Un escándalo que no cesa

La ruta Odebrecht entre el fiscal Martínez y Pizano

Sigue revuelo por develación de las grabaciones del fallecido controller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Pizano. El fiscal Néstor H. Martínez insiste en que apenas en 2017 se tuvo claro que los reportes de Pizano fueron sobornos.

Jorge Enrique Pizano murió el pasado 8 de noviembre en su finca en Subachoque. Aquí cuando era gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá. / Archivo

En agosto de 2015, cuando el ingeniero Jorge Pizano grabó las conversaciones privadas que sostuvo con el abogado Néstor Humberto Martínez, las cuales reveló el pasado fin de semana Noticias Uno y el viernes este diario, mucha agua había pasado debajo del puente de Odebrecht y la Ruta del Sol II. Dos meses antes, el 19 junio, había sido capturado en Brasil el empresario Marcelo Odebrecht, se habían encendido las alarmas y, como controller de la concesionaria, Pizano entregó un informe con reparos a millonarios pagos hechos a contratistas. Además recordó que llevaba más de dos años reportando alertas sobre irregularidades.

(Vea: Néstor Humberto Martínez sospechó que hallazgos de Pizano eran delitos)

Advertido de que la sombra de Odebrecht se empezaba a expandir y que esos desembolsos podían desatar un escándalo en Colombia, Pizano empezó a grabar sus conversaciones. Entre ellas la que sostuvo con Martínez para que intercediera ante Luis Carlos Sarmiento Angulo y se enterara de que lo estaban defraudando o había corrupción. Martínez dice que informó a Sarmiento. Dos meses después, el controller Pizano aportó un nuevo informe con detalles de millonarios pagos injustificados en Consol, encargada de las obras en la concesionaria, y a sus directivos llegaron copias de lo que Pizano creía que pasaba a sus espaldas.

A su vez, Martínez, como asesor jurídico del Grupo Aval, recibió el encargo de redactar un contrato de transacción entre Odebrecht y Episol —filial de Corficolombiana—, entre otros aspectos para resolver las dudas de Pizano sobre los desembolsos a terceros, “innecesarios para el desarrollo y correcta ejecución del proyecto”. Ese pacto se firmó el 7 de abril de 2016, un mes después de la condena de Marcelo Odebrecht. Martínez dice que la multinacional se vio obligada a reintegrar a la concesionaria $33.000 millones de los contratos cuestionados. En el documento se lee que las partes renunciaron a cualquier acción o reclamación entre sí y que quedaron obligadas a guardar confidencialidad.

(Lea: Nueva grabación entre el fiscal general y Jorge Enrique Pizano)

Una especie de fórmula para no hacerse daño, pasar la página y seguir adelante con la obra. Ante esta circunstancia, Pizano concluyó que su blindaje era persistir en sus resúmenes ejecutivos. Con una novedad: el 4 de mayo, Martínez fue ternado por el presidente Juan Manuel Santos para regentar la Fiscalía. Aunque Santos patentó una convocatoria pública para proveer el cargo, alcanzaron a llegar 155 hojas de vida y hasta se habló de 15 finalistas, el país político y judicial tenía claro que Martínez iba a ser el fiscal. Dos meses después fue elegido por la Corte Suprema y se posesionó el 1º de agosto de 2016.

Escucha"Audio completo de la primera conversación conocida entre Pizano y el fiscal Martínez" en Spreaker.

Cuatro meses después estalló el escándalo, porque el 21 de diciembre la justicia estadounidense reveló que Odebrecht había incurrido en sobornos para ganar contratos en varios países de América Latina, entre ellos Colombia. El primer foco de atención fue la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht, Corficolombiana y la constructora Cass, de Carlos Solarte, que en 2009 había ganado la licitación. El 12 de enero de 2017 se supo del primer capturado: el exviceministro de transporte Gabriel García Morales.

En poco tiempo, García aceptó que había recibido US$6,5 millones para que, en calidad de viceministro y director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), garantizara la entrega de la obra a la concesionaria. De paso cayeron los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays, empresarios de Cartagena que facilitaron que, a través de su firma en Panamá, Lurion Trading, se giraran los dineros del soborno. Como los hechos habían ocurrido entre 2009 y 2010, la lupa de la justicia se orientó hacia el final de la era Uribe, pero la captura del excongresista Otto Bula, en enero, niveló las cargas.

Inicialmente, porque aseguró que había entregado un maletín con US$500.000 con destino al exgerente de la campaña de reelección de Santos en 2014, Roberto Prieto. Y después porque terminó negociando con la Fiscalía y admitió que había sido lobista de Odebrecht para que la concesionaria lograra la adición de un corredor vial entre Ocaña y Gamarra. El escándalo se incrementó porque la ministra de Educación, Gina Parody, y su pareja, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, no se declararon impedidas para aprobar documentos de esa obra, pese a que había favorecido intereses económicos de la familia Parody.

Fue en ese momento que, por primera vez, el fiscal Martínez se declaró impedido para intervenir en temas relacionados con Odebrecht. Lo hizo porque, como abogado, en septiembre de 2012 aportó un concepto de viabilidad para el corredor vial, desde la perspectiva de que no era necesario un nuevo contrato. Al final, en calidad de ministro de la Presidencia en el segundo gobierno Santos, cargo que ocupó entre 2014 y 2015, participó junto con las ministras en la aprobación del documento Conpes 3817 de octubre de 2014, que declaró de importancia estratégica el corredor vial Ocaña-Gamarra.

Con anterioridad, el abogado Martínez había intervenido en otro momento clave, para asesorar a la concesionaria en la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica para ajustar sus balances económicos debido al efecto de la reforma tributaria de ese año. El documento se firmó el 31 de diciembre de 2012. Martínez no lo firmó, lo hicieron el abogado Nicolás Devis y Javier Hernández como representante del Ministerio de Transporte. Este funcionario había sido exviceministro de Cecilia Álvarez y exvicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuando se concretó la adición Ocaña-Gamarra.

(En contexto: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)

Con estos antecedentes era claro que, en agosto de 2015, cuando el ingeniero Jorge Pizano grabó su conversación con Martínez, sabía que más que consultar a un amigo, conversaba con el abogado que conocía aspectos básicos de la Concesionaria Ruta del Sol II y les hablaba al oído a los ejecutivos del Grupo Aval. Ya en 2017, Martínez era el fiscal, y crecía la ola del escándalo Odebrecht con la apertura de procesos contra lobistas como Otto Bula, políticos como Bernardo Elías o Musa Besaile, funcionarios como Luis Fernando Andrade o Sebastián Correa, de la ANI.

La pregunta estaba centrada en saber qué iba a pasar con los directivos de Odebrecht y de la concesionaria. El punto de quiebre llegó en agosto de 2017, cuando fue capturado el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Aunque no aceptó los cargos, pesaba en su contra un antecedente: fue el principal destinatario de los informes que remitió el controller Pizano para advertir sobre las inconsistencias detectadas en desembolsos a contratistas. Según Martínez, solo en 2017 la Fiscalía confirmó que los hallazgos de Pizano eran pagos de coimas.

Estaba cantado que Pizano iba a ser testigo en el proceso contra José Elías Melo, pero ocurrió un hecho que cambió el panorama. En 2009, la Contraloría había formulado reparos a un contrato en Bogotá para construir un interconector que recogiera desechos del río Tunjuelo y llevarlos a una planta de tratamiento de aguas residuales. Se le llamó el interconector Tunjuelo-Canoas y el contrato fue suscrito entre Odebrecht y la Empresa de Acueducto de Bogotá, que entonces era gerenciada por Jorge Pizano. Esos hallazgos de la Contraloría derivaron en una investigación de la Fiscalía.

Aunque el proceso estaba abierto desde 2014, en el contexto del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, solo en 2017 se activó con fuerza. Primero, en marzo, para encausar contratistas que habían pagado sobornos, y luego en octubre, cuando la Fiscalía anunció cargos al exalcalde Samuel Moreno y habló de “coparticipación criminal” del exsenador Iván Moreno, de los empresarios Emilio Tapias y Manuel Sánchez, y del exgerente Jorge Pizano. Días antes, el procurador se había referido a Pizano como el hombre de Odebrecht, cuando había sido nombrado era por Corficolombiana.

Jorge Pizano entendió que estaba solo. No solo por los cargos por peculado, cohecho e interés indebido en celebración de contratos en la obra Tunjuelo-Canoas, sino porque en noviembre de 2017, la Concesionaria Ruta del Sol II lo cesó en sus funciones como controller. Entonces decidió desempolvar sus pruebas para defenderse contraatacando. Y el primer escenario fue el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a donde fue como testigo en la pelea de Odebrecht y Corficolombiana contra la ANI en busca de una indemnización económica por $750.000 millones.

Ahí expuso los reportes que como controller de la concesionaria había enviado a Corficolombiana, con los correos electrónicos y demás soportes documentales. Después lo hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y luego buscó a algunos periodistas que seguían el caso. Además contaba con las grabaciones de las conversaciones privadas con directivos del Grupo Aval y el propio abogado Martínez. Pero el pasado 8 de noviembre, Pizano falleció de infarto. Era cuestión de días que salieran a relucir sus ases.

Lo demás es el escándalo que hoy sacude al país, en medio de la revelación de los audios de las grabaciones que hizo para tener un seguro, pues murió convencido de que iba camino a convertirse en chivo expiatorio del caso Odebrecht, capítulo Colombia. El fiscal Martínez ha dicho que Pizano nunca estuvo vinculado a esas pesquisas, sino al expediente Tunjuelo-Canoas, y que apenas en 2017, y gracias a la Fiscalía, quedó claro que sus reportes fueron pruebas de pagos anómalos a contratistas. Cierto o no, los audios parecen demostrar que Pizano tenía la pista para neutralizar delitos.

Lo demás son las dudas que, según los expertos, siguen rondando: ¿por qué ninguno de los ejecutivos brasileños de Odebrecht responde por lo que hicieron en Colombia? ¿Por qué solo el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo comparece ante la justicia entre el grupo de directivos de la concesionaria? ¿Por qué las pesquisas de la justicia siguen sin ahondar en los contratistas que se beneficiaron de los desembolsos que detectó Pizano? Por ahora protagonizan las grabaciones que hizo el controller, convencido de que iban a causar revuelo.

Lo mismo que en 2016, la incógnita es la justicia estadounidense. Si en Brasil, Odebrecht causó un terremoto político que desde la operación Lava Jato volteó el curso político de la nación; si en Perú tumbó al presidente Pablo Kuczynski o en Ecuador al vicepresidente Jorge Glas, es claro que en Colombia el tema fue más allá de unos lobistas, unos políticos avivatos, unos funcionarios corruptos o unos contratistas beneficiarios de sobornos. Lo que queda en evidencia es que fue más grave, y que el fiscal Martínez sabía más de lo que dice haber sabido desde 2017, por lo que tiene más que un impedimento.