El nuevo capítulo en la lucha por el Iberoamericano de Teatro

Anamarta de Pizarro, directora del Festival Iberoamericano de Teatro. Fanny Mikey, principal gestora del teatro en Colombia. Daniel Álvarez, hijo de Mikey, trabajó en el teatro desde 2003 y fue despedido.

Desde hace dos semanas la polémica pública por los manejos que hacen la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB) y la Fundación Teatro Nacional (FTN), que administra las salas de la calle 71 y La Castellana, no cesa. Un debate que surgió a raíz de las denuncias de Daniel Álvarez Mikey, hijo de la revolucionaria de la escena Fanny Mikey, quien durante más de 30 años de trabajo consolidó la actividad teatral en el país. Sin embargo, cuando se creía que el intenso debate estaba por concluir con las explicaciones de todos los involucrados, se abre un nuevo capítulo hasta ahora desconocido: los procesos que están apareciendo en los estrados judiciales, las decisiones de los jueces y una nueva denuncia sobre hackeo de cuentas, desaparición de información clave y seguimientos informáticos al protagonista del debate.

La principal decisión fue por cuenta de Diana del Pilar Amézquita Beltrán, jueza tercera civil de Bogotá, quien el pasado 18 de marzo le puso un tatequieto al manejo de recursos efectuado por la Fundación Teatro Nacional. En concreto, la funcionaria judicial ordenó en esa fecha el embargo y la retención de los dineros recaudados por la fundación por concepto de preventa o abono y pago de tiquetes para la entrada a los espectáculos que hicieron parte del pasado Festival Iberoamericano de Teatro, que se celebró entre el 11 y el 27 de marzo pasados.

La decisión cobijó además a la Sociedad Payu Colombia S.A.S., que suscribió un contrato con la Fundación Teatro Nacional en condición de organizadora y responsable del evento. Igual decisión afectó a la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., responsable de la gestión de los recursos destinados y obtenidos en desarrollo del referido evento internacional. Embargos que, en consideración de la jueza Amézquita Beltrán, tuvieron un tope de $472 millones, que los demandados no cancelaron.

No obstante, la situación administrativa y financiera del festival sigue en dificultades. La razón es que la jueza Amézquita también ordenó “el embargo y secuestro de la marca y demás signos distintivos que identifiquen al Festival Iberoameriano de Teatro de Bogotá y que están registrados a nombre de la demandada”. En otras palabras, la difícil situación de la corporación y la fundación, además de dificultades financieras, ha pasado por embargos y secuestro de bienes, y ahora hasta la marca está en veremos.

El abogado Pedro Pablo González, quien representa a uno de los proveedores del festival, explicó que se vio en la obligación de solicitar el embargo como una medida cautelar para garantizar el pago de las obligaciones incumplidas. “Como es natural dentro de los procesos ejecutivos, el juzgado ordenó el embargo de todos los activos de la corporación que hacen parte de la prenda general de los acreedores”, resaltó González. El jurista indicó que, desde la fecha de incumplimiento del pago, que derivó en una demanda que interpuso como apoderado de la empresa El Roble Producciones S.A.S., contratada por la corporación para efectuar toda la producción técnica y logística del festival en 2014, ninguno de los directivos procuró un contacto para lograr un acuerdo.

El asunto con los embargos es que están vigentes y en proceso de registro de las entidades a las que le fue notificada la orden judicial. En cuanto a la marca del festival, se ha identificado como un activo de la corporación y hace parte de la prenda general de los acreedores, es por ello que, incluso como estrategia jurídica, se hizo pertinente al no existir otros activos para garantizar las obligaciones incumplidas.

Según el abogado González, “actualmente se están realizando las notificaciones a la corporación y se están recibiendo las respuestas de las entidades que tengan activos de esa corporación objeto de embargo”. Pese a esta situación, la junta directiva, tanto de la fundación como del Iberoamericano, expresó que en los últimos días el festival ha reducido sus obligaciones pendientes a $4.000 millones, que, como en toda entidad privada, se quiere apalancar con créditos del sector financiero. “Seguiremos empeñados en el pago de este pasivo que consideramos fundamental para la viabilidad del mismo. Desafortunadamente, situaciones de la economía nacional, como el diferencial cambiario, nos han sido adversos”, explicó la junta.

Pero no solo los embargos, retenciones de dineros o líos con la marca afectan al festival. Una revisión a los demás juzgados civiles del Circuito de Bogotá muestra que la situación es más difícil de lo que se conoce hasta ahora. Allí aparecen registrados seis procesos más contra la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Los demandantes son Towerrech América S.A., Transportes Sival S.A., Publicaciones Semana, Wilmer Estuarco Granda Vega, Platino Entertainment Ltda. y la firma Acosta Leal Hermanos S.A.S.

En medio del debate, el heredero del legado de Fanny Mikey, su hijo, Daniel Álvarez, se notificó oficialmente el viernes de su carta de renuncia. Un hecho al que antecedió la comunicación del 13 de mayo firmada por William Cruz Suárez, presidente de la junta directiva, en donde le informó que de manera unánime decidió dar por terminada la vinculación laboral que tenía desde el 15 de enero de 2003. Acompañada de otra comunicación en donde el mismo Cruz le señala que la junta está dispuesta a recibirlo para aclarar las inquietudes: “Esta invitación la hacemos por cuanto nos gustaría mucho que usted siga siendo parte de los que usted denominó un club de buenos amigos” (ver facsímil).

El ambiente sigue enrarecido en el entorno teatral. Desde cuando empezó a hacer sus denuncias y a detectar que algo olía mal, Daniel Álvarez descubrió también que su correo había sido hackeado. Mucha información clave desapareció de su computador. Valiosos documentos y archivos fueron borrados misteriosamente. Ahora, junto con su abogado, entabló una acción jurídica para impedir que la junta reforme los estatutos, porque en su parecer es nocivo para la corporación y la fundación. El nuevo capítulo ante los estrados judiciales apenas comienza. Afuera, sin empleo, pero con el respaldo de actores, gestores internacionales, directores y un público expectante, Daniel Álvarez quiere seguir luchando por mantener el legado de su madre, Fanny Mikey, que por ahora está en manos de terceros y parece incierto.

Argumentos de la junta directiva