“El gobierno de EE. UU. desconfía de lo que sucede en mi caso”: Andrade

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade habló desde Estados Unidos con El Espectador sobre su situación actual: es un ciudadano protegido por el gobierno estadounidense y su caso lo sigue de cerca el Special Presidential Envoy for Hostages Affair, que en español sería la Oficina de la Presidencia para Casos de Rehenes en el Exterior. La razón es que las autoridades de Estados Unidos desconfían de lo que sucede en su caso por las intimidaciones que ha sufrido, por la presunta falsificación de un documento de la DEA con el que ordenaron interceptarlo y porque se han dado cuenta de que los directivos de Odebrecht les mintieron sobre lo sucedido en Colombia.

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Sin titubeos, Andrade aseguró que no volverá por el momento a Colombia porque considera que no hay garantías para proteger su vida y la de su familia, y que está dispuesto a comparecer a través de videoconferencia. Es más, relató un incómodo episodio el pasado 18 de diciembre, día en que tomó un avión privado para salir del país junto a delegados del gobierno estadounidense. Funcionarios de Migración Colombia lo bajaron del avión con el argumento de que tenía un impedimento para abandonar el país. De no ser por los delegados de la oficina especial que sigue su caso, quienes se comunicaron directamente con el alto Gobierno colombiano, Andrade seguiría en Colombia, lo que, según él, le hubiese impedido seguir colaborando con la justicia de EE. UU.

¿Usted es una persona protegida por el gobierno de Estados Unidos?

Desde el principio del caso Odebrecht he colaborado tanto con la justicia colombiana como con la de Estados Unidos. Primero me entrevisté con la Fiscalía y luego le pedí una cita al embajador de EE. UU. Esto fue en diciembre de 2016. Desde aquella época he mantenido conversaciones para ayudar a ambos países. Cuando la Fiscalía, de una manera absurda y con motivaciones realmente oscuras, me imputó cargos en agosto de 2017, siempre les di la cara a la justicia y al país. Estuve presente en todas las diligencias y presencié cómo el ente investigador le entregó al juez información falsa, errónea, y escondiendo la verdad. Pero en ese período ocurrieron cosas muy terribles y el gobierno de EE. UU. está plenamente consciente de eso.

¿A qué se refiere con cosas terribles?

Por ejemplo, que los pagos ilegales hechos en Colombia por Odebrecht fueron superiores a lo que habían confesado en Estados Unidos. Todos los pagos que salieron de la Ruta del Sol 2 fueron ocultados a la justicia estadounidense y colombiana. Esto se supo porque Otto Bula empezó a hablar en Colombia. Y, además, porque Jorge Enrique Pizano, el excontroller de la concesionaria, entregó mucha información de irregularidades en los pagos en contratación a la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio, y a un Tribunal de Arbitramento, donde se está resolviendo un pleito grande con Ruta del Sol.

Luego se supo que el Grupo Aval y el actual fiscal habían sido informados de estos pagos ilegales. Eso quedó constatado tanto en los testimonios de Jorge Enrique Pizano como en las grabaciones que realizó Pizano cuando denunció los hechos. Además hubo un acuerdo que se llamó el contrato de transacción entre Corficolombiana, del Grupo Aval, y Odebrecht, para mantener confidencial lo que estaban haciendo. Menciono todo esto porque es muy preocupante desde el punto de vista de la ley de EE. UU., porque puede estar infringida de muchas formas.

¿En qué casos?

Primero, en el acuerdo de oportunidad entre Odebrecht y el Departamento de Justicia no se le dijo la verdad al Gobierno, y eso es un delito. Segundo, en el caso del Grupo Aval como una empresa que cotiza en la Bolsa de allá, porque existe una ley en la que se les prohíbe a esas empresas participar en actos de corrupción. El Grupo Aval ya hizo público que el Departamento de Justicia le pidió información sobre esto. Desde el punto de vista de lo que sería la Superintendencia Financiera de EE. UU., Security and Exchange Commission, también pudo existir una mala presentación de la información al mercado, por la versión que han sostenido desde diciembre de 2016, cuando se publicó el acuerdo entre Odebrecht y la justicia de EE. UU. Finalmente, hoy ya sabemos que Pizano alertó de estos temas desde mucho antes.

¿Y en su caso particular?

También hay preocupaciones muy grandes. Por ejemplo, las interceptaciones telefónicas que me hicieron se justificaron en un memorándum de la DEA que fue falsificado. Eso es un delito en EE. UU., porque se trata de la falsificación de un documento de una autoridad federal. También, una noche llegó el director de la cárcel Modelo a pedirme que cancelara una conferencia telefónica con periodistas estadounidenses y a hacerme otras sugerencias. El juez de mi caso preguntó que quién le había dado la orden a ese señor para decirme eso. Ahora resulta que ese director parece que hace parte de un grupo de corrupción en el interior de la cárcel.

¿Y las muertes de testigos en el caso les preocupan?

Jorge Enrique Pizano y Rafael Merchán eran los testigos. Según la Fiscalía, uno murió por muerte natural y otro por suicidio. Y además de todo lo que he mencionado está el hecho de que el fiscal Martínez fue al Senado a decir que soy el mayor conspirador en la historia de Colombia contra el sistema judicial colombiano por haber hablado con el gobierno de EE. UU. Obviamente, allá hay una gran preocupación por la violación de la ley estadounidense y de las intimidaciones en mi contra. Todo genera muchísimas inquietudes.

¿Quién del gobierno estadounidense le ha expresado esas preocupaciones?

Han sido expresadas por varios senadores y representantes del gobierno de Estados Unidos al de Colombia. A raíz de esto, mi caso fue asignado a un departamento que se llama el Special Presidential Envoy for Hostages Affair. En español sería algo como el encargado de la Presidencia para casos de rehenes en el exterior. Este grupo lo maneja una persona designada por el presidente, que se llama Robert O’Brien. Me reuní con él cuando regresé a EE. UU. Esta oficina coordina trabajos de las diferentes actuaciones del gobierno estadounidense desde el Departamento de Estado, pero también de las agencias de investigación, para ayudar a los ciudadanos que se encuentran en esta situación.

¿El gobierno de EE. UU. lo considera un rehén en Colombia?

No lo sé, pero sí me asignó al equipo que cuida a ciudadanos estadounidenses que están injustamente detenidos y perseguidos por las autoridades de otro país.

¿Es decir que el gobierno desconfía de la manera como la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ha manejado su caso?

Lo que puedo decir es que desconfían lo suficiente de lo que está pasando en mi caso para que me asignaran a ese grupo. Ellos estaban muy pendientes de mi proceso. El embajador en Colombia pidió que se garantizara mi seguridad y la de mi familia cuando estaba en Colombia. Luego, miembros del consulado fueron a las audiencias a acompañar lo que ahí sucedía. Cuando terminó el período de detención preventiva, que ya no tenía ninguna restricción, decidí viajar a EE. UU. Y en ese episodio también pasaron cosas muy curiosas.

¿Cómo así?

El día del viaje, desconocemos qué personas dieron órdenes para que yo no pudiera salir. Me bajaron del avión, a pesar de que no tenía ninguna restricción para salir del país. Fueron las acciones de este grupo —el de los funcionarios estadounidenses en el exterior injustamente perseguidos— el que entró en contacto con el Gobierno Nacional. Les explicaron lo que estaba pasando en el aeropuerto, se dieron cuenta y permitieron mi salida.

¿De dónde eran los funcionarios que lo bajaron del avión?

De Migración Colombia. Me dijeron que no podía salir del país, pero no sabemos quién les dijo eso. Ahí fue cuando el alto Gobierno Nacional fue contactado por el de EE. UU. y se puso de presente que no había ninguna restricción para mis movimientos (migratorios). Alguien trató de interferir. Luego de que eso se solucionó, ocurrió lo mismo con la Policía Antinarcóticos. El avión no podía despegar porque ese grupo se rehusaba a inspeccionar la aeronave. Era un avión privado. De nuevo, el gobierno de EE. UU. tuvo que contactar al colombiano por segunda vez para explicarles que no solo había una interferencia con los funcionarios de Migración, sino que también de la Policía. Cuando lo supieron, dieron las órdenes pertinentes para poder salir. Fueron los estadounidenses los que aseguraron que yo pudiera salir de Colombia. Fue muy angustioso.

¿Existe algún documento que lo catalogue como ciudadano protegido?

Más que un ciudadano protegido, el objetivo de ese punto era estar en territorio americano para que no fuera más objeto de intimidaciones en Colombia.

¿Piensa regresar a Colombia?

Por ahora no. Imagínese que usted ha estado detenido injustamente por un año, que dos de los testigos en su caso se mueren con cianuro, que una noche lo va a intimidar el director de una cárcel, que falsifican documentos del gobierno de EE. UU. para interceptarlo. Ante esas circunstancias no es seguro para mí estar en Colombia. Siempre he querido comparecer y la justicia colombiana permite hacerlo por videoconferencia desde los consulados en EE. UU. Tengo la intención de hacerlo y respeto enormemente el buen criterio de los jueces colombianos.

Después del episodio del debate contra el fiscal en el Congreso, en diciembre de 2018, ¿dónde cree que quedaron sus garantías en su proceso?

Imagínese que llegue la persona de mayor rango que tiene el deber de hacer cumplir las leyes en el país y lo intimide a uno, ni más ni menos, en el Senado, diciendo que uno es un conspirador, que ha llevado a cabo la mayor conspiración en la historia de Colombia, que acuse a mi esposa de lo mismo.

¿En qué va su caso tras la recusación que presentó contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez?

Mi juicio en el caso de Ruta del Sol 2 está en etapa preparatoria. El juez tomó decisiones con relación a las pruebas y los testigos que presentamos. Pero la decisión fue apelada.

¿Y de eso depende qué pase con la recusación?

Al parecer sí, porque uno no puede tener una Fiscalía que ya declaró que uno es su enemigo. Para que haya garantías en el proceso. Creo que el caso debe pasar al fiscal ad hoc y eso es lo que le hemos pedido a la Corte.

¿Qué expectativa tiene frente a su juicio, en el que irán como testigos el expresidente Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, exministros y el fiscal general?

La razón por la cual llamé al expresidente y a los exministros es que todos pueden dar fe de que las acciones que tomé fueron consultadas con ellos, en las instancias debidas, y que eran de interés nacional. Ese es un tema que se ha puesto en duda y que ellos pueden esclarecer cuáles fueron los criterios para tomar las decisiones. En el caso del fiscal, él participó en muchos hechos como abogado y como funcionario público. Son hechos que no se han aclarado debidamente ante la opinión pública y que nosotros queremos que bajo la gravedad del juramento lo haga.

¿Se ratifica en que el proceso penal en su contra se debe a que se opuso a las pretensiones de los socios de la Ruta del Sol 2 cuando se iba a liquidar el contrato?

El tiempo y la justicia me han venido dando la razón. El último conflicto que se dio, después de muchos entre la ANI y los socios de la Ruta del Sol, fue la forma en que se debía liquidar el contrato. No aceptamos lo que ellos querían. De hecho, propusimos una ley para que ese tema quedara subsanado de una vez por todas. Esa ley pasó por el Senado y fue a la Comisión Primera de la Cámara. Era un proyecto de ley que no era de buen recibo por parte de los accionistas de la Ruta del Sol.

¿Y qué quedó aprobado de esa ley?

El proyecto de ley que nosotros construimos en la ANI es muy diferente al que se aprobó, y era coherente con la posición que asumimos ante el Tribunal de Arbitramento. Me opuse a dos cosas concretas. No estábamos de acuerdo con que la ley fuera retroactiva, porque no podía hacerse una ley para beneficiar a un particular específicamente. Y segundo, el Estado podía pagar intereses sobre intereses. En su momento causó la ira de los accionistas de la Ruta del Sol conmigo y por esa época fue cuando la Fiscalía anunció que me imputaría cargos.

¿Esa retroactividad era un beneficio para Odebrecht y Corficolombiana?

Claro. Y lo que salió publicado en la revista “Semana” es que ya hay un proyecto de decisión por parte de la Corte Constitucional, en el que les da la razón a los argumentos de nosotros.

¿Quién estuvo detrás de ese mico de la retroactividad que se aprobó en la Ley de Infraestructura y que la Corte Constitucional puede tumbar?

Los accionistas de la Ruta del Sol, Odebrecht y el Grupo Aval, que eran los grandes beneficiarios. Supongo que fueron estas empresas las que hicieron lobby, porque yo en ese punto de la discusión ya no estaba. En el momento en el que expresé mi punto de vista en el Tribunal de Arbitramento y la Comisión Primera de la Cámara, me llamaron a imputación de cargos. No sé qué ocurrió después. Lo que sí sé es que la posición que ellos tenían era la que quedó reflejada en la ley aprobada.

El excontralor Edgardo Maya es quien termina demandando la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley de Infraestructura por la retroactividad, la fórmula de liquidación y el pago de intereses sobre intereses. Ya existe una ponencia de la Corte Constitucional dándole la razón. ¿En que afectaría a los accionistas de la Ruta del Sol 2?

El propósito, y es lo que dice la Ley 80, es que las obras que sean hechas en favor del Estado se deben pagar, pero sin utilidades. Siempre dijimos que el valor de las obras que se habían entregado se debía pagar luego de una auditoría del interventor. Además, que ese dinero debía ir para pagar las acreencias en los bancos. Lo que no se podía era generar utilidades ficticias con fórmulas equivocadas. La fórmula que aprobó en Congreso era la que tenían los accionistas de la Ruta del Sol en la cabeza. Eso les generaba un beneficio cercano a los $400.000 millones. Eso es inmoral y absurdo. Los accionistas no pueden salir premiados por ser corruptos.

¿Qué más sucedió alrededor de la Ley de Infraestructura?

Solo quiero hacer una reflexión. Pasé más de seis años luchando para que Colombia tuviera una infraestructura moderna y competitiva, y que se hiciera de una forma transparente. El actual Gobierno ha sido muy consistente en asegurar que ese proceso continúe y en mi opinión ha sido muy efectivo en ir resolviendo obstáculos que no pudimos resolver. Eso lo digo porque a la gente hay que darle el crédito. El Gobierno ha tenido la madurez de mantener los proyectos de la administración anterior. Hoy en día yo no solo lucho por mi caso, sino también para que el país se dé cuenta de dónde viene la corrupción y cómo podemos asegurarnos para que Colombia sea libre de corrupción, inclusive en la justicia.

¿A usted lo han contactado para ser testigo en las investigaciones que se adelantan en EE. UU.?

Prefiero no comentar los procedimientos que se están llevando en Estados Unidos, porque están en una etapa confidencial.

¿Sabe de personas que han sido citadas a declarar por la justicia de EE. UU.?

Conozco lo que se ha dicho en la prensa sobre la supuesta citación que hizo la justicia estadounidense a Eleuberto Martorelli, que es muy importante para conocer la verdad de lo que sucedió en Colombia. Actualmente hay un juicio sobre el soborno inicial, que fue de US$6,5 millones, pero poco se está hablando de los otros US$50 millones que se pagaron. Ese fue el dinero que Odebrecht no le contó al gobierno de EE. UU. La persona que conoce esa información, además de los gerentes de la Concesionaria Ruta del Sol, es Martorelli, porque era el presidente de Odebrecht en Colombia entre 2013 y 2016.

¿Esa es la persona que debe saber a dónde fueron a parar los dineros de la contratación ficticia que se hizo en la Ruta del Sol 2?

Supondría que sí. Si es cierta la citación de Martorelli a EE. UU., sería la única forma de descubrir qué pasó, porque en Colombia no hay un solo juicio sobre esos pagos y las personas que los ordenaron en Odebrecht y Corficolombiana no están siendo investigadas.

¿La muerte de Jorge Enrique Pizano y la revelación de las grabaciones que realizó al hoy fiscal general y directivos de Corficolombiana son un punto de quiebre en la investigación del caso Odebrecht?

Sí. No conocí personalmente a Jorge Enrique Pizano, pero admiro lo que hizo. Fue la única persona que tuvo el coraje de hablar y contar lo que estaba pasando. Por hacer eso fue perseguido y eventualmente murieron él y su hijo en situaciones poco claras. Su muerte no debe ser en vano, porque debe servir para que en Colombia nos demos cuenta de qué está pasando. A veces relacionamos la corrupción con el funcionario de un pueblo que cobra por hacer un trámite, pero la realidad es que el mayor problema es la corrupción en las altas cúpulas del empresariado, la justicia, el Congreso, etc. Lo que hizo Pizano fue poner de presente esto al país.

Si la Corte Suprema acepta la recusación contra el fiscal, ¿considera que existirían garantías en su proceso?

Garantías para mi vida, no. Yo esperaría que existieran garantías en el proceso de acusación y que, teniendo una persona que no está relacionada con los hechos, pueda existir un proceso de investigación objetiva.

Actualmente, el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa está revisando todos los principios de oportunidad que se negociaron en la investigación de Odebrecht. ¿Considera adecuada esa revisión o eso interfiere con el desarrollo de los juicios?

Me parece muy importante que se revisen todos esos principios de oportunidad que se han otorgado, porque hay mucha suspicacia en Colombia de que esos procesos no se hicieron para saber la verdad sino para ocultarla.

¿Cómo analiza que ninguno de los directivos de Odebrecht le esté dando la cara a la justicia colombiana para saber qué pasó, a pesar de que ya comparecieron en el juicio de José Elías Melo?

En el juicio de Melo, según he visto en los medios, solo han hablado del sistema de pagos mundiales. Es lamentable que tanto los brasileños como los colombianos no estén contando la verdad. Estos pagos salieron de una compañía en Colombia y de un consorcio en Colombia: la Concesionaria Ruta del Sol SAS y el Consorcio Constructor Consol. Ahí estaban muchos ejecutivos que tenían que aprobar esos pagos y ejecutarlos. Ninguno ha salido a explicar qué pasó. El único que lo hizo fue Pizano y miren lo que pasó.

A usted le van a imputar cargos por hechos relacionados con la Ruta del Sol 3, con la posibilidad de que le impongan una medida de aseguramiento. ¿Cómo ve ese proceso?

No hay ninguna garantía. Recusé al fiscal y sus actuales fiscales para que este caso lo analice un fiscal independiente. Ese pedido de aseguramiento, que por cierto es nuevo, porque en la audiencia original no se solicitó, en mi opinión no es nada más que un intento adicional para ponerme en un estado de intimidación y para que no pueda colaborar con la justicia de Estados Unidos.

¿Este segundo proceso es para usted un intento de frenar su colaboración con las autoridades estadounidenses?

No lo sé, pero pedir una medida de aseguramiento sí. Si ellos logran tenerme en la Modelo, custodiado por el Inpec, no podría estar en comunicación con la justicia estadounidense como lo estoy haciendo ahora.

¿Cómo está colaborando?

Es un tema confidencial.