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En público y en privado no se cansa de decirlo: no es enemigo de la paz. Pero se ha convertido en el palo en la rueda del proceso que el gobierno Santos y las Farc adelantan en La Habana. Hace algunos meses protagonizó un rifirrafe con el fiscal Eduardo Montealegre, cuando éste argumentó que los guerrilleros no tenían delitos de lesa humanidad. Ahora quiere saber qué funcionarios están viajando a Cuba a conversar con las Farc. El procurador Alejandro Ordóñez se limita a decir que cumple su oficio.
“No es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con las Farc o con el Eln en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están expresamente señaladas en el Código Penal”, se apresuró a replicar el fiscal general, Eduardo Montealegre. En medio del pulso entre dignatarios de la justicia salió a relucir un nombre que causa escozor cada que se asoma a hablar de paz: el exministro Álvaro Leyva Durán.
Lo señaló el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, de estar interfiriendo en el proceso de paz. Salió a defenderlo el vocero de las Farc en La Habana, Iván Márquez. Ya se rumora que detrás de las acusaciones está la vieja pugna que han librado Leyva y el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, desde que el segundo, cuando oficiaba como fiscal en 1998, abrió una investigación contra el primero por presunto enriquecimiento ilícito. Entonces Leyva terminó asilado en Costa Rica y años después fue absuelto por la justicia.
Lo cierto de toda esta historia es que desde el pasado 25 de septiembre la Procuraduría abrió una indagación preliminar para saber qué están haciendo funcionarios en Cuba. El Espectador conoció el texto de esta investigación disciplinaria, y de ella se desprende que no sólo el Ministerio Público busca saber quiénes han viajado y con qué propósito, sino también si la información obtenida tiene algo que ver con los hallazgos de la justicia en las operaciones en las que fueron abatidos Alfonso Cano y el Mono Jojoy.
El documento está firmado por el procurador primero delegado Juan Carlos Novoa y la procuradora segunda delegada María Eugenia Carreño. De entrada expresa que, según información recibida por el despacho del procurador Ordóñez, en desarrollo de las operaciones ‘Odiseo’ y ‘Sodoma’, se conocieron supuestas conductas que “podrían enmarcarse en hechos punibles y/o faltas disciplinarias cometidas por particulares y/o servidores públicos”. Esa información quedó radicada para promover una “actuación separada”.
Además, añade el documento, la Procuraduría conoció que servidores públicos, “al parecer sin recibir las autorizaciones o los trámites previos para el efecto, se han desplazado a la ciudad de La Habana con el fin de participar en reuniones con grupos al margen de la ley”. En consecuencia, dispuso abrir una indagación preliminar para averiguar los nombres de los presuntos responsables. Esa directriz fue la que encendió las alarmas y tiene al país debatiendo sobre la legalidad de esas visitas, aunque el fiscal sostenga que son válidas.
No obstante, la determinación del procurador está clara cuando se leen las pruebas que ya está recaudando. A la Presidencia le pidió certificar qué servidores públicos han sido autorizados para viajar a La Habana e intervenir en el proceso de diálogo con las Farc. Al Congreso le pidió que explique si esta corporación ha efectuado trámites para viajar a La Habana y quiénes han sido autorizados por el Ejecutivo. A las comisiones de paz de Senado y Cámara, si han gestionado permisos para intervenir en el proceso de diálogos entre el Gobierno y las Farc.
La idea de la Procuraduría, explícita en el último de los apartes del documento, es que una vez se conozcan los reportes de la Presidencia y el Congreso, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, le envíe al Ministerio Público la relación de las salidas del país de los servidores públicos que estén en los informes. De esta manera, salta a la vista que el propósito es conocer a qué fueron a Cuba y, de ser posible, si se reunieron con las Farc sin el permiso del Gobierno.
Si se tiene en cuenta que a la misma dependencia de la Cancillería también han llegado requerimientos similares del Concejo de Bogotá, es claro que se pretende saber si miembros del Congreso, del cabildo distrital o de la Alcaldía de Bogotá, entre otros funcionarios, han viajado a Cuba para sostener reuniones con esta guerrilla. Los defensores del proceso de paz sostienen que se quiere satanizar cualquier acercamiento de paz a las Farc. Los detractores afirman que no se pueden “caguanizar” los diálogos de La Habana.
Lo real es que los rumores crecen y se dice que dos directores de partidos políticos y varios candidatos al Congreso están en la lista, y que la Procuraduría no va a perder la ocasión para establecer cuál es su papel en Cuba. Si se tiene en cuenta que por acudir a citas no autorizadas por el Ejecutivo, hoy están detenidos varios congresistas que en su momento se reunieron con las autodefensas, es evidente que los viajeros pueden verse en aprietos judiciales, o al menos tendrán que explicar qué fueron a hacer más allá del turismo.
A las Farc les interesa que todos los partidos políticos y movimientos sociales vayan a La Habana. Sobre todo si se trata de personajes cercanos a su ideario de paz. El Gobierno prefiere que pare la romería política a la isla, aunque sabe que si la Procuraduría extrema su vigilancia algunos de sus aliados pueden quedar en problemas. El asunto, entonces, va más allá de Álvaro Leyva o del protagonismo que ahora tiene el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo. El tema es que el procurador le tiene la lupa encima al proceso de paz.
Las últimas preguntas del procurador general
Con el argumento de que sus deberes le imponen vigilar la conducta de los servidores públicos, incluso los de elección popular, además del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el procurador Alejandro Ordóñez ya empezó a averiguar a qué van los congresistas a Cuba para reunirse con las Farc.
Se trata de una delegación autorizada por el Gobierno que esta misma semana se desplazará a La Habana, no sólo como parte del desarrollo de las discusiones sobre el segundo punto del acuerdo en torno a la participación política, sino también respecto a los debates propios del trámite del referendo para la paz.
Ordóñez quiere saber el objeto y los parámetros jurídicos del viaje, cuál fue el procedimiento acordado para escoger a los parlamentarios que van a viajar, bajo qué título o calidad van a actuar en Cuba y a través de qué mecanismos se va a controlar el ejercicio de sus funciones o la misión específica encomendada.
nquevedo@elespectador.com
@norbeyquevedo