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De la decena de bienes y propiedades de la mafia que por más de una década han estado en entredicho por sus malos manejos y ventas irregulares, el único caso significativo para develar el desfalco en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) ha sido el del centro comercial Villa Country, en Barranquilla. Sin embargo, a pesar de que existen tres condenas, ninguna de las personas que se beneficiaron comprando la propiedad a precios por debajo de su avalúo ha respondido. Se trata del empresario y dueño de Fedco, Leo Eisenband, y de su socio Luis Fernando Vásquez, reconocido en la capital del Atlántico por sus nexos comerciales con la marca Toyota y su cercanía con el poder político regional.
En general, el extenso expediente de la DNE ha sido un caso accidentado. Constantes cambios de fiscales, inactividad de los investigadores, dilaciones de los abogados defensores, mal manejo de testigos y cuestionables decisiones de los jueces, han sido la constante en este caso. El Espectador accedió a documentos que constatan cómo desde el año 2013 se ha intentado que la investigación no quede empolvada en los anaqueles de la justicia. La reciente condena contra Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, le dio un nuevo aire, pero simultáneamente el caso Eisenband lleva un año sin actividad y la imputación a Vásquez continúa en entredicho.
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En la investigación por la venta irregular del centro comercial Villa Country, que pertenecía al clan Nasser Arana, el primer condenado en 2013 fue el exagente liquidador Camilo Bula. Desde entonces, Bula se convirtió en testigo estelar del proceso y gracias a su colaboración avanzaron las pesquisas. Sin embargo, tuvieron que pasar ocho años para que se diera una nueva condena. Ocurrió el pasado 29 de enero, cuando el Juzgado 37 Penal de Conocimiento de Bogotá sentenció a 19 años de cárcel a Carlos Albornoz, quien recibió $800 millones por permitir que se vendiera el centro comercial a la empresa Eilat —de la que Eisenband y Vásquez eran socios— por $4.700 millones menos de su valor real.
Desde 2013 la Fiscalía intentó imputar cargos a Leo Eisenband. Solo el 16 de septiembre de 2019, tras nueve intentos, se logró iniciar el proceso formalmente contra el poderoso empresario por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal. Todo parecía tomar forma; sin embargo, se dio la primera decisión que dejó un sinsabor en la Fiscalía y en el abogado de víctimas: el Juzgado 52 de Garantías dejó en libertad a Eisenband, alegando que en las audiencias no se dio traslado a los elementos probatorios y no se pudo tomar una decisión.
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La fiscal era Patricia Fonseca, quien recibió el expediente con la misión de no dejarlo prescribir. Por eso, presentó su escrito de acusación contra Leo Eisenband el 13 de noviembre de 2019. A la espera de que citaran a la audiencia, las partes recibieron, el 16 de enero de 2020, una decisión del Juzgado 21 de Conocimiento de Bogotá en la que declaró que carecía de competencia para llevar el proceso de Eisenband y lo remitió a Barranquilla. Tanto la Fiscalía como el abogado de víctimas, Neil Medina, se sorprendieron con la decisión, pues nunca fue discutida por las partes. A los quince días, el 31 de enero, el caso llegó por reparto al Juzgado 11 de Conocimiento de Barranquilla.
En adelante, el expediente entró en un limbo, no solo porque llegó la pandemia, sino porque sacaron del caso a Patricia Fonseca —quien también estaba en la etapa final del juicio contra Albornoz— y en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla no se dio fecha para la audiencia de acusación. El nuevo fiscal, Henry Durán, se enfocó en sacar adelante el juicio contra Albornoz, y el capítulo Eisenband quedó relegado. Sin noticias claras, a finales de 2020 el abogado Neil Medina radicó varios derechos de petición para conocer el estado del proceso. El Juzgado 11 de Conocimiento respondió, el pasado 11 de febrero, a través de un correo electrónico, para decir que evaluaba si tenía o no competencia.
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“Es decir, este proceso no lo quieren en Bogotá ni en Barranquilla, donde se demoraron un año y once días para decirme que estudian la competencia. Si no la tienen, el proceso debe ir al Tribunal Superior de Barranquilla, que quién sabe cuánto se va a demorar para tomar una decisión. Están ganando tiempo y van a prescribir los delitos contra Leo Eisenband, a quien no lo van a juzgar porque también faltan los recursos que interpondrá la defensa. Es muy delicado lo que está sucediendo, porque, además, al socio de Leo Eisenband, Luis Fernando Vásquez, le siguen arrendando bienes decomisados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la DNE”, dijo el abogado Neil Medina.
La situación quedó en evidencia en agosto de 2017, cuando Medina preguntó en la SAE si en una bodega decomisada a la mafia en Barranquilla funcionaba una de las empresas de Vásquez. La SAE explicó que desde julio de 2012 le alquilaba la propiedad a la sociedad Autotropical S.A., supuestamente relacionada con Vásquez. Al indagar sobre el llamado a imputación de cargos contra este empresario por el caso Villa Country, este diario conoció que se piensa hacer el próximo mes. Sin embargo, hay una dificultad: el testigo estrella del proceso de la DNE y eje central de la condena contra Albornoz, Camilo Bula, continúa a la espera de que le definan un principio de oportunidad para seguir colaborando. Y los casos de Eisenband y Vásquez dependen de su ayuda.
(Vea: Caso DNE: a tres fichas del escándalo de corrupción les prescribieron los delitos)
En síntesis, la posibilidad de conocer lo que realmente sucedió en el desfalco de la DNE es cada vez más remota. Ya son tres fiscales generales los que han lidiado con la investigación y a la era de Francisco Barbosa le tocó recoger los platos rotos de las irregulares decisiones que adoptaron algunos fiscales del caso (ver balcón). Esto provocó que a la gran mayoría de los implicados, avaluadores y compradores les prescribieron los delitos. La promesa de hace una década de revelar una red de corrupción que salpicaba a congresistas, empresarios y altos funcionarios es hoy una quimera. De lo que se presentó como una inmensa red de corrupción que se tomó a la DNE fueron condenadas 17 personas, de las cuales menos de cinco son de alto perfil.