Se reportaron 315 casos en 2018
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Las vidas que acabó el feminicidio

Hoy se cumplen cuatro años de la Ley Rosa Elvira Cely, que creó el tipo penal de feminicidio y endureció el castigo para quien mate a una mujer por el hecho de ser mujer. El panorama no es alentador, por lo menos 100 menores quedaron huérfanos el año pasado por culpa de este delito.

Sady Martínez Viloria no era la mayor de sus ocho hermanos, pero lo parecía. Ninguno tomaba una decisión sin consultársela y siempre logró reunirlos en cada municipio al que se mudó buscando mejores oportunidades laborales. Nació el 5 de diciembre de 1985 en Puerto Escondido (Córdoba), y años después, tras convertirse en mamá, probó suerte en Chigorodó (Antioquia) y Santa Sofía (Boyacá), donde su pareja la asesinó el pasado 2 de febrero. Darío Armel Salas Velandia la golpeó mientras dormía, le abrió el estómago, lo llenó de piedras y la arrojó a un pozo séptico creyendo que nadie la extrañaría. Su feminicidio es uno de los 71 ocurridos en el primer trimestre de este año, según cifras de la Fundación Feminicidios Colombia.

La noche en que murió, Sady Martínez se despidió con una sonrisa de su hermana Sandry, a quien crió desde los 10 años y con quien residía, junto con dos de sus hijas y su agresor, en una casa en la finca Isabela. Durante el día, había cocinado la comida de la fiesta de cumpleaños de uno de sus primos. Las hermanas Martínez Viloria lo querían animar, pues la madre del menor lo había abandonado días antes. Cantaron, rieron y lloraron. Una vez regresaron a la residencia, Darío Salas le rapó el celular y discutieron, esperó a que ella se durmiera y la atacó con sevicia. A la mañana siguiente, Sandry se levantó para ir a trabajar con su hermana a un invernadero de tomates. “¿Dónde está Sady?”, preguntó la mujer a Darío Salas.

(Vea: Datos de feminicidio de la Fiscalía no coinciden con los de organizaciones: Aída Avella)

El sujeto inventó haber salido muy temprano de la vivienda a buscar un bulto de papas y que al regresar Sady ya no estaba. Durante los dos años de relación, Darío Salas no le permitió muchos momentos a solas a su novia. La controlaba a diario y, de acuerdo con testigos, decía entre la gente del pueblo que si ella no era para él, no lo sería para nadie. “Por fin voy a salir sola, soy libre”, le comentó la víctima a una de sus hermanas la mañana del 2 de febrero, cuando ambas se encontraron para comprar la decoración y los ingredientes de la natilla que prepararon en el cumpleaños. Se sentía acosada y planeaba terminar su noviazgo.

La historia de Darío Salas no era convincente. La desaparición de Sady causó sorpresa entre cinco de los ocho hermanos Martínez Viloria que viven en Santa Sofía, pues ella les hubiese pedido al menos cuidar de sus hijas. Así que le solicitaron ayuda a la Policía y a Bomberos. Uno de los hermanos mayores recordó el caso de una mujer desmembrada por su expareja y arrojada a un cuerpo de agua en Urabá y, presintiendo que su hermana pudo haber tenido el mismo desenlace, pidió que bucearan en una represa cerca de su casa. Pero los rescatistas no encontraron ningún cadáver.

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Luego de tres días sin rastros de la mujer, dos de sus hermanos y el mismo Darío Salas acudieron a las autoridades en Moniquirá (Boyacá) para instaurar formalmente la denuncia de su desaparición y volvieron a Santa Sofía. Horas después Darío Salas regresó a Moniquirá y le confesó a un agente de Policía del municipio que él había matado a Sady Martínez y dio las coordenadas exactas del pozo séptico donde arrojó el cuerpo. “Él nunca se compadeció de nuestro dolor, estuvo en cada búsqueda sin inmutarse de lo que estábamos viviendo. Sady nos guiaba, era la líder de la familia. Ahora quedamos a la deriva”, le dijo a este diario Sandry, de 23 años y hermana de la víctima.

Pese a confesar los hechos, Darío Salas no aceptó ser culpable del delito de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía e insistió ante un juez que se trató de un homicidio “justificado por celos”. La representante de las víctimas y directora de la Fundación Feminicidios Colombia, Yamile Roncancio, afirmó a este diario que el delito sí es feminicidio, es decir, se cometió por su condición de mujer. “Los antecedentes denotan que había una relación de opresión por parte del hombre hacia la víctima y una verbalización del deseo de propiedad y posesión sobre su vida y cuerpo. Es un feminicidio porque esas verbalizaciones tienen su fundamento en esta idea de dominación, de que las mujeres somos propiedad de las parejas, que no decidimos cuándo terminar una relación y que no tenemos libertad de tener amigos”.

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De acuerdo con la abogada Roncancio, el actuar de Darío Salas reúne los requisitos que la ley estipula para que haya feminicidio: hubo relación de pareja, desaparición previa y se instrumentalizó el cuerpo. El 9 de agosto las partes se enfrentarán ante un juez en la audiencia preparatoria e iniciará el juicio en el que participarán 23 testigos y varios peritos. Mientras tanto, el agresor permanece en la cárcel de Moniquirá, a donde viajan los hermanos de Martínez Viloria para asistir a las diligencias judiciales.

Sady Martínez llegó el 15 de octubre de 2012 a Santa Sofía, tres años después validó el bachillerato y cursó programas de panadería y de belleza. Hace poco había emprendido su propio invernadero de tomates para poder comprarle una casa a su madre. “Mi mamá está destrozada. No supera esto, extraña la voz de su hija y pide hablar con ella. Un mes después de su asesinato, mi abuelo también murió”, agregó Sandry. Pero la historia de este feminicidio no solo conmocionó a la familia, sino que estremeció especialmente a Lili Hortúa Hortúa, quien conoció a Sady Martínez por intermedio de su hermana.

A 25 minutos de Santa Sofía, en Sutamarchán (Boyacá), Lili Hortúa se enteró de su muerte por un periódico popular que lo plasmó en la portada. Apenas leyó la noticia, rememoró que estuvo a punto de morir siendo víctima de un feminicidio. Su agresor, al igual que el de Martínez, fue su expareja, Édison Linares Rugeth, quien se negó a que ella terminara la relación. El 29 de diciembre de 2018, a la vista de decenas de transeúntes, el sujeto rompió la botella de cerveza que llevaba en su mano y apuntó a su cuello, directo a la yugular. “Si no eres para mí, no eres para nadie”, pronunció el victimario mientras cortaba su cuerpo y reía a carcajadas.

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Nadie se explica cómo la víctima de 22 años, de estatura baja y contextura delgada, logró ponerse de pie, apretar su cuello y correr hacia una iglesia, donde cayó desplomada y fue vista por un hombre que llamó a una ambulancia. “Él me agredió muchas veces cuando convivíamos y yo denuncié ante la Fiscalía y la Comisaría de Familia, pero ninguna institución me brindó la ayuda necesaria. Intenté separarme en distintas oportunidades, pero él me amenazó con matar a las niñas o a mi familia. Estaba sometida a lo que él quería, hasta que por fin huí con mis hijas. Cuando volví a verlo, entonces intentó matarme”, contó Hortúa a El Espectador.

Después de estar en coma durante 12 días, Hortúa empezó su recuperación física y emocional mientras avanzaba el proceso penal contra Édison Linares por tentativa de feminicidio. Desde la cárcel, el sujeto la llamó el día de su cumpleaños para felicitarla y decirle en tono de chiste que su agresión fue un accidente y que ella misma se había lesionado. “Ahí reaccioné aún más. Lo que me hizo se lo puedo hacer a mis hijas o a cualquier mujer, por eso decidí hablar y seguir adelante con las diligencias judiciales”, agregó Hortúa. Hace un par de semanas Linares fue condenado a 10 años de prisión.

Pero los casos de Sady Martínez y Lili Hortúa no son aislados. Yamile Roncancio asegura que la situación de feminicidios es alarmante y la califica como un asunto de salud pública. La primera dificultad que hay para hablar del tema es la poca confiabilidad de las cifras. Desde que se creó el delito de feminicidio, el 6 de julio de 2015 con la Ley Rosa Elvira Cely, las estadísticas no son claras. El Instituto Nacional de Medicina Legal solo calcula la cifra de homicidios de mujeres, sin especificar cuáles estuvieron motivados por su condición de género, y la Fiscalía habla solo de los casos de los que conoce. Varias organizaciones han advertido que incluso el ente investigador procesa equivocadamente muchos feminicidios como homicidios, y eso crea un subregistro.

Así, por ejemplo, mientras la Fiscalía dice que en 2018 se presentaron 214 feminicidios, la Fundación Feminicidios Colombia calcula que son 315. Según el conteo independiente de esta organización, la mayoría de las víctimas eran mujeres entre los 19 y 35 años y 100 menores quedaron huérfanos tras la comisión de este delito. La vivienda fue el lugar donde con frecuencia fueron asesinadas y sus parejas y exparejas fueron los principales victimarios. Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Bolívar y Cesar concentran la mayoría de los casos.

En lo que va corrido de 2019, el panorama tampoco es alentador. En el primer trimestre, la Fundación reportó 71 casos de feminicidios en 60 municipios y 48 intentos de feminicidio. Como consecuencia de estas muertes, 90 personas quedaron huérfanas y al menos el 43 % de ellas son menores. “Las niñas y niños hijos de víctimas de feminicidio se enfrentan a situaciones de crianza riesgosas para su desarrollo y el planteamiento de su proyecto de vida, puesto que no se observa un acompañamiento constante de la institucionalidad en el restablecimiento de sus derechos. La custodia de muchos de ellos es asignada a la familia del agresor, exponiéndose de esa manera a un indebido entendimiento de la situación”, explicó la organización.

Por el contrario, la Fiscalía dice que entre enero y marzo de 2019 unas 48 mujeres fueron asesinadas en el país en razón de su género, y esta cifra, según el ente acusador, representa una reducción frente al mismo período en 2018. Desde el Congreso, la senadora Aída Avella ha pedido explicaciones sobre esta incongruencia en las estadísticas sin que hasta ahora hayan sido aclaradas.

Luz Ángela Gómez Jutinico, investigadora de la Universidad Libre, afirma que otro de los obstáculos para aplicar la Ley Rosa Elvira Cely es la falta de capacitación a los funcionarios judiciales. “No emplean estándares internacionales que exigen aplicar la perspectiva de género en la atención de casos de violencia, para establecer así mecanismos que permitan comprender los contextos de discriminación de la mujer, eliminar juicios de valor condicionados por estereotipos y crear condiciones necesarias para que las mujeres puedan usar el sistema de administración de justicia”, concluyó la docente.

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2019-07-05T21:00:00-05:00

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2019-07-05T15:36:50-05:00

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Redacción Investigación

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