¿La nueva víctima de la guerra verde?

De cómo asesinaron a un hombre clave en el registro de negocios y tierras relacionadas con el extinto “zar” de las esmeraldas Víctor Carranza.

El abogado Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez fue asesinado en inmediaciones del municipio de Acacías. / Archivo

El miércoles de la semana pasada, y sin el posterior despliegue mediático, ocurrió un asesinato en el municipio de Acacías (Meta). Sicarios interceptaron el vehículo en el que se transportaba el abogado Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez y con sevicia lo ultimaron. Este podría ser uno de los cerca de ochenta casos que se han registrado en el Meta durante 2013, de no ser porque tiene una particularidad: la víctima fue clave en el registro de predios del fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.

No era la primera vez que pistoleros atentaban contra Gutiérrez Rodríguez. El pasado jueves 10 de octubre había sobrevivido a otro ataque de sicarios. Ese día, cuando pasaba en su vehículo por la Colonia Penal de Oriente, en las afueras de Acacias, un motociclista le disparó. En la acción falleció el abogado y expersonero del municipio de Uribe Ricardo Rodríguez Cajamarca y Gutiérrez Rodríguez salió ileso.

Sobre las dos acciones sicariales ejecutadas en la vía que de Villavicencio conduce a Acacías, el coronel Fabio Hernán López Cruz, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, relató algunos detalles y explicó que ambos casos se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía Seccional del departamento del Meta.

Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez tenía arraigo en el Llano. Estudió en el colegio Caldas de la capital del Meta, viajó a Bogotá a estudiar derecho en la Universidad de la Sabana y retornó a Villavicencio, entre otros asuntos, para posesionarse en 2005 como registrador de instrumentos públicos del municipio de Puerto López. Una actividad que alternaba como docente universitario y que reforzó en abril de 2011, cuando pasó a ocupar el mismo cargo registral en Acacías.

Estos dos últimos trabajos, aunque a la luz pública no parecían de alto rango, se convirtieron en claves por la pelea entre colonos, paramilitares y exparamilitares, empresarios, narcotraficantes, guerrilleros y exguerrilleros por las valiosas y deseadas tierras de la altillanura. En su función como registrador de Puerto López, Gutiérrez Rodríguez incorporó a los registros oficiales miles de hectáreas de tierras en ese municipio, en Puerto Gaitán y Cabuyaro. Una función que luego ejecutó en Acacías, Castilla La Nueva, Cubarral, El Dorado y Guamal.

Y fueron justamente los trámites notariales de dos joyas de la corona en la industria agropecuaria del Meta en donde han sido mencionados Víctor Carranza y varios de sus familiares por vínculos comerciales. Las haciendas El Brasil y El Porvenir, ubicadas en el municipio de Puerto Gaitán, con una particularidad: los cuestionados procesos de englobe de terrenos se efectuaron en el año 2007, cuando el recientemente asesinado Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez era el registrador de instrumentos públicos competente.

En el caso de la hacienda El Brasil, como lo documentó Verdad Abierta, queda en la vereda La Cristalina de Puerto Gaitán. Fue una extensa hacienda, dividida en 16 parcelas y adjudicada entre los años 80 y 90. Luego acogió a los paramilitares que cometieron la masacre en Mapiripán en julio de 1997. Fue desde entonces base del grupo paramilitar los Carranceros. Los predios fueron englobados en 2007 por la empresa Agualinda, representada legalmente por María Blanca Carranza, esposa del extinto Víctor Carranza. Un predio que en ese mismo año terminó en manos de la empresa Agropecuaria Aliar, sin antecedentes judiciales. Allí funciona hoy la próspera industria agropecuaria La Fazenda.

En cuanto a la hacienda El Porvenir, se trata de un predio de 25 mil hectáreas ubicado a orillas del río Meta en jurisdicción de Puerto Gaitán. Desde hace más de 60 años los campesinos se dedicaban al levante de ganado, pero en 1986 llegó el grupo armado los Masetos, proveniente del occidente de Boyacá. Desde ese momento, según relataron los residentes de la zona y como lo denunció el Cinep, aparecieron Víctor Carranza y sus hombres y se desató una ola de violencia.

Los testimonios dan cuenta de que en 1987 fueron asesinadas en El Porvenir siete personas y el sector se volvió centro de operaciones de los Carranceros. No obstante, el terreno fue baldío hasta 1992, cuando el Incora les entregó 25 títulos de mil hectáreas a repentinos colonos. Una revisión de los títulos del Incoder, que reemplazó al Incora, encontró que todos provenían de Boyacá e incluso uno de ellos fue escolta de Víctor Carranza hasta 2009.

Tanto en el caso del predio El Brasil como en el de El Porvenir, la gestión del asesinado registrador Gutiérrez fue vital. Según las investigaciones, registró los predios, permitió la acumulación de terrenos y los habría entregado a personas que la justicia indaga. Por eso, la propia Superintendencia de Notariado y Registro, el Incoder y la Fiscalía lo investigaban. Al igual que a la notaria Gloria Emma Camacho Romero.

El abogado Jairo Alfonso Gutiérrez fue sepultado en Villavicencio. Dejó a sus dos hijos y su esposa. En su tierra natal hay preocupación por lo que está pasando y todos se preguntan qué tuvieron que ver sus relaciones con el zar Víctor Carranza y la guerra verde que se recrudeció en los últimos días.

La última semana del conflicto esmeraldero

 

En los últimos siete días el recrudecimiento de la guerra entre esmeralderos obligó al gobierno a designar a los ministros del Interior, Minas y Defensa para superar la crisis. Esta semana, en compañía de los empresarios y la Iglesia, con monseñor Héctor Gutiérrez, llegaron a acuerdos. A las reuniones las antecedió el atentado del que fue víctima el empresario de las esmeraldas Pedro Rincón, conocido como Pedro Orejas, considerado como el nuevo zar de las esmeraldas y señalado de efectuar oscuras alianzas a fin de apoderarse del negocio. Por ello, a instancias de la Fiscalía fue detenido por concierto para delinquir y tráfico de armas. Entre tanto, los herederos de Víctor Carranza sostienen una puja por su millonaria herencia. La otra familia metida en el negocio, los Molina, en asocio con una compañía de Estados Unidos explota las minas de Carranza. El conflicto se da porque aparentemente en las minas hay invasión a través de túneles.

 

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