Como no había sucedido durante los últimos años, esta semana la operación aérea en el país estuvo a punto de colapsar. Hubo cierres en trece aeropuertos. Un hecho que generó protestas en varias terminales e incluso muchos pasajeros indignados estuvieron a punto de causar actos violentos. Ante la situación, de inmediato salió la Aeronáutica Civil a reconocer la crisis, anunció medidas y pronosticó que esta puede durar hasta comienzos del año entrante. Sin embargo, varias auditorías dejaron en evidencia que más allá de los asuntos climáticos o de congestión, las pistas del aeropuerto internacional El Dorado, el principal del país, tienen deficiencias que pueden afectar la seguridad aérea.
Las causas de la crisis son diversas: la fuerte ola invernal que afecta al país por estos días y que genera una densa niebla que dificulta la visibilidad; el inicio de las vacaciones de fin de año con dos puentes seguidos, que congestionaron la operación aérea; el crecimiento exponencial del negocio de la aviación, que aún no tiene infraestructura nueva para responder; una situación que generó la emergencia superada de un avión de Avianca y otro de la aerolínea Viva Colombia; el incidente de un avión de carga de la empresa Aer Caribe al que se le estalló una llanta y que obligó al cierre de una de las pistas del aeropuerto El Dorado, el miércoles en la noche durante varias horas.
Hechos que pusieron en evidencia la capacidad técnica y operativa de El Dorado y que según Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil, hacen necesario desconcentrar la operación de Bogotá. Por eso, sugirió a los pasajeros buscar otros aeropuertos para efectuar sus viajes. Sin embargo, pese a que a partir del año 2022 se inicia la operación de la primera pista en El Dorado II, ubicado entre Madrid y Facatativá y que movilizará cerca de 35 millones de pasajeros al año, o que en el 2041 se construirá una pista adicional para 4,5 millones de pasajeros, más del 50 % de la operación aérea está recargada a Bogotá y lo que inquieta es que sus dos pistas, entregadas en concesión desde hace varios años a un consorcio, tienen líos.
Y es que mientras los pasajeros protestaban por las fallas en el servicio, Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, recibía de la Contraloría General de la República un informe de 40 páginas que evidencia y cuestiona mediante diversas observaciones el estado de las pistas norte y sur del aeropuerto El Dorado, por donde transita la mayor parte del tráfico aéreo nacional, de vuelos extranjeros y de los aviones de carga.
En concreto, señala el documento, frente a la pista norte 13L con el concesionario Codad, que se habían acordado unas obras adicionales como calles de rodaje con una adición cercana a los $160 mil millones, pero se registra un retraso superior al 30 %. Señala el organismo fiscal que el Estado colombiano estaría pagando al concesionario un valor superior en suma determinada en más de $3.000 millones.
En cuanto a la parte física de la obra, se encontraron fallas en las labores de mantenimiento de los pavimentos, ya que tienen huecos y agrietamientos. Con respecto a la seguridad de la pista, hay obstáculos para la visibilidad por falta de mantenimiento a las zonas verdes y escombros. Frente a la pista y un factor esencial para las operaciones nocturnas como el manejo de las luces, encontró la comisión investigadora que hizo trabajo de campo los días 25 y 30 de septiembre pasados que varias luces de la pista identificadas como B03-2 y B03-3 se encontraban con baja visibilidad y otra de ellas, con el número B03-12, se encontraba dañada, al igual que el eje de pista, que no tenía iluminación.
Fallas detectadas que ya habían sido advertidas en visitas anteriores y que se comprobó que el concesionario Codad no tomó correctivos. A este factor se suma que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad responsable de la supervisión de las obras, teniendo informes y documentos de la interventoría a las pistas, no ha impuesto ninguna multa al concesionario, la empresa de origen español Codad.
El reporte fiscal también señala que otra obra vital para el adecuado funcionamiento de las pistas: la pavimentación en la vía de acceso al aeropuerto militar de Catam, tampoco se hizo y que los informes de la interventoría 44 y otro efectuado en agosto pasado dan cuenta de que podría existir un detrimento para el Estado, como quiera que los gastos de mantenimiento que no realizó el concesionario de acuerdo con su propuesta inicial ascienden a una suma de US$300.000 al cambio de 1994.
Pero quizás el lío que mas inquieta a los investigadores fiscales es que el Estado colombiano le ganó un laudo arbitral a Codad en el año 2006. Mediante este obligó a Codad a efectuar tres repavimentaciones a la pista de El Dorado en los años, 2002, 2008 y 2016, pero no se hicieron en las fechas acordadas y por eso se considera que se podría configurar detrimento al Estado producto de los incumplimientos. A ello se suma la compra de equipos que aún no han sido soportados, fallas en el manejo ambiental y en la señalización provisional de las obras en ejecución.
En cuanto a la pista sur 13R, conocida como la segunda pista del aeropuerto El Dorado, los hallazgos fiscales no son menos inquietantes para la operación aérea. “Deficiencias en el pavimento, tales como desprendimiento de agregados en sectores donde se ha realizado microfresado, fisuras longitudinales y transversales, ahuellamiento, ondulaciones, rodadura y en algunos sectores lama por depósito de agua, lo que demuestra que el concesionario no realizó la repavimentación establecida en el contrato”, señala el documento de la Contraloría.
A estas fallas le adiciona que en cuanto a la pista sur, la ANI no ha impuesto las multas correspondientes a Codad, que no ejecutó una repavimentación cuyo valor asciende a US$3,8 millones, lo cual, según la auditoría fiscal, genera riesgo en la seguridad aeroportuaria. Señala la entidad que preocupa que luego de tres años de requerimientos a la ANI, aún no ha suministrado los documentos para profundizar en la auditoría. Al respecto, El Espectador conoció que la entidad ya entregó una respuesta al organismo de control, que la está evaluando para tomar determinaciones.
A los posibles hallazgos fiscales se suman una serie de informes del consorcio interventor conocidos por este diario, que dan cuenta de las fallas en la ejecución del contrato entre el concesionario Codad y la ANI, así como en la ejecución de las obras. Por ejemplo, un informe del pasado 30 de agosto que señala que el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la solicitud de declaratoria de incumplimiento de contrato, actuación que le corresponde decidir a la Agencia Nacional de Infraestructura.
El Gobierno ejecuta actualmente un programa de modernización de 16 grandes aeropuertos con inversiones cercanas a los $3 billones. La idea es pasar de atender a 35 millones de pasajeros en 2015 a 54 millones en 2025. Sin embargo, el país aún está lejos de tener aeropuertos del nivel de aquellos que con estaciones climáticas funcionan frente a todas las contingencias del clima, porque poco se consideraron. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, y el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, piden paciencia y han creado un plan de contingencia. Las empresas de aviación, por su parte, tratan de solucionar el lío con algunos cambios y ofertas de servicio. Codad, el concesionario de las pistas de El Dorado, rinde explicaciones. Los usuarios están a la expectativa de soluciones a la crisis aérea, que los tiene esperando más de lo debido en los aeropuertos.
Las compensaciones para los usuarios
Mediante la Resolución 1375 de 2015, la Aeronáutica Civil reconoció las compensaciones a las que tienen derecho los pasajeros a quienes las aerolíneas les incumplen. La norma establece que si el vuelo se demora entre una y tres horas, el pasajero debe recibir un refrigerio y tiene derecho a comunicación telefónica no mayor a tres minutos. Si la demora es de entre tres y cinco horas, el usuario tiene derecho, además de refrigerio y comunicación, a desayuno, almuerzo o cena, según la hora. Si el vuelo se retrasa en salir más de cinco horas, la resolución ordena entregarle al pasajero tiquetes, bonos, millas o el 30 % del valor del trayecto, hospedaje y gastos de traslado, según el caso. Si el vuelo se cancela la norma obliga a reintegro del precio del pasaje, refrigerio, comunicación telefónica, hospedaje y gastos de traslado. Cuando el vuelo está sobrevendido la aerolínea debe asegurar que el pasajero sea transportado sin costo adicional. Si el vuelo se interrumpe hay devolución del precio del tramo no cubierto.