Ante la JEP
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La versión libre que entregó el Bloque Oriental de las Farc sobre el secuestro

Excomandantes y exguerrilleros del bloque Oriental de las Farc dieron su versión libre sobre las retenciones ilegales perpetradas por la antigua guerrilla. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz preguntó especialmente sobre la organización de estos planes, las líneas de mando y los casos puntuales, como el de los indigenistas estadounidenses.

Uno de los casos de secuestro por el que indagó la JEP es el de Luis Eladio Pérez, quien permaneció siete años en cautiverio. / AP

“Este delito no es responsabilidad exclusiva de las Farc”: alias Andrés París

Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París, nació en Barranquilla, aunque su familia se trasladó a Bogotá. Desde joven perteneció a la Juventud Comunista y dos de sus hermanos, miembros del M-19, fueron asesinados por la Policía. A los 29 años ingresó a las Farc, en las que se desempeñó como instructor político del Bloque Oriental y desarrolló cursos para formar política y militarmente a los guerrilleros. Impartió instrucciones acerca del manejo de fuego, explosivos, inteligencia de combate y guerra psicológica. También fungió como responsable de la comisión internacional de las Farc y fue miembro del equipo negociador en los diálogos del Caguán.

Carvajalino aseguró ante la JEP que los organismos que creó el Estado para combatir el secuestro se convirtieron en los principales secuestradores. “Por eso es injusto convertir este elemento como responsabilidad única y exclusiva de las insurgencias (…) El secuestro es un delito que se extiende a distintos actores (…) Este delito no es responsabilidad exclusiva de las Farc, que es lo que finalmente se vuelve como matriz, no opinión”, afirmó el exguerrillero en su versión a la Sala de Reconocimiento de Verdad. Carvajalino negó, además, haber ordenado secuestros, porque las comisiones en las que participó estaban dedicadas al relacionamiento político con gobiernos y países.

Ante la pregunta de si alguna vez vio o escuchó los relatos de las personas que estuvieron retenidas por el Bloque Oriental, Carvajalino respondió que los conoció a través de los informes de Caracol y de los programas del Ejército en la radio. “Si nos hubieran aceptado la ley del intercambio humanitario, todo este problema se hubiera acabado, pero eso era consubstancial a la confrontación. El Estado también habría que preguntarse porqué nunca se humanizó y accedió al intercambio humanitario. Era por razones tácticas y militares, y a la situación real de centenares de prisioneros de guerra colombianos”, sostuvo Carvajalino.

El exguerrillero reconoció que, en la época del Caguán, la esposa y varios amigos de Luis Eladio Pérez, político secuestrado por las Farc en 2001, se acercaron a él para abogar por su liberación, ya que Carvajalino y Pérez fueron vecinos y, por ende, se conocían. “Él era el rico de la cuadra mientras que nosotros éramos los comunistas de la cuadra, pero como vecinos siempre tuvimos una buena relación (…) Eso era muy difícil interferir lo personal para la libertad de él o de cualquiera. Yo me limité a explicar la política que tenían las Farc, que generaba esperanza de solución del problema de Luis Eladio Pérez”, narró Carvajalino.

Recordó que, durante su participación en las negociaciones del Caguán, intentó propagandear la concepción de las Farc y en medio de esas labores se molestó con la periodista Salud Hernández por una entrevista que le hizo a Simón Trinidad, exjefe de las Farc que fue extraditado a Estados Unidos por el secuestro de tres estadounidenses. “Yo le advertí mucho (a Simón Trinidad) que no la hiciera con Salud Hernández (…) la atendió y vio que no tenía botas pantaneras o que tenía una sola bota: la derecha (…) los compañeros le alcanzaron una izquierda y dijo ‘no, no, no, no, yo ni con las botas me meto con la izquierda. Tráigame una derecha’, y anduvo por todo el campamento con dos botas del pie derecho”, narró Carvajalino.

“El error más grave fue la política del secuestro”: alias Carlos Antonio Lozada

Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada, ingresó a los 17 años a las Farc tras participar en una protesta en la época del Estatuto de Seguridad. Fue guerrillero raso desde 1978 hasta 1982, cuando fue nombrado comandante de escuadra. Un año después llegó al Sumapaz, donde conoció a los máximos dirigentes de la guerrilla. A algunos ya los conocía, pues eran amigos de su papá, sindicalista del sur del Tolima. Entre 2000 y 2002, fue vocero de la delegación de paz de las Farc en la fallida mesa de negociación en la zona del Caguán y luego vocero en las negociaciones de La Habana, que culminaron en el Acuerdo de Paz de 2016. Fue integrante del Secretariado de las Farc-Ep desde el 2010.

El exjefe guerrillero aseguró ante la JEP que en 1984 el Secretariado de las Farc le ordenó crear una red urbana en Bogotá, después de que en la Séptima Conferencia se concluyera que el país había dejado de ser agrícola para ser industrial y que la capital era el centro del poder económico, político y social. La mitad de la fuerza de las Farc estaba dirigida a ese objetivo, para el que también propusieron vincularse a las fábricas, universidades y barrios a través de las Juntas de Acción Comunal. Julián Gallo comandó las redes urbanas desde 1984 hasta el 2000, aunque pocos conocían su identidad.

“A mí personalmente se me fue la vida organizando redes urbanas, porque siempre me las desbarataron (…) me mataron toda la dirección en la masacre de Mondoñedo (…) Me mataron a esos compañeros (…) fueron capaces de picar a los muchachos, incinerarlos y todo”, agregó Gallo en su versión sobre la masacre de Mondoñedo, ocurrida el 6 y el 7 de septiembre de 1996. En esta última fecha, los cuerpos de seis estudiantes de la Universidad Distrital fueron encontrados con tiros de gracia, atados, con señales de tortura e incinerados en terrenos de la hacienda El Fute, en la vía que une a Soacha y Mosquera. Un capitán y cinco suboficiales (r) de la Policía fueron condenados a 38 años de prisión por esto.

Julián Gallo reveló que las estructuras urbanas se reunían en las cafeterías y que varios de sus integrantes fueron sometidos a violaciones y torturas. “Algún día habrá que contar que de las redes urbanas casi no hubo presos, fueron muertos y todos del mismo modo que hicieron con los de Mondoñedo. Seis años antes de lo de Mondoñedo, en los 90, mataron la ilusión de votar y fue exactamente el mismo método: los capturaron y aparecieron picados entre un costal en la laguna del Mono”, añadió el exjefe guerrillero en su versión voluntaria ante la JEP.

Según Gallo, la Red Urbana Antonio Nariño hacía inteligencia para las operaciones militares a través de fuentes abiertas de información, como noticias de prensa, y con fuentes cerradas como seguimientos y labores encubiertas. La red contaba con la colaboración de funcionarios del Estado que les facilitaban información y miembros de la Fuerza Pública sobornados que participaron en las operaciones. Los milicianos que se dedicaban a labores de inteligencia se empleaban, como fachada, en roles como taxistas, obreros de construcción o electricistas. Pese a que se llegó a creer que la red urbana de las Farc en Bogotá era grande, Gallo le dijo a la JEP que, en su mejor momento, solo alcanzó a tener ochenta integrantes.

Pese a su conocimiento sobre cómo operaban las Farc en la ciudad, Gallo afirmó desconocer hechos concretos de secuestros en los que estuviera implicado directamente, aunque narró cómo se discutió el tema dentro de la guerrilla. De acuerdo con su versión, en 2011, Alfonso Cano, máximo comandante de las Farc en esa época, dijo en una reunión del Secretariado que era necesario analizar la continuidad de la práctica de los secuestros. “Todos los integrantes del Secretariado estuvimos de acuerdo en suspenderlo”, contó Gallo. Días después se expidió un comunicado que ordenó a todas las unidades de las Farc liberar a los retenidos que tuvieran en su poder.

“El error político más grave que cometió las Farc a lo largo de su historia fue esa política del secuestro. Pienso que nunca se supo dimensionar por parte de Farc el daño que le estaba haciendo, no solamente a las víctimas”, dijo Gallo. Y añadió que la banda delincuencial común de Los Calvos, dedicada a los secuestros, trabajó en coordinación con la Brigada 13 del Ejército y negoció secuestros con frentes de las Farc en Cundinamarca. “Nosotros nunca; la relación de la estructura urbana era riesgosa porque la delincuencia común se mueve en otro patrón, no es una estructura politizada con ideología, sino gente que se mueve por dinero”, concluyó el exjefe guerrillero.

La guerra, según Gallo, también quebró a su familia. Contó que tuvo que abandonar a su hijo a los dos años y a su hija de once meses porque las dinámicas de la guerrilla le imponían movilizarse. Luego, su hija sufrió un intento de secuestro y su hijo, quien hoy es médico, se exilió en Cuba. Sin embargo, la identidad de Gallo fue un misterio para las autoridades hasta que una persona cercana reveló el nombre real detrás de Carlos Antonio Lozada. Incluso narró que, después de pasar 16 años en la clandestinidad, cuando se fue de Bogotá, viajó por el aeropuerto con su cédula personal, sin ningún problema.

Lozada siempre se dedicó casi que exclusivamente a la actividad en Bogotá y también tuvo a su cargo la escuela Isaías Pardo, que en 2011 inició el primer curso para comandantes. Los altos mandos combatían y a la vez se educaban. El exjefe guerrillero y hoy congresista recordó que el 26 de mayo de 2016, por ejemplo, sus alumnos, una compañía de comandantes, fueron bombardeados y murieron 39 guerrilleros y 16 más resultaron heridos.

“No conocí a los indigenistas estadounidenses”: alias Javier Piloso

Ángelo Alberto Cáceres Mecón, alias Javier Piloso, ingresó a las Farc en 1996 por temor a que el Eln lo asesinara, pues luego de terminar su servicio militar como soldado en el Batallón de Infantería número 15 en Ocaña (Norte de Santander), los elenos lo acusaron de ser infiltrado en Arauca. Fue guerrillero de base entre 1996 y 2001, época en la que se encargó de tareas como la recolección de leña, la realización de exploraciones y la guardia.

Cáceres fue condenado por el secuestro y homicidio de los indigenistas estadounidenses Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Larry Gay Lahe, ocurrido en febrero de 1999, cuando se desplazaban en un vehículo entre Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca). Una semana después de su desaparición, los cuerpos sin vida de los indigenistas fueron encontrados en el sector venezolano conocido como Los Pájaros. Los cadáveres tenían señales de disparos de armas de fuego y las manos atadas.

Las preguntas del magistrado de la JEP se concentraron en este caso. “No lo hice y no los conocí”, dijo Cáceres en su versión libre ante la JEP. Según el exguerrillero, en las Farc existían dos alias de Javier Piloso, uno en el frente 45 y él, que pertenecía al décimo frente, y la justicia lo confundió con el otro subversivo y le atribuyó la responsabilidad del caso de los indigenistas. “Solamente porque me llamaba Javier Piloso, pero el otro verdadero Javier Piloso, que aún ni siquiera se tienen rastros de él, nunca ha sido llamado y nunca aparece un proceso”, añadió Cáceres.

“Son dos frentes pegados (45 y 10) que hacían y coordinaban operaciones conjuntas. Cuando llegaron los ambientalistas indigenistas a Cubará, quienes los retuvieron fueron los indios uwas y estos llamaron al jefe inmediato, que era Javier Piloso, del frente 45. Cuando se dio el operativo, él se los pasó a Gildardo, alias Marrano, encargado de las finanzas del frente Décimo. Estas versiones son porque las he recibido a través del informe y por mi vinculación procesal, porque de esto no sabía nada. Estoy diciendo la verdad y espero que me entiendan (…) esto ha sido un tormento toda la vida para mí”, narró Cáceres al magistrado del caso 001.

En contraste, la participación que sí reconoció Cáceres en la diligencia ante la JEP fue una voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la vereda La Pava. “Fui capturado el 6 de junio de 2001, ya lo pagué y ya está archivado por rebelión y terrorismo. Estando purgando esta condena fue cuando, por versiones y por falta de aclaración, me vincularon a este proceso. Eso fue en el año 2003, ya estaba retenido purgando una condena de rebelión y de terrorismo”, agregó Alberto Cáceres.

“Que paguen los jefes de las Farc”: alias Camilo

José Eli(t) García, alias Llanero, Camilo o Rafael Pinzón, ingresó al frente 26 en Uribe (Meta) en 1988. Dos años después fue trasladado a la guardia especial de Manuel Marulanda Vélez, fundador de las Farc, donde permaneció durante cinco años, y luego fue enviado a la zona del Sumapaz. En 2001 desertó de las filas de la guerrilla.

En su versión libre, García reconoció ante la JEP que participó en dos secuestros —por uno de ellos fue condenado—, explicó cómo se realizaban las retenciones ilegales de personas y reiteró que esta práctica se realizó para financiar la actividad de la guerrilla. Además, contó que custodió a varios secuestrados en el páramo de Sumapaz. Sin embargo, aseguró que pagó 16 años físicos de cárcel y que no quiere volver a prisión. “Que paguen los jefes de las Farc también, porque ellos eran los jefes de nosotros (…) sería bueno que también ellos respondan. Cada uno aporte el granito de arena en ese proceso de esclarecer los hechos”, sostuvo García.

“Fue una equivocación”: alias Gonzalo Porras

Rafael Antonio Vargas, alias Gonzalo Porras, llegó a los 17 años a las tropas de las Farc, después de que, según su versión, Víctor Carranza intimidara a su familia para que le vendiera la finca de la que dependía su sustento. A finales de los años 90 hizo parte de la columna Juan José Rondón, encargada de la guardia del Mono Jojoy, y después hizo parte del décimo frente con la misión de conformar la columna Alfonso Castellanos en Arauca. Sin embargo, en menos de seis meses, asumió la dirección del Frente 45 ante la muerte de unos mandos.

Vargas contó ante la JEP que participó en la retención de cuatro policías en Chiscas y en El Espino (Boyacá) en 1999, y que los guerrilleros no podían obligar a los retenidos a hacer sus labores de cocina y aseo en el campamento. Sin embargo, en una ocasión tuvo que relevar a un comandante por incumplir esta orden de no poner a los prisioneros a hacer sus labores. Vargas dijo no recordar retenciones de personas civiles, pero afirmó que sí se dieron acciones contra empresas de transporte que no pagaban.

La práctica de las retenciones “fue una equivocación que tuvimos las Farc”, concluyó Vargas.

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Redacción Investigación

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