Los rollos judiciales del uribismo

La lista de procesos contra sus alfiles es larga y la mayoría de los casos han entrado en la etapa crucial de las decisiones de condena o absolución.

El regreso del expresidente Álvaro Uribe al Congreso, el pasado 20 de julio, no sólo tiene agitado el mundo de la política, sino también el de la justicia. Aunque está claro que su nuevo juez natural como senador es la Corte Suprema, únicamente por hechos que puedan darse desde el día de su posesión como legislador, salta a la vista que sus principales contradictores buscarán que el Poder Judicial pueda rastrear hechos que enloden su pasado o su presente, así como el del círculo de funcionarios o dirigentes que lo acompañaron o aún lo respaldan.

La primera señal la dio el senador del Polo Iván Cepeda, quien anunció su intención de hacerle un debate en el Congreso a Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, dejando ver que no sólo se trata de sus recurrentes denuncias contra el exmandatario, sino que posee nuevas pruebas no evaluadas por la justicia. La evidencia fue una grabación del jefe paramilitar, alias Ernesto Báez, en la que sostiene que su presencia en el Congreso en 2004 obedeció a una instrucción de Uribe a través de su comisionado Luis Carlos Restrepo. (vea: la cúpula del uribismo ante la justicia)

A pesar de que el nuevo presidente del Senado, José David Name, dejó en claro que por ahora este debate no se dará, e incluso otros legisladores argumentaron que un congresista no le puede hacer debates de control político a otro, no cabe duda de que el tema de Uribe, el uribismo y la justicia estará presente en las próximas discusiones. Por lo demás, los opositores de Uribe saben que en la Comisión de Acusación hay cuentas pendientes contra el expresidente y que la Fiscalía tendría competencia por hechos antes de su mandato.

El Espectador indagó los casos vigentes contra Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara y constató que, entre casi 200 quejas, sobreviven nueve expedientes, todos ellos con dos características semejantes: el estado de los procesos en etapa preliminar y los supuestos delitos por establecer. El proceso más antiguo data de mayo de 2011 y se trata de la denuncia interpuesta por una víctima de desplazamiento forzado. Aunque el caso tiene representante investigador asignado por reparto, no hay avances significativos en la pesquisa.

Seis de los ocho procesos restantes también tienen un elemento común: se trata de denuncias por supuestos vínculos del senador Uribe con el paramilitarismo. En algunos casos los señalamientos incluyen supuestos actos de corrupción. En un expediente se busca que se investigue la promoción de Uribe a las cooperativas de seguridad rural o Convivir; en otro se habla de peticiones para esclarecer supuestos actos ilícitos y conexión con narcotráfico. Una de las denuncias incluye también al actual presidente Juan Manuel Santos.

Al margen de los procesos por el tema paramilitar, subsiste una denuncia interpuesta por el senador Iván Cepeda, por presuntas irregularidades en inversiones realizadas en proyectos de adecuación de tierras en el departamento de Córdoba. De alguna manera, estas acusaciones tienen que ver con el contenido de su libro En las sendas de El Ubérrimo, de reciente publicación, en el cual Cepeda sostiene que el expresidente utilizó recursos de la nación para construir canales de drenaje y beneficiar sus predios en el citado departamento.

Hasta ahí lo que existe en la Comisión de Acusación contra Uribe. Otro asunto es lo que pueda generarse en la Fiscalía por hechos ocurridos antes o después de que ejerciera la Presidencia de Colombia, hasta el 20 de julio que asumió como senador. Un escenario en el que Uribe ya ha definido una postura como integrante de su movimiento político Centro Democrático, con antecedentes en la campaña política por la Presidencia 2014-2018. Cabe recordar que el propio Uribe cuestionó la neutralidad del fiscal Eduardo Montealegre.

Cuando la Fiscalía lo conminó a que presentara las pruebas de sus denuncias de una supuesta financiación ilegal de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, Uribe sostuvo que Santos le había pedido al fiscal Montealegre que lo obligara a asistir al ente investigador y que prefería entregar sus pruebas a la Procuraduría por ausencia de garantías. Posteriormente, el Centro Democrático anunció su disposición a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar supuesta persecución política de la Fiscalía.

Todo este rifirrafe obedeció al escándalo desatado alrededor de la captura del hacker Andrés Sepúlveda, sindicado de los delitos de espionaje, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos. Cabe recordar que Sepúlveda trabajaba para la campaña electoral de Óscar Iván Zuluaga y se ha dicho que sus acciones tenían como objetivo sabotear el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana. Esta semana Andrés Sepúlveda fue trasladado al búnker de la Fiscalía.

Aunque en su momento la captura de Andrés Sepúlveda, en el contexto del escándalo de la sala de interceptaciones o la fachada Andrómeda, presagiaba graves revelaciones sobre espionaje al proceso de paz, hoy apunta a ser un caso menor relacionado con sus excesos como hacker. En medio de la campaña política anunciaba un terremoto judicial de insospechados efectos, eventualmente relacionado con la filtración de unas coordenadas que Uribe hizo en abril de 2013. No obstante, quedó en el aire saber si alguien estaba chuzando.

En cambio lo que se puso de moda fue la suerte judicial de los alfiles de Uribe. Primero, porque también producto de la enconada campaña presidencial volvió a salir a flote la suerte de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá en el año 2010. Casi cuatro años pasaron sin que regresara a los titulares de prensa su presencia en el vecino país, pero a solicitud del gobierno Santos, la Fiscalía revivió su interés para que la exfuncionaria sea extraditada a Colombia, donde le esperan múltiples cargos penales.

El caso hoy está en suspenso por dilemas jurídicos, aunque legalmente el asilo concedido a María del Pilar Hurtado ya no tiene validez ni su pasaporte le sirve para moverse por el mundo. El pasado viernes, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que no sabe del paradero de la exdirectora del DAS. Lo cierto es que desde su asilo en 2010, es este el momento de mayor interés de la justicia de que sea regresada a Colombia para que responda por los delitos de concierto para delinquir, peculado y violación ilícita de comunicaciones.

Una situación no muy distinta a la que empezó a vivirse cuando se supo que la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años de prisión al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Cuando el alto tribunal formalizó su sentencia, ya el exministro había salido de Colombia. Se sabe que lo hizo desde el 13 de junio y que fue visto por última vez en Miami haciendo trámites en el consulado de Colombia. Hoy nada se sabe de su suerte y se rumora que podría estar tramitando un asilo en Estados Unidos.

“Nos duele profundamente la injusta condena al exministro Andrés Felipe Arias, antecedida y rodeada de una serie de elementos que configuran una clara persecución política, de la cual es víctima”, fue el comentario del hoy senador Uribe. En contraste, desde el presidente Santos hasta algunos de sus opositores, han conminado a Arias a que se presente ante la justicia y responda por la condena en su contra. Hoy tiene la condición de prófugo y son múltiples las voces que piden que la Interpol expida una circular roja para capturarlo.

El tercero en la cuenta es el excomisionado de paz de la era Uribe, Luis Carlos Restrepo. La última citación de la Fiscalía para que comparezca por los presuntos delitos de prevaricato, peculado, fraude procesal y tráfico y porte de armas, se hizo en enero de 2012. Pero no se presentó y se rumora que también está en Estados Unidos. Su proceso tiene que ver con la falsa desmovilización de 62 guerrilleros del frente Cacique la Gaitana en marzo de 2006. A falta de presencia ante la justicia, Restrepo suele enviar comunicados de vez en cuando.

Su último reporte se dio esta misma semana, cuando desde la clandestinidad envió una comunicación para defender al senador Uribe de las acusaciones que ya le hizo el también senador Iván Cepeda. Restrepo aseguró que se trata de una mentira más del jefe paramilitar Ernesto Báez, quien ya ha sido cuestionado en otros procesos por sus ambiguas declaraciones. De cualquier modo, en el contexto político y judicial de la actualidad, el caso Restrepo es otro más en el que un alfil del uribismo huye y el expresidente Uribe dice que es persecución.

Todo lo anterior sin que se tenga en cuenta que un sinnúmero de casos judiciales ocurridos en la era presidencial de Uribe, también están llegando a su momento crucial. El escándalo de la yidispolítica en el capítulo Sabas Pretelt-Diego Palacio; el episodio de los promotores del malogrado referendo del tercer mandato, Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo; la hora de la verdad en el caso de la Dirección de Estupefacientes; o las decisiones del lío de las ‘chuzadas’ respecto al exsecretario de la Casa de Nariño Bernardo Moreno.

Se dice que la Corte Suprema no ha bajado la guardia en el tema de la parapolítica y que podrían entrar a la lista nuevos dirigentes políticos, algunos de ellos afines de ayer u hoy al expresidente Uribe. También se rumora que la justicia les da las últimas puntadas a las decisiones que tiene que tomar respecto a la responsabilidad o inocencia de Santiago Uribe Vélez —hermano del senador Uribe— en varias denuncias en su contra. En síntesis, coincidencia o no, lo rollos judiciales del uribismo están de regreso, lo mismo que Uribe, a los estrados de la política.

Nueva generación del Centro Democrático

En las elecciones de marzo pasado, el Centro Democrático se consolidó como la segunda fuerza política del país. Resultaron electos 20 senadores que desde el domingo pasado se convirtieron en los nuevos escuderos políticos del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Entre los más destacados parlamentarios están la exministra de Comunicaciones María del Rosario Guerra, la exgerente de las Empresas Municipales de Cali Susana Correa, la exdirectora y copropietaria del diario El Colombiano de Medellín Ana Mercedes Gómez y Paloma Valencia, una reconocida experta en análisis político.

Otras figuras del Centro Democrático son los congresistas Alfredo Rangel, Iván Duque Márquez, Fernando Araújo, Alfredo Ramos Maya, Ernesto Macías Tovar y Thania Vega. Esta semana, cuando empezaron los cuestionamientos en el recinto del Senado contra el parlamentario Uribe, al unísono los parlamentarios cerraron filas y defendieron las actuaciones del exmandatario.

Los debates de la oposición en el Congreso

Los legisladores del Centro Democrático ya tienen claro lo que será su labor en el Congreso. Entre sus directrices están verficar simultáneamente los proyectos que presente Santos en temas como reformas a la justicia, política, electoral, a la salud y la reglamentación de los acuerdos de La Habana.

Sin embargo, la mayor confrontación será el proceso de paz, una prioridad que tendrá como desarrollo un debate de control político. Por eso, en condición de funcionarios que representan al Gobierno en La Habana, serán citados al Congreso los negociadores Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo.

Otros temas serán las Fuerzas Militares y el trámite del fuero. Al respecto ya tienen un borrador de proyecto y la idea es respaldar a la institución castrense. Pero sin duda la preparación mayor será el debate anunciado esta semana por la bancada sobre farcpolítica que los congresistas de esa colectividad vienen preparando hace varios días. 

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@norbeyquevedo