El Top 10 de los casos de corrupción ‘ad portas’ de fallo

Sectores de infraestructura, transporte, energía y social entran en etapa final para veredicto fiscal.

Norbey Quevedo H.
20 de septiembre de 2013 - 08:17 a. m.
El Top 10 de los casos de corrupción  ‘ad portas’ de fallo

Antes de finalizar el año, la Contraloría General de la República empezará a emitir fallos sobre los casos que han tenido amplia connotación fiscal, disciplinaria y penal en los últimos años.

Con base en documentos oficiales, El Espectador revisó los 10 procesos fiscales más importantes, en donde las autoridades estiman que hay la mayor cantidad de recursos públicos en entredicho. (Vea cada caso en imágenes)

Dicha revisión de los procesos da cuenta de la entidad afectada, el monto de los dineros en investigación, la génesis del caso, la afectación social y los principales vinculados.

Por ahora, los investigadores dan los últimos toques en la etapa final de la decena de procesos que comenzarán a definirse en los próximos días con el fallo de responsabilidad fiscal en el caso de la EPS SaludCoop.

En este último caso, uno de los vinculados interpuso una acción de tutela esta semana ante el tribunal administrativo de Cundinamarca por violación al debido proceso. Ese despacho notificó este jueves a la Contraloría y el asunto está a punto de resolverse. Si falla en favor de accionante, el proceso fiscal de SaludCoop EPS iniciaría de nuevo.

Los vinculados en los procesos han reiterado ante el organismo fiscal que no tienen responsabilidad alguna en las conductas que se investigan y están a la espera de la culminación de sus casos.

El Espectador presenta la radiografía de cada caso:

Caso 10: Agro Ingreso Seguro

Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Monto estimado: $12.700 millones.

Génesis del caso

• Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología. • Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “Agro Ingreso Seguro (AIS)”. (Créditos al sector agropecuario)- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. (Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros)

Afectación social

Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.

Principales vinculados -Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Caso 9: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Monto estimado: $64.700 millones.

Génesis del caso

La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones, el reparto de dividendos sobre utilidades brutas sin haber enjugado las pérdidas, además de la realización de inversiones del capital social en el Fondo Proyectar Valores.

Afectación social

El monto correspondiente al 51% de la Empresa de Energía de Pereira es de recursos públicos del municipio de Pereira. El hecho de haber repartido dividendos sin liquidación de deudas e invertido en un fondo de valores tiene en riesgo el patrimonio público.

Principales vinculados

-Israel Londoño Londoño. -Enertolima Inversiones S. A. -Adriana M. Wolff Cuartas. -Carlos A. Peña Bernal. -Jaime A. Herrera Agudelo. -Carlos A. Duque. -Édgar M. Galvis Lugo. -José M. Giraldo Barreto. -Gabriel A. Viveros Naranjo. -Juan M. Arango Vélez. -Álvaro D. García Muñoz. -Álvaro Beltrán Alzate. -Guillermo L. Henao Flórez. -Gabriela Jaramillo Restrepo. -Andrés H. Tamayo Guarín. -Diana M. Pulgarín Santa. -Jorge I. Zapata Escorcia. -Luis A. Ríos Velilla. -John J. Toro Ríos. -Manuel Nule Velilla. -Gabriel Gómez Gutiérrez. -Luis González López. -César Arango Isaza. -Empresa Capitalizadora del Tolima. -Kapital Energy.

Caso 8: Coomeva EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud.

Monto estimado: $146.900 millones.

Génesis del caso

Supuesta distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos.

Afectación social

El efecto del uso supuestamente indebido de recursos de la salud, que se generó por manejos financieros y contables posiblemente ilegales, evidencia la supuesta falta de transparencia y la debilidad en los controles de las entidades prestadoras de salud, afectando a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera.

Principales vinculados

-Coomeva EPS -Fernando Panesso Serna, gerente general de Coomeva EPS. -Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general de Coomeva EPS. -Nilson Humberto León Ramírez. -Sandra Moya Mendoza. -Price Waterhouse Coopers Ltda. -Judith Chica Mosquera, revisora fiscal principal de Coomeva EPS.

Caso 7: Transmilenio calle 26

Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Monto estimado: $156.000 millones.

Génesis del caso

Presuntas irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda. y Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de cuatro obras licitadas por el IDU mediante licitación pública número Idu-Lpdg022-2007.

Afectación social

Los bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de posible corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico.

Principales vinculados

-Luis Eduardo Garzón -Samuel Moreno Rojas -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Manuel Francisco Nule Velilla -Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño

Caso 6: Vía Bogotá-Girardot

Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Monto estimado: $170.800 millones

Génesis del caso

Presuntas irregularidades respecto a la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa- Granada-Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot.

Afectación social

Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos.

(Ver actualización: Contraloría archiva proceso por auditorias médicas de Caprecom)

Principales vinculados

-Luis Carlos Ordosgoitia -Álvaro José Soto García -Alfredo Pérez Santos -Julio César Arango Garcés -Álvaro Escalante Rodríguez -Juan Manuel Martínez Paz -Manuel Francisco Nule Velilla -Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Eduardo Nule Mariño -Miguel David Bonilla España -Jaime Fernando Ortiz Díaz -Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. -MVN S.A. en liquidación judicial -Vergel y Castellanos S.A. -Álvarez y Collins S.A. -Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS -Enrique Dávila Lozano EDL SAS -Consultoría Colombiana S.A. -B & C S.A.

Caso 5: Recursos parafiscales de la salud

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $224.000 millones

Génesis del caso

Se derivaron de supuestas denuncias sobre posibles desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social.

Afectación social

El presunto desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el Estado

Principales vinculados

-Consorcio Fidufosyga 2005 -Coomeva EPS -Cruz Blanca E.P.S. -Famisanar E.P.S. -Humana Vivir E.P.S -Solsalud EPS -Luisa Fernanda Bellini Pérez

Caso 4: Recolección de basuras en Bogotá

Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Monto estimado: $348.000 millones.

Génesis de caso

El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de la ciudad de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo (SIISA).

Afectación social

Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad.

Principales vinculados

-Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano -César Augusto Villamil Gómez -José Róbinson Gómez Trejos -Fabiola Ramos Bermúdez -Victoria Eugenia Virviescas Calvete -Tanny Liliana García Lizarazo -Gerardo Enrique Cuenca Melo -Miriam Margoth Martínez Díaz -Juan Carlos Junca Salas -Fiduciaria Bancolombia.

Caso 3: Caprecom

Entidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

Monto estimado: $559.500 millones

Génesis del caso

Presunta indebida financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos.

Afectación social

Se investigan posibles deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo.

Principales vinculados

-Carlos Tadeo Giraldo Gómez, director general de Caprecom en el período 18/11/2002 a 19/09/2010.

-Mario Andrés Urán Martínez, director general de Caprecom en el período 20/09/2010 a 20/09/2011.

-Fernando González Rodríguez, subdirector financiero de Caprecom en el período 30/01/2003 a 31/01/2011.

-Rafael Leonardo Páez Fuentes, secretario general (E.) de Caprecom (ver aclaración)

-Moisés David Hernández Sánchez, secretario general de Caprecom desde el 11/07/2011 hasta el 15/12/2011.

-Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS (E) de Caprecom.

-Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada legalmente por Luz Marina Pérez Serna

-Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada legalmente por Pedro Fabián Forero. (ver al final actualización de esta noticia)

-Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada legalmente por Fabio Alberto Valencia Bustamante.

Caso 2: IPS no habilitadas

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $943.900 millones

Génesis del caso

Pagos a Instituciones Prestadoras de Salud que según los registros no aparecen como habilitadas. . Afectación social

Se afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios.

Principales vinculados: Por determinar.

Caso 1: SaludCoop EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $1,7 billones

Hecho generador

La supuesta utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares.

Afectación social

Los afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida.

Principales vinculados

-Carlos Gustavo Palacino Antía, expresidente SaludCoop -María Carolina Lamus, exdirectivo SaludCoop EPS -Alberto Castro Cantillo, exdirectivo SaludCoop EPS -Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, directivo SaludCoop EPS -Eugenio Mejía Serna, directivo Saludcoop EPS -Consultoría de Estrategias y Negocios S.A. -Estudios e Inversiones Médicas S.A.

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Aclaración: Luego de la publicación de este artículo, el señor Rafael Leonardo Páez Fuentes envió copia del auto de la Contraloría General de la República de octubre 18 de 2017 que confirmó el fallo que ordenaba el archivo del proceso de responsabilidad fiscal por este caso de la EPS Caprecom, un certificado de la Contraloría General de la República en el que consta que él no presenta antecedentes fiscales ni se encuentra reportado como responsable fiscal, además de un certificado de antecedentes disciplinarios y judiciales donde consta que jamás ha sido sancionado.

* Actualización de esta noticia caso 3: Caprecom: Con posterioridad a esta publicación, la Contraloría General de la República, mediante Auto No. 1703 del 15 de septiembre de 2017, ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2014-04495_UCC-PRF-054-2012 a favor de los exfuncionarios de Caprecom Carlos Tadeo Giraldo Gómez, Mario Andrés Urán Martínez, Fernando González Rodríguez, Rafael Leonardo Páez Fuentes, José Ricardo Rodríguez Doncel, Moisés David Hernández Sánchez, Claudia Catalina Beltrán Rodríguez, y de las sociedades BDO Audit S.A. representada legalmente por Luz Marina Pérez Serna, Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda. representada legalmente por Pedro Fabian Forero, Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A. representada legalmente por Fabio Alberto Valencia Bustamante, Fenix Asesores S.A.S. representada legalmente por William Ricardo Rincón Rios, y Salus Global Partners GC S.A.S. representada legalmente por Andrés Felipe Trujillo Polanía, en tanto no se probó dentro del proceso la indebida financiación con proveedores, ni el desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, ni la desviación de recursos con cesión de auditorías médicas que no cumplían su objeto e indebida ejecución del objeto contractual, ni la desviación de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos, no lográndose establecer que los hechos señalados en el auto de apertura de la investigación como generadores de daño patrimonial al Estado, existieron o eran constitutivos de detrimento patrimonial.

Por Norbey Quevedo H.

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