El rastro oculto de un tal ET

Mencionado en el escándalo del carrusel de la contratación en el Distrito, aparecen documentos que comprometen al hombre de negocios en millonarios porcentajes de contratos que quiere arreglar.

El 6 de junio de 2010, presuntamente en Miami, adonde había viajado ocho días antes el polémico hombre de negocios Emilio Tapia Aldana, se realizó una reunión con carácter de urgencia para revisar los proyectos de infraestructura que a través de terceros se estaban desarrollando en Bogotá. De ese encuentro denominado “Reunión de asignación de tareas, fechas y compromisos” quedó un documento en Excel de 11 páginas con detalles sobre el estado de cada obra, las fechas de entrega y entidades del Distrito contratantes.

En dicho documento, conocido por El Espectador, quedó registrado, por ejemplo, el proyecto San Victorino, de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), a cargo de Julián Gómez Naranjo y avances normales. No obstante, como en los demás proyectos referidos, en la columna de observaciones se incluyó un revelador diálogo: “Pregunta Saúl: ¿El contrato tiene algún problema actualmente?”. Y responde JGómez: “No. Todo marcha bien en este proyecto. Para cada caso quedó repetido un esquema similar de revisión colectiva.

En un recuadro, resaltado con el título de asistentes, quedaron algunas señas de quienes estuvieron en la reunión del 6 de junio de 2010: “SCamp, LCard, Diego, Ernesto, JGómez y CDonado”. Del cuarto está claro que fue Julián Gómez, porque así quedó escrito más adelante, y del último que fue Carlos Donado, porque igualmente así se escribió después. De los dos primeros, basta leer los múltiples informes que se han publicado en los últimos días en la prensa colombiana para deducir sus nombres de pila: Saúl Campanella y Luis Cárdenas.

A unos y otros los unen las cuatro letras de una empresa, Geos, que en menos de una década se han conservado con distinta denominación complementaria. Se trata de una firma que primero se llamó Lincon S.A., constituida en Calarcá (Quindío) en enero de 2001; luego transformada en Geos Consulting S.A. mediante escritura de febrero de 2007 en Manizales; y a partir de septiembre de 2009, cuando pasó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificadas, como está hoy registrada: Geos Construcciones S.A.S.

Hace menos de un mes una investigación de la revista Dinero agregó el cuarto nombre: Geos Investment LLC, constituida en Florida (Estados Unidos), donde obra como representante el mismísimo Emilio Tapia. Quizás eso explica por qué 49 de sus 79 registros migratorios entre 2007 y 2010 han tenido como destino la ciudad de Miami. Paradójicamente, la misma ciudad donde Saúl Campanella y Luis Cárdenas han constituido decenas de empresas, según registros de la División de Corporaciones de la Florida (ver facsímil).

Esta información puede certificarse por la citada “Reunión de asignación de tareas, fechas y compromisos” del 6 de junio de 2010. Un documento donde además se refieren contratos con tres entidades: la Empresa de Renovación Urbana (ERU), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría de Movilidad. Y proyectos específicos: Manzana 5, San Victorino, Parque de la Hoja, Estación Central, ALO Calle 13, Autopistas Urbanas, Construcción Carrera Sexta, Aseo Circuito Nuevo en Bogotá, Ciudad Salud o Parquímetros Bogotá.

En busca de asesores

No fue un documento en vano. Se hizo para el manejo interno del círculo cercano de Emilio Tapia, pero terminó en manos de un grupo de profesionales que él mismo buscó en Colombia para prepararse para el escándalo. Apenas dos semanas atrás la revista Semana había publicado el primer informe sobre el enigmático personaje de Sahagún (Córdoba), cercano al senador Iván Moreno Rojas, y más de uno se preguntaba por qué Tapia era ya considerado el zar de los negocios públicos en Bogotá, pero no figuraba en ningún contrato con el Distrito.

No lo necesita. Los terceros lo pueden hacer. Lo constataron los expertos que consultó Emilio Tapia, quienes luego de varias reuniones también constituyeron un documento aún más revelador, que consigna lo que Tapia les dijo con el propósito de buscar salidas al atolladero. Son tres páginas también en Excel, sin título ni firmas, pero con suficientes datos para ratificar que fue la hoja de ruta en la que el polémico hombre de negocios develó algunas verdades sobre sus intereses contractuales en la capital de la República.

Por ejemplo, en el asunto “Concesión TGI”, descrita como una operación logística del sistema de acueducto de Bogotá, en una columna denominada “Escenario real”, se lee: “Composición actual: 30% Metalcom, ASA, Cubanos; 50% ACC; 20%, Indecon. Del porcentaje de Indecon, el 75% le corresponde a ET y el 25% a Indecon”. No es difícil deducir que ET seguramente es Emilio Tapia. En cuanto a Indecon, considerada otra de las firmas de su eje empresarial, según el ex senador Gustavo Petro, su representante legal es Julián Gómez Naranjo, el mismo de Geos.

Y así se repite el patrón en cada uno de 13 asuntos: Aseo Capital, zonas de barrido y recolección, lotes ERU, Centro Comercial San Victorino, Sistema Integrado de Transporte, Manzana 5, Adición Conalvías contrato Calle 26, Carrera Séptima, Calle Sexta, Concesión Avenida Longitudinal ALO Calle 13, Sistema Masivo de Transporte Metro y Sociedad HH. Para cada tema hay un escenario formal que describe la obra, un escenario real que incluye los intereses de Emilio Tapia y un objetivo que plantean los expertos para salvar sus intereses.

Hay casos casi inverosímiles. En el asunto Sistema Integrado de Transporte aparece escrito que habrá una comisión de éxito del 8% a favor de ET. El objetivo trazado reza: “Verificar el estado precontractual, garantía de pago de la comisión de éxito, vehículo jurídico y financiero de recolección y pago del valor que le corresponde a ET por cada pasajero durante todo el término de la concesión”. En cada caso lo que se busca es asegurar la entrega de los recursos a ET, es decir, a Emilio Tapia Aldana.

Uno más. En el asunto Avenida Longitudinal ALO Calle 13, literalmente en el escenario real se lee: “A ET le corresponde el 22% de la ejecución de la obra. A ET le corresponde el 22% del recaudo”. El objetivo planteado por los expertos consultados apunta a “verificar el estado del proceso precontractual, las condiciones de participación, la representación legal del ente que fungirá como adjudicatario y la elaboración del vehículo jurídico que garantice la participación de ET en la ejecución y utilidades de la obra correspondiente al 22%. Asegurar comisión de éxito del 8%”.

El modelo persiste una y otra vez con una explicación: “Emilio Tapia necesitaba formalizar sus comisiones, es decir, a través de documentos legales darle ropaje jurídico a su participación en las obras”, como lo comentó a El Espectador una fuente que conoció al detalle la forma como se elaboró el análisis de cada negocio. Por eso para cada asunto se incluye la participación de ET y simultáneamente la sugerencia de elaborar un vehículo jurídico, financiero y contable para asegurar la entrega de los recursos que previamente estaban acordados.

¿Y cómo hacía Emilio Tapia para garantizar su participación en los contratos sin aparecer en los mismos? Una de las fórmulas fue diseñar un curioso acuerdo de contratación y confidencialidad, a través del cual condicionaba a los contratistas a pagar el 50% del valor neto de las comisiones si llegaba a divulgarse información a terceros. En otras palabras, revelar el secreto costaba caro y hasta se incluía una cláusula para castigar el incumplimiento. La norma de oro era la confidencialidad extrema, a la vez garantía para todos.

Este diario conoció uno de esos acuerdos de contratación y confidencialidad. Lo firman Emilio Tapia y Manuel Fernando Pastrana Sagre. Lo suscriben tres contratistas. Estos últimos quedaron comprometidos a pagar $2.000 millones de sus utilidades en los negocios del Centro Comercial San Victorino y el Centro Logístico Manzana, adjudicados por la Empresa de Renovación Urbana. Un reciente informe ratifica que finalmente el proyecto quedó en manos de la Unión Temporal Urbe Capital, gerenciada por el ya citado Julián Gómez.

Tampoco es gratuito que aparezca el nombre de Manuel Fernando Pastrana Sagre, ex asesor de la Empresa de Renovación Urbana y del IDU. Igualmente nacido en el municipio de Sahagún (Córdoba), hermano del diputado Jorge David Pastrana, también oficia como representante de la empresa Consulting Sistems Ltda., creada en Montería (Córdoba) en agosto de 2007. Pastrana Sagre también ha contratado con el Congreso y su hermano diputado también tuvo negocios con la empresa de Acueducto de Bogotá en 2006.

La red de Emilio Tapia es compleja, así como sus negocios, pero una ligera mirada a sus movimientos financieros en los últimos tres años deja ver un enriquecimiento desmedido. Por eso sigue siendo un misterio saber cómo un hombre de 35 años, que hace apenas 7 salió de Sahagún a buscar fortuna, hoy, tan sólo en la empresa Geos Construcciones de la que fue socio, en 2007 tuvo un incremento patrimonial del 692% y en 2008 del 519%. Las consignaciones hablan por sí solas. Cheques hasta por $500 millones y consignaciones superiores a los $2.000 millones.

Cifras que parecen irreales para una empresa con un capital de apenas $100 millones. Por eso, la otra preocupación que Tapia manifestó a los expertos fue cómo enfrentar el cerco penal que empieza a estrecharse a su alrededor. La primera fórmula fue tratar de legalizar todo. Los impuestos, las deudas, la contabilidad. Pero, ¿cómo hacerlo? Las presuntas comisiones habían sido cubiertas por facturas de venta de servicios. Por ejemplo de transporte de mezcla asfáltica por valor de $1.600 millones, como hoy puede leerse en un documento fechado en diciembre de 2009.

No es una tarea fácil y sabe que está en problemas. Él dice que no tiene contratos con el Distrito y que sus relaciones con Iván Moreno son amistad de familia. Admite que tiene negocios de construcción, pero no en Bogotá. El problema es que están surgiendo los nexos que probarían que no los hizo a su nombre. En cambio de sus andanzas en el exterior despunta el rastro, el mismo del alquiler de aviones y movimientos migratorios con astronómicos gastos. Tapia sabe que no la tiene fácil. Se dice que un ex magistrado de la Corte Suprema ya le habla al oído para defenderlo.

Entre los negocios y la política

Con menos de 40 años de edad, Emilio Tapia nació en Sahagún (Córdoba). Hijo de un ex funcionario de la DIAN y la recepcionista de una IPS. Se dice que quien lo trajo a Bogotá fue su vecino, el parlamentario Bernardo Ñoño Elías. De la mano de su padrino político trabajó en la DIAN. Gente de Sahagún ha comentado que Tapia y su promotor en épocas de fiesta regalaban electrodomésticos a los habitantes del municipio. Posteriormente, también en el ámbito político conoció al senador Iván Moreno y Tapia contribuyó con la pasada campaña al Senado con una votación de 3.881 votos,  significativa en el municipio de Sahagún.

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