:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/spq3uiN_9uMMmsQrSM5jd_D_-rM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/5PFZP7RD25DEFLFK2XQFWZAZX4.jpg)
El objetivo que se trazó el presidente Juan Manuel Santos desde su llegada, de alcanzar la paz en Colombia, hoy parece tener efectos sobre el presupuesto de las Fuerzas Militares para la compra de armas y municiones. Si bien los diálogos de La Habana (Cuba) se adelantan en medio del conflicto y el presidente ha insistido en que, de fracasar, todo seguiría igual a como venía, lo cierto es que el actual gobierno ha reducido la compra de productos militares en el mercado local. Lo paradójico es que mientras se registra esta reducción, la que repunta es la venta de armas a civiles y a empresas de seguridad.
Los datos están consignados en el último informe de gestión de la Industria Militar Colombiana (Indumil), empresa estatal que tiene el monopolio de venta de armas en el país. En el documento, conocido por El Espectador, se observa cómo cayeron sus ventas durante 2012, que se explica así: “La línea de productos militares ha decrecido debido a las nuevas políticas gubernamentales basadas en la búsqueda de la paz. Esto se ve reflejado en el recorte al presupuesto de las FF.MM., cliente principal del sector”. Esto indica que los acercamientos con las Farc han sido el motivo principal del recorte del gasto militar.
De acuerdo con el balance de la compañía, consignado en un informe de 215 páginas, se encuentra que mientras que en 2008 (gobierno Uribe) vendieron productos militares por valor de $191.000 millones, en los últimos años este rubro de venta ha disminuido de forma paulatina y el año pasado cayó a $55.000 millones. En cifras concretas, durante el gobierno Santos la compra a Indumil de armamento, munición, bombas, granadas y demás elementos para la FF.MM. ha caído 72%.
Aunque Indumil no sólo fabrica armas, munición y explosivos para las Fuerzas Militares, entre 2003 y 2009 este cliente representó entre el 40 y el 70% de sus ventas. Por ejemplo, en 2009 los ingresos operacionales de la empresa fueron de $475.844 millones, de los cuales $180.000 millones fueron negocios con la Fuerza Pública. Sin embargo, desde entonces esta línea de negocio viene en picada, al punto de que el año pasado representó apenas el 12,5% de sus ingresos. Es decir, $55.000 millones de los $400.000 millones que reportaron el año pasado.
La principal caída fue en la venta de fusiles, munición y granadas. La de explosivos y bombas se mantuvo estable. En cuanto a fusiles, Indumil comentó que mientras en 2011 vendieron $44.000 millones, el año pasado fueron $18.000 millones, lo que representó una reducción del 58%. En cuanto a granadas, las ventas cayeron de $9.400 millones en 2011 a $1.700 en 2012, lo que representó una caída del 81%. En este punto, la compañía explicó que “el Ejército Nacional...posee inventario de granadas para cinco años, debido a la disminución de las operaciones militares”.
En el caso de la venta de municiones hay algo particular. Mientras en 2011 las FF.MM. le compraron a Indumil balas de todos los calibres, por casi $42.000 millones, en 2012 gastaron $5.600 millones, lo que representa una reducción del 86%. Algo llama la atención: a pesar de que la Industria Militar del Estado fabrica la mayoría de proyectiles que requieren las FF.MM., Indumil atribuyó la caída de ventas a que “no hubo pedidos por las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, porque le compraron a proveedores extranjeros”. Los directivos de Indumil calificaron esto como un contrasentido.
Frente a este panorama el analista Alfredo Rangel opinó que es claro que las operaciones militares ofensivas han tenido sustanciales reducciones con relación a años anteriores. “Este factor ha sido aprovechado por la guerrilla para aumentar sus acciones terroristas en el país, en especial en departamentos como Cauca, Santander, Arauca, Antioquia y Caquetá”. Y agregó: “Nuestros análisis han señalado que esa merma de operaciones militares se debe a la incertidumbre jurídica. Pero si es cierto que esta reducción se debe a la disminución de compras a Indumil, con el argumento de la política de paz, deben dar una explicación. También lo tiene que hacer el ministro de Defensa, los comandantes y toda la cúpula militar”.
Por su parte, Armando Borrero, analista y profesional de la Escuela Superior de Guerra, señaló: “Es difícil determinar a qué pueda obedecer esta baja. Pudo haber un equipamiento episódico que hoy no se está dando. En lo del gasto de munición, puede ser que ahora casi no hay combates y la mayoría de bajas de la Fuerza Pública se da por la minas antipersona. Pero son especulaciones. Ahora, también puede ser que haya un recorte en las FF.MM. y no han podido comprar, pero no creo que se pueda decir que es por la paz, pues es algo que no se ha concretado”.
Aunque la reducción de gasto militar es una medida que celebran los amigos de la paz y que critican los defensores de la carrera armamentista en procura de la seguridad, hay un ingrediente adicional que preocupa y que también se descubre tras analizar el balance de Indumil: la venta de armas a civiles y a empresas de seguridad privada recupera terreno. Es decir, los colombianos se están volviendo a armar.
En los últimos años las cifras de venta de armas a particulares habían caído drásticamente por las políticas de restricción a su porte, al pasar de $30.000 millones en 2008 a $15.581 millones en 2011. Sin embargo, según Indumil, el año pasado el negocio repuntó al registrar un incremento de 40%, ya que en 2012 se reportaron ventas cercanas a los $21.500 millones. Los principales compradores fueron las empresas de seguridad privada (45%), seguidas de los civiles (31%) y las entidades del Estado (13%).
Tomando como referencia que un revólver de fabricación nacional se puede conseguir legalmente (con permiso) en casi $2 millones, los datos de ventas reportados por la Industria Militar indican que el año pasado llegaron a las calles del país casi 11 mil revólveres nuevos, de los cuales 4.840 están en manos de las empresas de seguridad privada; 3.340 en manos de civiles; 1.430, en entidades del Estado, y 770, en militares activos y retirados.
Un dato adicional, que sirve para dimensionar la situación: el año pasado la Industria Militar reportó ventas de munición por $7.203 millones. Los que más compraron fueron los civiles (38%), que duplicaron lo que facturó el Ejército Nacional (18%) y cuadruplicó la cantidad de las compañías de vigilancia (9%), la Armada Nacional (9%) y las empresas (10%). Aunque esto concuerda con el incremento de venta de armas a civiles, para Indumil la razón de estas cifras tiene que ver con la venta de cartuchos deportivos para torneos de tiro.
A pesar de que el recorte en gasto militar por la política de paz es un argumento que está en la página 10 del informe oficial de gestión de Indumil, que se elaboró en enero pasado, hoy el Ministerio de Defensa e Indumil lo quieren desmentir. Según ellos, esa afirmación es un “error garrafal” y la razón para la reducción en la compra de productos militares para la Fuerza Pública tiene otra explicación.
De acuerdo con Yaneth Giha Tovar, viceministra de Defensa para el grupo social y empresarial, esa es una relación que no comparte. Pese a que reconoció que se han dado recortes en el gasto militar, aclaró que nada tiene que ver con los diálogos de La Habana, sino con la falta de recursos que representó la eliminación del impuesto al patrimonio.
“Entre 2007 y 2010 tuvimos este impuesto y en esos años el Gobierno hizo grandes esfuerzos para equipar a las fuerzas. El presupuesto para gasto militar pasó de $200.000 millones a $400.000 millones en esa oportunidad. Sin embargo, con la eliminación del impuesto, el gasto también tuvo que disminuir. Afortunadamente en esos años quedamos al día en cuanto a necesidades de armamento y a partir de 2011 ya no hay tanta necesidad de comprar”, aseguró la funcionaria.