El más controvertido proceso de restitución de tierras, desde que se sancionó la ley en 2011, avanza silenciosamente en dos juzgados especializados de Sincelejo. Se trata de una demanda colectiva en la que campesinos de San Onofre (Sucre) piden que les sean devueltas más de 2.000 hectáreas que hoy están en manos del Grupo Argos. La decisión, que ya está en manos de los jueces, podría aclarar el capítulo de tierras adquiridas por parte de algunos empresarios en medio del conflicto, que ellos sostienen que fueron compras de buena fe. El asunto es tan delicado que el alegato ha llegado hasta el propio presidente de la República.
El Espectador tuvo acceso a testimonios de los reclamantes y de su contraparte, a documentos del proceso y a informes de seguridad de la región. El Grupo Argos, la más grande empresa de cementos del país, que cotiza en la bolsa de valores y que el año pasado reportó a sus accionistas ingresos por $8,9 billones, está afectado por una reclamación de más de 2.000 hectáreas en el área rural de San Onofre. Se enfrenta a 22 familias campesinas que argumentan larga tradición en la zona, sostienen que vendieron sus tierras obligadas por la guerra y que la empresa aprovechó su condición de desplazadas para comprar sus fincas.
Una región importante
En San Onofre se encuentran dos subregiones: el golfo de Morrosquillo, hoy ruta de narcotráfico, y los Montes de María, que siempre han sido particularmente apetecidos por los grupos armados ilegales. Son tierras muy productivas, históricamente dedicadas a la agricultura campesina, a la pesca artesanal y a la ganadería. Por allí pasa, además, el oleoducto Caño Limón-Coveñas. En los tiempos de la Colonia, esta región fue refugio de esclavos cimarrones que escapaban de las plantaciones y las minas de oro. En los años 30 y 40 se formaron ligas campesinas. En los 60 llegaron los colonos.
En los 70 aparecieron las guerrillas: primero fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, luego el Epl, y finalmente el Eln y las Farc. Desde entonces no hubo un día de paz en la región; a los secuestros y extorsiones de las guerrillas se sumó la llegada de los paramilitares en los 90. Las veredas Palmira y Pajonalito, donde están ubicadas las tierras en disputa, se convirtieron en un campo de batalla: allí, los unos y los otros asesinaron, pusieron minas, robaron animales, instalaron campamentos. Entre 1995 y 2003, más de 18.000 personas fueron desterradas de San Onofre. La barbarie, sin clemencia, se repartió por igual.
En esas épocas aciagas, la violencia se resumía en dos bandos: el del bloque Héroes de los Montes de María, liderado por alias Cadena, y el del frente 37 de las Farc, encabezado por alias Martín Caballero. Eran los tiempos del gobierno Uribe, que por el nivel de violencia que los azotaba, entre otras regiones escogió los Montes de María para implementar su Política Pública de Consolidación Territorial. El primer paso fue a través de la Fuerza Pública: en 2003 llegó el entonces coronel Rafael Colón, comandante de la Infantería de Marina, quien se convirtió en jefe militar de la región.
Los hoy reclamantes de tierras relatan que ese mismo año los marcaron dos hechos: en enero hubo un desplazamiento masivo por cuenta de enfrentamientos entre “paras” y guerrilla, y en febrero fue asesinado Atilano Escudero, familiar de varios de los reclamantes en Sincelejo. Meses después, el Gobierno creó el Centro de Coordinación de Acción Integral de los Montes de María para impulsar el desarrollo económico y social con participación del sector privado. Además, a través del documento Conpes 3237, se trazaron reglas para estimular la inversión privada en cultivos forestales. Para Argos, ese contexto fue la tarjeta de invitación que los llevó a la región.
La demanda
En agosto del año pasado los juzgados Segundo y Cuarto Especializados de Sincelejo admitieron dos demandas colectivas de restitución de tierras. El factor común de ambas solicitudes era el propietario de las tierras disputadas: el Grupo Argos. En los expedientes, de unas 150 páginas cada uno, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) argumentó que las 22 familias reclamantes habían abandonado sus fincas forzadas por la violencia y que de esa condición se benefició la empresa Reforestadora del Caribe, hoy Tekia, filial de Argos.
La Unidad de Tierras escogió el camino de las demandas colectivas al confirmar que los terrenos de las familias presuntamente despojadas cumplían el requisito de ser vecinos, que las familias estuvieron sometidas a un mismo contexto de violencia y que existen “pruebas comunes y conjuntas”. Según la Unidad, es un caso de despojo porque se cumplen dos condiciones trazadas por la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011): “concentración de la tierra en una sola persona o empresa”, la filial reforestadora de Argos, y porque después de la adquisición de los predios, la vocación de la tierra cambió.
Los testimonios de los reclamantes coinciden en que las primeras compras se hicieron en marzo de 2004, todas en la Notaría Quinta de Cartagena. El comprador, en nombre de Argos, fue el representante de la filial reforestadora, Valentín Vieira Fernández. El vendedor fue Teófilo Martínez Escudero, quien negoció su propia finca y después resultó siendo el apoderado en la mayoría de los otros negocios, pues los vendedores fueron sus hermanos. Martínez, sin embargo, hoy no hace parte del grupo de reclamantes: fue excluido por la Unidad de Tierras, que señaló que nunca salió de la zona y, por ende, no fue desplazado.
“Nosotros llevábamos 50 años en la zona. Denunciábamos a pesar de que exponíamos nuestras vidas, pero nunca nos pusieron atención. Yo tuve el valor de enfrentarme a la guerrilla y a los paramilitares. Debería ser no sólo restituido sino condecorado. Me declaro víctima del Gobierno y de la violencia. Argos me demandó penalmente y eso me ha causado mucho daño. Me señalan de ser intermediario y de bandido. Hoy tengo abandonadas las tierras por miedo a que me maten. Soy un hombre de 70 años. Esto me ha causado hasta un infarto”, dijo Teófilo Martínez Escudero a El Espectador.
Reportes de inteligencia de la Armada Nacional a los que tuvo acceso este diario coinciden con los testimonios de algunos reclamantes. Por ejemplo, se documentó que en 2002 las Auc montaron un campamento en la finca Los Cauchos, propiedad de Capitolino Martínez Escudero. A la Unidad de Tierras él le contó que, más que campamento, era un burdel de alias Cadena. Cinco años después, durante los cuales vivió el desplazamiento masivo de 2003 y lidió con el secuestro extorsivo de un hermano, Capitolino Martínez buscó a la reforestadora de Argos para vender.
En julio de 2005, un total de 594 hombres del bloque Héroes de Montes de María se desmovilizaron. Sin embargo, la situación de orden público, cuando Argos llevaba un año buscando y comprando tierras, continuaba siendo complicada. De eso da cuenta, por ejemplo, el acta de un consejo de seguridad que se realizó el 11 de agosto de 2005 en San Onofre. “Hoy hago un grito de auxilio, un llamado a la sensibilidad (...) para que no permitan que en este municipio azotado históricamente por el conflicto vuelvan a suceder hechos que afectan gravemente esta población”, dijo el entonces alcalde, Jorge Blanco Fuentes, a las autoridades civiles y la Fuerza Pública.
La versión de Argos
“Estábamos tan contentos con la compra de 2.000 hectáreas en San Onofre que decidimos comprar 6.600 en Carmen de Bolívar. Cuando empezaron a llegar reclamaciones por estas últimas compras, analizamos la situación y decidimos que si nos habíamos equivocado porque en la cadena de ventas hubo desplazamientos, entonces no nos íbamos a oponer. Pero el caso de San Onofre es totalmente distinto. Que estos señores nos vayan a robar la tierra, eso sí me hierve la sangre. Este sí, pues, perdónenme, es un atraco”. Así se refirió el presidente del Grupo Argos, José Alberto Vélez Cadavid, a la demanda de restitución que cursa en contra del grupo empresarial.
En entrevista con este diario, Vélez Cadavid explicó el proyecto de San Onofre desde sus inicios: “Por allá en 2004, como ya teníamos un núcleo forestal en Puerto Libertador (Córdoba) desde los años 80 y buscábamos compensar la huella ambiental de nuestra cementera, decidimos buscar tierras aptas para reforestar en teca. Nos fuimos al Vichada, pero vimos las dificultades de la tenencia de la tierra y la carencia de infraestructura. Salió el Conpes que estimulaba los programas de reforestación. A finales de 2004, los Montes de María habían tenido una importante recuperación por parte del Estado, entonces decidimos empezar a comprar tierras”.
“Llegamos a San Onofre de frente, no escondidos de nadie. A través de la gente del casco urbano, el de la tienda, el del almacén, el cura, empezamos a buscar las tierras. Así nos contactamos con Teófilo Martínez, un médico veterinario que había sido candidato a la Alcaldía; él fue quien nos ayudó a que nos vendieran la tierra. Al final compramos 2.000 hectáreas y en 2005 firmamos escrituras. Socializamos el proyecto de reforestación y tanto Teófilo como su hermano estuvieron presentes. Ellos nos vendieron la tierra que ellos mismos nos mostraron”, continuó el presidente de Argos.
“Ellos eran de estrato socioeconómico medio alto; no habían sido desplazados por la violencia. Por eso nos extrañó mucho su reclamación. Teófilo Martínez compró más tierras con lo que le pagamos por sus fincas para después vendérnoslas, y él pagaba por hectárea mucho menos que lo que pagábamos nosotros. Si ellos ganan las demandas, se van a quedar con una tierra que a nosotros nos costó $4.000 millones y en la que hemos invertido $20.000 millones. Este es un atraco que nos están haciendo, y no sólo a Argos: en ese proyecto participan Finagro, que es del Estado, y los fondos de pensiones. Es decir, la plata de los colombianos”, afirmó con vehemencia Vélez Cadavid.
Para los directivos de Argos, otra prueba fundamental a su favor son los argumentos de autoridad entre los que mencionan al hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes; el abogado coordinador de este caso, Ramiro Bejarano; el padre Rafael del Castillo, director de Programas de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, y el general (r) Rafael Colón, el entonces jefe militar de los Montes de María. “Colón certificó que para 2005 en la zona no había violencia”, resaltó el presidente de Argos.
En estos términos se desarrolla la pelea jurídica que protagonizan una familia de San Onofre reclamante de tierras y la cementera más grande del país. El pulso es por un cultivo de teca de 2.000 hectáreas, pero el trasfondo es el alcance de la Ley de Restitución de Tierras, con un primer caso que busca esclarecer la dinámica de tierras adquiridas por parte de empresarios en medio del conflicto armado. El caso está en manos de los jueces.
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El debate sobre la compensación ambiental
En medio del alegato judicial entre las 22 familias reclamantes y el Grupo Argos hay un cultivo de 2.000 hectáreas de Teca. El presidente de la compañía, José Alberto Vélez, sostiene que “el tema forestal fue asumido desde el punto de vista de la compensación ambiental” y agregó: “Si las emisiones de Co2 de las plantas cementeras de Argos se quisieran compensar con reforestación habría que sembrar el equivalente al departamento del Atlántico”. Sin embargo, la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste considera que las plantaciones de Teca no son la mejor manera de reforestar ni de compensar el medio ambiente por los daños que causa esta actividad. “La ley permite que las compensaciones se hagan con este tipo de especies, pero ecológicamente es una medida de corto plazo e incompleta, pues permite capturar carbono, pero consume fertilidad del suelo; no es la idea de compensación, pues no restituye el ecosistema. Pero puede servir como etapa de algo a más largo plazo, si se maneja con un plan apropiado”, explicó Baptiste.
