total el veedor celebró más de 20 contratos por un valor superior a los $150 millones en los años 2006 y 2007. Al respecto Echenique reconoce que fue contratista de la alcaldía durante la administración de Nicolás Cure y ratifica que no ejerce ninguna presión para que sea contratado por el gobernador Gossaín. "Lo que estoy haciendo es un proceso investigativo para demostrar como en la gobernación de Bolívar se han venido manejando los recursos de las regalías, dejo a disposición de los organismos de control que definan la gravedad y las sanciones correspondientes para los responsables".
Por ahora el gobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín sigue contra las cuerdas y deberá demostrar la transparencia de su administración. Por su parte los veedores Héctor Pérez Fernández y Antonio Carlos Echenique Peña tendrán que seguir trabajando para que sus vínculos anteriores con el círculo de la empresaria Enilse López, alias "La Gata" y la firma de varios contratos con la administración local no los deslegitimen en su función de velar por los intereses de la comunidad.